En un duro informe contra el Gobierno, la Conferencia Episcopal -dependiente de la Iglesia Católica- planteó esta semana que «vemos con preocupación y dolor que la retirada del Estado de esos ámbitos abre paso al avance del narcotráfico, que ocupa ese lugar vacío y se convierte en una suerte de Estado paralelo, donde los narcos ofrecen a los jóvenes una vida corta pero aparentemente mejor, y esto a cambio de su dignidad, su libertad y, muchas veces, su vida». En ese marco, reclamó fondos para la asistencia y prevención del consumo de drogas entre los jóvenes. 

A lo largo de los últimos años, principalmente a partir de la llegada de la pandemia, distintas investigaciones vienen advirtiendo sobre el crecimiento del narcotráfico y el consumo de drogas en las barriadas. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), ya en 2023, tres de cada diez hogares identificaron la venta y/o tráfico de drogas en su cuadra, manzana o barrio. «Los resultados muestran un aumento en la percepción de venta y/o tráfico de drogas, conforme aumenta la vulnerabilidad socioeconómica. En hogares de clase media alta este riesgo es del 15,4% en el 2023, mientras que alcanza a la mitad de los hogares del nivel socioeconómico muy bajo (47,4%). Esto no significa que no exista un problema en estratos más altos, sino que es menor su prevalencia, así como también su visibilidad», plantea el informe.

El consumo problemático de sustancias tiene consecuencias nocivas tanto sobre el consumidor como para su grupo familiar y socio-comunitario. Los segmentos de la población más expuestos a esta situación son los adolescentes y jóvenes. «Sin lugar a dudas, impacta el corrimiento del Estado en los barrios dejando así la vía libre al narcotráfico. Hay por ejemplo una baja en los planes sociales, que nadie quisiera que sean permanentes pero que son necesarios en este contexto de crisis. Hoy la falta de trabajo hace que la gente no llegue a cubrir las necesidades básicas, si el Estado no está presente se va rompiendo el tejido social y la droga queda al alcance de la mano», señaló a El Grito del Sur el Padre Lorenzo «Toto» de Vedia, cura villero de la Iglesia Virgen de los Milagros de Caacupé (Villa 21-24 de Barracas). 

Actualmente existe una notoria ausencia o desidia gubernamental para implementar acciones preventivas y reparadoras que pongan límite al flagelo del narcotráfico, el narcomenudeo y el consumo adictivo. Esto viene siendo advertido al menos desde el año pasado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en el marco de la destrucción de las políticas alimentarias y sociales por parte del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. En diálogo con este medio, la secretaria adjunta de UTEP y referenta nacional de Barrios de Pie, Norma Morales, explicó: «Está habiendo recortes y cierre de espacios de atención y eso lo que genera es un desborde en los dispositivos comunitarios, que aún así seguimos atendiendo múltiples problemáticas. El avance del narcotráfico lleva a una mayor situación de violencia en los barrios, ya que hay una ruptura cada vez más profunda del lazo comunitario».

Toto de Vedia coincide en este diagnóstico: «Se ven más jóvenes drogándose y se percibe más inseguridad en los barrios». Y plantea soluciones a corto y mediano plazo: «El Estado debe poner en marcha nuevamente las obras en barrios populares, financiando así la integración socio-urbana. Todo esto generaría más empleo y bienestar para los habitantes». Por su parte, Morales cuestionó que actualmente «los narcos aparecen con una función social muy activa en los barrios, ellos están abriendo comedores y asistiendo con alimentos al barrio. Entonces los narcos empiezan a tener una referencia positiva de los vecinos porque logran alguna asistencia hacia ellos en el marco del corrimiento estatal. Frente a este escenario, las organizaciones -con el trabajo de las cuidadoras comunitarias- intentamos frenar esta situación de vulnerabilidad y violencia que genera la presencia de los narcos».

La advertencia de Norma Morales respecto a la «función social» de los narcos resulta un llamado de atención, puesto que no era algo tan extendido dos años atrás. Lo cierto es que la destrucción de la red alimentaria provista a través de los comedores comunitarios, podría dar lugar a la figura del narco benefactor, algo que las organizaciones sociales quieren evitar a toda costa. Por ello multiplican sus esfuerzos para gestionar alimentos, talleres y espacios de contención para niños, niñas, adolescentes y adultos de los barrios populares.

La retirada del Estado de los barrios populares tomó dimensión el año pasado con el escándalo de los millones de kilos de alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano, que -más allá de la intervención judicial- el Gobierno se negó a repartir en su totalidad. Éstos debían ser destinados a miles de comedores comunitarios, pero finalmente una gran parte se echó a perder fruto del paso del tiempo.

^{Fuente: El Grito del Sur - Junio 2025}