“Con la declaración de inadmisibilidad entiendo que la sentencia queda firme y las empresas deberán cumplirla. La defensa podrá hacer las presentaciones que quiera ante la Corte Suprema, pero el fallo ya fue remitido a la Cámara para su aplicación, entendiendo que se cumplió con todo el control judicial”, afirmó una fuente vinculada con la investigación. El tribunal también está compuesto por los magistrados Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Luis María Cabral, quienes también consideraron que el caso era ajeno a la competencia de la Casación y ratificaron las sanciones pecuniarias impuestas.

La palabra clave es cartelización, es decir, la acción de haber “pactado acuerdos para mantener precios elevados a través de la concertación de cuotas”. Así había quedado caratulada la causa en 2005, cuando el ex ministro de Economía Roberto Lavagna acusó de este delito a las firmas más importantes del sector y a la asociación que las agrupa. En la denuncia también intervino la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), manejada en aquella época por José Sbatella, hoy a cargo de la Unidad de Información Financiera.

El delito denunciado se había cometido sistemáticamente entre 1981 y 1999. Una de las pruebas que utilizó la CNDC para argumentar la acusación fue un libro (que nunca llegó a publicarse) escrito por Luis Jorge Capurro, representante de Loma Negra en el “Club de negociaciones de las firmas cementeras”. Ese texto sirvió como base para la investigación y multa por casi 300 millones de pesos.

“Hasta la época de la guerra de Malvinas la comisión directiva de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland manejó de manera muy reservada el reparto del mercado entre las empresas, pero la situación por la que atravesaba el país era muy preocupante y había que agudizar al máximo el ingenio. La solución fue comercial. Se estableció que los gerentes de ventas se reunieran en forma periódica para poder tomar soluciones concertadas rápidas también en cuanto a los precios. De esta manera quedó conformada la Mesa de Acuerdos, lo que aún es llamado en forma íntima el Club o Clubcito, dado su escaso número de integrantes. Todo se arreglaba en ese Club, y luego se coronaba el encuentro con un importante almuerzo o cena, bien regado, por supuesto”, escribió Capurro.

Según se desprende del libro citado, en la distribución de las cuotas de mercado, a Loma Negra le tocó el 48,38 por ciento, seguida por Cementos San Martín (12,34), Corcemar (14,64), Juan Minetti (10,62), Cemento Avellaneda (10,98) y el resto entre dos firmas pequeñas, Petroquímica y Sandrín.

La aplicación de la multa fue apelada por el conjunto de empresas bajo sospecha. La Cámara en lo Penal Económico resolvió a favor del Estado. Sin embargo, las empresas continuaron en su puja legal y recurrieron a la Cámara de Casación Penal. El año pasado, las compañías obtuvieron un fallo favorable por parte de la Sala IV de dicho tribunal. La jugada del Estado fue presentarse ante la sala y cuestionar al tribunal por no haberlo informado correctamente del fallo. Ante esta nueva apelación del Ministerio de Economía, Casación Penal –ahora con una nueva conformación– invalidó un fallo de la misma sala y ratificó la multa original del fuero Penal Económico, y declaró inadmisible la presentación de las cementeras.

Las sanciones fueron de 138,7 millones de pesos (Loma Negra), 100,1 millones (Juan Minetti), 34,6 millones (Cementos Avellaneda), 28,5 millones (Cemento San Martín), 6 millones (Petroquímica Comodoro Rivadavia) y 529.289 pesos (Asociación Fabricantes de Cemento Portland).

Pagina/12 - 23 de junio del 2012