El complejo problema de la inflación
Resulta obvio, por tanto, que su análisis y corrección constituyan aspectos esenciales en la diagramación e implementación de la política económica. Pese a ello, hasta la fecha, los especialistas en economía no han logrado coincidir en una definición aceptable de ella, razón por la cual se ha optado solamente por describirla de la siguiente manera: “…se verifica cuando existe un crecimiento generalizado y autosostenido en el tiempo de los precios de los bienes y servicios que coexisten en el mercado de un país”.
Su análisis y la formulación de soluciones separan drásticamente las aguas que median entre los especialistas en dos campos que -a su vez, por sus diversos matices- admiten varias subdivisiones. La más amplia distinción se verifica entre los denominados “monetaristas” y “estructuralistas”. Los primeros toman como referente máximo al profesor Milton Fridman, fundador de la llamada “Escuela de Chicago”, para quien “la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario”. En función de ello, casi automáticamente se revitalizó la perdida vigencia de la “teoría cuantitativa”, que procura relacionar la magnitud de la oferta monetaria con la cantidad de bienes disponible en el mercado”.
En función de ello, postulan con singular vehemencia que cuando se incrementa más de lo debido la oferta monetaria -como la producción de bienes no puede seguir la misma dinámica de expansión- siempre la solución reside en “recortarla” todo lo drásticamente que sea necesario. Obviamente, este esquema suele generar una cierta caída de la demanda que puede conducir a una recesión de magnitud diversa según el caso. Se postula, además, un fuerte repliegue en lo que consideran “excesiva” participación del Estado, facilitando así que opere sin ningún tipo de impedimentos la actividad privada que –suponen- siempre busca el equilibrio perdido.
La experiencia aplicada de las tesis monetaristas
La receta del aconsejado “recorte” debe ser de tal magnitud que permita equilibrar los medios de pago con los bienes disponibles para corregir con toda firmeza el desfase que –sostienen- ha sido generado por un mal e irresponsable manejo de las variables monetarias. Queda fuera de toda contemplación que ello suele causar una recesión de imprevisible magnitud y que, en forma paralela, se opera fatalmente un incremento de la desocupación sumada a una pronunciada merma .en el poder de compra de la mayor parte de la población. Frente a las objeciones en tal sentido que plantean algunos críticos, admiten que para disminuir el tiempo de corrección debe acentuarse la severidad de tales medidas. Cualquier reparo al respecto, la responden arguyendo que esa vía es la única, indispensable e inevitable.
Conviene recordar que su implementación efectiva y generalizada sólo se verificó plenamente por medio de la actuación directa de los denominados Chicago boys -discípulos de Friedman- en Chile, durante el régimen cruel y dictatorial que encabezó el general Pinochet, que acalló, por medio de la represión, todos los reclamos sociales de la población. Una segunda experiencia se verificó en el Reino Unido; quien la condujo con “mano de hierro” fue la primera ministra, Margaret Thatcher, y fue seguida en Estados Unidos por los equipos que acompañaron al presidente Ronald Reagan.
Los resultados fueron mediocres y desproporcionados frente al elevadísimo costo social, por lo cual, con posterioridad, los que sostenían este enfoque optaron por aplicar tales lineamientos bastante flexibilizados, tratando de atenuar la dosis de extrema de rigidez postulada. Pero el principal mentís de este esquema, supuestamente correctivo de la inflación, lo proporcionó a “contrario sensu” lo sucedido en la gran potencia americana a partir de septiembre de 2008, pues al más que duplicar los medios de pago mediante una intensa cuan continuada emisión neta de moneda y un paralelo inusitado aumento del crédito financiero, que pasaron de US$7,8 billones a nada menos que US$16,4 billones para fines de 2012 (+102,6%) sin alcanzar plenamente los objetivos ni se produjo un proceso inflacionario.
Ello explica que el presidente haya solicitado perentoriamente al Congreso nuevos márgenes para incrementarlos, procurando la reactivación de la economía. En ese ámbito han encontrado una forma de mantener muy controlado y frenado a Obama, ya que los acuerdos le otorgan un margen adicional sólo para cuatro meses. Antes de finalizar ese plazo advierte la bancada republicana que le obligarán a rediscutir toda la gestión. Lo que ningún teórico monetarista ha podido explicar es por qué ese enorme desequilibrio no ha desatado, ni siquiera insinuado, algún “pico” de inflación. En este sentido, los índices de precios se sostienen virtualmente constantes con subas que rondan 2% anual.
Las propuestas de los estructuralistas
Quienes revistan en esta posición han tenido, en sus orígenes, como su máximo exponente a John F. Keynes, quien logró -en un momento muy difícil- sacar a Estados Unidos de la profundísima recesión y elevados niveles de desocupación que causó la Gran Crisis Mundial (1929/33), siendo el principal gestor de la posterior reactivación. El precitado economista inglés sumó méritos y gran prestigio en 1920 al pronunciarse contra las crecidas reparaciones de guerra que se impusieron a Alemania, todo lo cual consolidó en 1936, al dar a luz su obra cumbre La teoría general.
En esencia, esta posición rescató con energía la presencia y participación activa del Estado, subrayando su rol en la tarea de corregir los múltiples e inadecuados desajustes de diversa magnitud que coexistían, muy especialmente en el circuito real. Al mismo tiempo, planteó los escasos límites que se disponen si pretenden operar exclusivamente a través del monetario. Pese a su prematura desaparición, en 1948, concurrieron a dar permanencia a sus ideas prominentes economistas como John Kenneth Galbraith y muy pronto lo siguieron Sommers, Samuelson, Tobin, sumándose en tiempos más recientes los premios Nobel Joseph Stiglitz y Paul Krugman. En Argentina, el doctor Raúl Presbisch, luego de abjurar públicamente de los lineamientos trazados por el monetarismo, se convirtió en firme continuador de los líderes estructuralistas.
La inflación en Argentina
Salvo algunos pocos interregnos de poca duración, este flagelo ha incidido muy negativamente en la economía argentina a partir de 1946. La expansión del empleo público -que en 1940 ascendía a sólo 366,2 miles- se elevó hasta 1955 en un inusitado 140,5%, llegando así a 871,2 miles. Durante el período 1946/52 el índice del costo de vida se motorizó notoriamente y culminó al término de ese lapso en una fuerte recesión. En el lapso 1946/55 los precios mayoristas subieron cinco veces y desde entonces hasta 1963 ese acelerado ritmo se duplicó.
Un posterior estudio encargado a la Cepal, dirigida entonces por el todavía monetarista Presbisch, también fijó como primera prioridad impulsar el inmediato retroceso hasta eliminarlo del proceso inflacionario; pero el índice del nivel general de precios al consumidor, que al inicio de éste (1956) era de 13,4%, lejos de ser contenido, llegó dos años después a 24,7% y a 31,6% en 1967. Ese nuevo intento también tuvo su “pico” en 1959, influido por una macrodevaluación ocurrida el 29 de diciembre de 1958 que, en un breve plazo, llevó la paridad cambiaria de $30 a 80 pesos por dólar. Esto hizo que, por primera vez, la suba de los precios superara el 100%, reiterándose luego en 1975; tras lo cual el 2 de junio estalló lo que se dio en llamar “el Rodrigazo”.
La otra cara de la moneda era lo que paralelamente sucedía con el sector laboral. Los salarios, que en 1959 habían perdido 23,5% de su poder de compra, para 1963 aún se mantenían atrasados en 18,6%; al par que la desocupación abierta alcanzaba a 8,8% de la población económicamente activa. Las experiencias antes referidas trajeron siempre notorias caídas de la demanda interna, una tendencia regresiva en la distribución del ingreso y una masiva transferencia de empresas de capital nacional que fueron pasando a ser dirigidas desde el exterior.
En 1975, de las 500 mayores empresas que en forma directa o indirecta manejaban 36,2% de la oferta total, 81,4% era de capital nacional. Al fin del siglo XX, como consecuencia de un esquema sistemático de desnacionalización iniciado en el gobierno de facto conocido como “el Proceso” y el impulso verificado en la última década al abrirse totalmente la economía, se transfirieron también las principales empresas públicas al sector privado, duplicando la deuda en moneda extranjera al país para sostener, por todo el tiempo posible, el régimen de la “convertibilidad”.
Las anteriores lecciones y el desafío actual
Luego del desastre habido durante el trienio 1999-2002, comenzó un período que ya viene transitando el décimo año de vigencia. El esquema inflacionario no ha sido frenado sino que a partir de 2007 se ha exacerbado bastante. Éste es el aspecto más negativo pero, en carácter de contrafigura, la economía creció como nunca lo había hecho, a una tasa media anual de 7,5% Por otra parte, la deuda externa, que había cerrado el siglo anterior totalizando US$174,6 miles de millones, en la actualidad se redujo a US$42,4 miles de millones y, de este total, sólo US$20,3 miles de millones es pagadera en moneda extranjera. Argentina por ello ha pasado a ser el segundo país menos endeudado de América Latina. En este momento, cualquier plan antiinflacionario debe tener en cuenta que de las 500 mayores empresas nada menos que 402 son de capital extranjero y no están muy dispuestas a colaborar lealmente. Tampoco ha sido espontánea la creación del denominado dólar blue pues sus introductores y máximos operadores alientan la manifiesta intención de precipitar una macrodevaluación. En esta “aventura” se empobrecería, como en todas las otras anteriores de los últimos 60 años, a la inmensa mayoría de la población, multiplicando fabulosamente la riqueza de una estrecha minoría que siempre aprovechó este tipo de coyunturas. Llama la atención que algunos representantes del sector agrario -al margen de la Sociedad Rural, que siempre lo hizo, estimulen ese suicidio.
No hay que equivocarse. Los programas antiinflacionarios requieren sean coordinados y participen el Estado en conjunto con los sectores privados de la producción. El primero deberá racionalizar al máximo sus gastos y mejorar la productividad de su gestión. Los segundos, bajar sus apetencias en materia de ganancias y promover la expansión del mercado.
[url=www.estudiotreber.com.arEstudio Treber[/url] - 5 de abril de 2013