Para el presidente argentino Javier Milei, las Fuerzas Armadas de su país fueron sometidas durante las últimas décadas a una campaña de desprestigio. Así lo dijo el viernes 16 de agosto, cuando encabezó lo que en ámbitos militares se conoce como la «cena de camaradería». La frase del presidente encerraba un diagnóstico: que gran parte de lo que se contó desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta el presente es falso. Desde ese año, se acreditó que las Fuerzas Armadas habían llevado a cabo un plan sistemático de desaparición, tortura y muerte mediante la utilización de más de 700 centros clandestinos de detención.

Argentina celebró sus 40 años de democracia con la llegada a la Casa Rosada de un gobierno que puso en jaque el consenso construido en esas cuatro décadas: niega los crímenes de lesa humanidad, repudia a los organismos de derechos humanos y da signos de empatía hacia los perpetradores de esos crímenes.

La revisión de lo sucedido en los años del terrorismo de Estado no es uno de los temas que desvela a Milei, enfrascado en discusiones económicas y en la construcción de su figura como un líder de la extrema derecha global. En cambio, es el eje a través del cual su vicepresidenta, Victoria Villarruel, edificó su carrera. Hija y nieta de militares, Villarruel -hoy bastante distanciada políticamente de Milei- lleva más de 20 años militando en organizaciones que reivindican la actuación militar durante la década de 1970 con el argumento de defender la «memoria completa» de ese periodo. Participó en movilizaciones en las que se reclamaba la libertad de los criminales de la última dictadura (1976-1983) y fue parte de una estrategia para desgastar los juicios que se reabrieron en 2006, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad de las leyes que impedían el juzgamiento. Desde entonces, reclamó que fueran juzgados los sobrevivientes de las organizaciones político-militares de izquierda como si tuviesen la misma responsabilidad que quienes implementaron el sistema concentracionario en el país.

Pese a los profundos cambios políticos, los juicios por crímenes cometidos durante la última dictadura no se detuvieron. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, hay 13 procesos en curso. Por estos delitos hay 1.187 condenados. 642 personas están detenidas: 134 de ellas en cárceles comunes y el resto bajo arresto domiciliario.

En las últimas semanas, una foto conmocionó al país. Fue la que se tomaron el pasado 11 de julio seis diputados de La Libertad Avanza, el partido de Milei, con un grupo de represores que se encuentran en el penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. Todos ellos se encuentran en prisión luego de que se probara su participación activa en crímenes contra la humanidad. En esa imagen se ve a Alfredo Astiz, emblema del terrorismo de Estado. Durante la última dictadura militar, Astiz era un joven marino que estaba destinado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), transformada durante la dictadura en campo de concentración por el que pasaron 5.000 hombres y mujeres.

Astiz se infiltró en el incipiente movimiento de derechos humanos, donde se presentó como el hermano de un desaparecido. Se ganó la confianza de las primeras Madres de Plaza de Mayo. Se ofreció para acompañar a su fundadora, Azucena Villaflor de De Vincenti, a su casa. Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 dio su golpe maestro: señaló a 12 personas que serían secuestradas, torturadas y arrojadas vivas al mar. Entre ellas estaban tres integrantes de Madres de Plaza de Mayo –Villaflor de De Vincenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco– junto a las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Astiz nunca se arrepintió de sus crímenes. La Justicia argentina lo condenó en dos oportunidades a prisión perpetua. Se suma a la condena en ausencia que tiene en Francia. Ya en democracia, dijo que era la persona mejor preparada para matar a un periodista. 

Después del encuentro con los perpetradores de esos crímenes, cinco de los seis diputados del oficialismo participaron de la redacción de un comunicado para reclamar que se enviara a sus casas a los detenidos y que se revisaran sus causas. La declaración no llegó a conocerse por el repudio que generó la visita y por una decisión del gobierno de bajarle el tono a la polémica. Organismos de derechos humanos reclaman que se investigue el episodio y que se expulse a los legisladores que reivindican a quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron. Dos diputadas que participaron de la visita –las más jóvenes de la comitiva– hicieron saber su arrepentimiento y declararon no saber a quiénes iban a ver. Una de ellas llevó el tema a la Justicia, donde aportó comunicaciones que habría mantenido también con un sacerdote -expulsado luego de su diócesis-, un ex-juez y abogados defensores de condenados por crímenes de lesa humanidad que estaban diseñando distintas estrategias para liberar a los detenidos y terminar con el proceso de juzgamiento.

La excursión de los diputados no es un hecho aislado. Hubo otras visitas oficiales a las cárceles. El Ministerio de Defensa envió a dos altos funcionarios a la unidad penitenciaria que funciona dentro de Campo de Mayo, la principal guarnición militar del país. Allí tomaron nota de los reclamos de los detenidos, cuyo principal interés es obtener su libertad. El Ministerio de Seguridad, a cargo de las cárceles, es conducido por Patricia Bullrich, la candidata a la Presidencia que obtuvo un tercer lugar en las elecciones y luego se incorporó al gobierno de Milei en el mismo cargo que había desempeñado bajo la gestión de Mauricio Macri (2015-2019). Durante la campaña electoral, uno de sus principales asesores y actual jefe de gabinete había publicado en el diario La Nación que los equipos de Bullrich trabajaban en una «solución» para que no hubiese mayores de 70 años detenidos por crímenes de la dictadura.

Por el momento no se conoce cuál es esa iniciativa, pero la ministra abogó públicamente por la prisión domiciliaria. En el mismo sentido se pronunció el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que dijo que la justicia había mutado en venganza. Hasta días antes de asumir en el cargo, Cúneo Libarona se había desempeñado como abogado defensor de Enrique Barre, sindicado como el segundo jefe del llamado Pozo de Banfield, un campo de concentración del sur del Gran Buenos Aires que funcionó como base del Plan Cóndor –la coordinación represiva entre las dictaduras de la región–, como maternidad clandestina y como lugar de alojamiento de jóvenes estudiantes secundarios.

Al cumplirse 48 años del último golpe de Estado, la ministra de Seguridad tomó la decisión de retirar las recompensas económicas que el gobierno ofrecía a quienes pudieran aportar información que ayudara a capturar a una veintena de prófugos que están acusados por crímenes contra la humanidad. La explicación oficial fue que el Ministerio prefería abocar esos recursos a la lucha contra el narcotráfico. 

La verdad bajo asedio 

En sus casi nueve meses, el gobierno de Milei tomó dos medidas que pueden ser caracterizadas como una embestida contra el proceso de verdad y justicia: el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y la eliminación de la política de relevamiento de archivos para contribuir a las investigaciones por delitos cometidos durante la última dictadura. La CoNaDI se creó en 1992, bajo el gobierno de Carlos Menem, a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo, la organización de derechos humanos que desde 1977 busca a los niños y las niñas robados durante los años del terrorismo de Estado. La conformación de la CoNaDI buscó dar respuesta al compromiso que el Estado argentino asumió al firmar la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocía el derecho a la identidad.

La CoNaDI tiene como principal función llevar los casos que serán testeados ante el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para determinar si se está en presencia de hijos o hijas de personas desaparecidas. En 2001, las funciones de la CoNaDI fueron ratificadas por ley. Tres años más tarde, el presidente Néstor Kirchner firmó un decreto mediante el cual creaba una Unidad Especial de Investigación (UEI) dentro de la CoNaDI y la facultaba para acceder a todos los archivos en poder del Estado para encontrar a los bebés apropiados.

Abuelas de Plaza de Mayo restituyó 133 identidades desde su conformación. Según estimaciones del organismo, 500 niños y niñas habrían sido robados durante los años del terrorismo de Estado. A lo largo de las últimas dos décadas, la CoNaDI recibió denuncias que llegaban desde Abuelas de Plaza de Mayo, de particulares y de quienes tenían dudas sobre sus orígenes. Hizo investigaciones para determinar si se estaba ante un posible caso de apropiación, canalizó 90% de los casos de testeos que llegaron al BNDG y formalizó presentaciones ante el Ministerio Público Fiscal o el Poder Judicial.

Como subrayó el fiscal Pablo Parenti, a cargo de la investigación de casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, la CoNaDI nunca fue cuestionada por jueces, fiscales ni defensores oficiales. Pero en mayo de este año, el Ministerio de Seguridad anunció que ya no contestaría los pedidos de la CoNaDI porque no quería contribuir a la «persecución» de los efectivos de las fuerzas de seguridad.

Al eliminar la UEI de la CoNaDI, el gobierno de Milei argumentó que el Poder Ejecutivo no está facultado a conducir investigaciones y que esa es una atribución del Ministerio Público Fiscal. La historia parece contradecirlo: cinco días después de recuperada la democracia, el entonces presidente Raúl Alfonsín firmó el decreto 187/1993, por el cual creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que relevó los casos de personas secuestradas en los campos de concentración de la dictadura. El informe de la Conadep, titulado Nunca Más, sentó las bases de la democracia argentina.

Fabián Salvioli, ex-relator especial de Naciones Unidas para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, explica que es falso que el Poder Ejecutivo no pueda realizar investigaciones. El juez Alejandro Slokar, coordinador de la Comisión de Crímenes contra la Humanidad que funciona en la Cámara Federal de Casación –máximo tribunal penal del país–, sostiene que, de hecho, el Poder Ejecutivo es el actor obligado ante las instancias internacionales a dar cuenta de cómo el Estado argentino cumple con sus compromisos de esclarecer la verdad.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo se reclamó que no se borre de un plumazo lo que costó décadas construir. Algunos de sus integrantes –en su mayoría, nietos que restituyeron sus identidades durante las últimas décadas– denunciaron que se trataba de una maniobra para favorecer la impunidad de los perpetradores. «Es a pedido de los victimarios», dice Victoria Montenegro, hija de desaparecidos, apropiada por un coronel del Ejército y actualmente presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El desmantelamiento de la CoNaDI tiene un antecedente directo: en marzo pasado, el ministro de Defensa, Luis Petri, desarmó los equipos que se ocupaban de relevar y analizar los archivos que estaban en poder de las Fuerzas Armadas. Se trata de documentación burocrática –legajos, partes del día, libros de distintas unidades militares– mediante la cual se logró identificar quiénes actuaron en determinados lugares de detención. Los equipos fueron creados en 2010, después de que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner desclasificara la información de las Fuerzas Armadas relativa al periodo 1976-1983. Para entonces, los juicios de lesa humanidad estaban en su etapa de mayor intensidad. Los expertos que trabajaban en el Ministerio de Defensa hicieron aportes en más de 180 causas.

El único cuestionamiento que existía hacia los equipos provenía de quienes estaban en el banquillo de los acusados, que no estaban interesados en que apareciera evidencia en su contra. Sus aportes fueron destacados por 36 fiscales, que le pidieron al ministro que diera marcha atrás con su decisión. En distintas sentencias, el Poder Judicial valoró sus aportes. Pero, ya en la gestión de Milei, el Ministerio de Defensa sostuvo que el relevamiento de archivos por parte de civiles era parte de una estrategia de «macartismo» contra las Fuerzas Armadas y que sus integrantes funcionaban como un «grupo parajudicial». En este caso, también se adujo que el Poder Ejecutivo no debía realizar investigaciones, ya que esta es una facultad que le corresponde al Ministerio Público Fiscal.

El 2 de mayo pasado, tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hicieron saber su preocupación al gobierno argentino, lo instaron a preservar los archivos de las Fuerzas Armadas y a impedir todo acto de negacionismo o revisionismo. «Recordamos que el derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación del Estado argentino de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos, establecer la verdad sobre las circunstancias en las que se produjeron dichas violaciones y, en el caso de las desapariciones forzadas de personas, sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, de preservar la memoria histórica, los archivos y la evidencia de tales violaciones, y de evitar que surjan tesis revisionistas, relativistas y negacionistas respecto de ellas. Recordamos, a su vez, que el incumplimiento de estas obligaciones por parte de las entidades y autoridades estatales pertinentes está en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado argentino», señalaron Bernard Duhaime (relator especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición), Aua Baldé (presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias) y Morris Tidball Binz (relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias).

Hubo también reacciones locales. La Cámara de Casación les recomendó a todos los tribunales que juzgan los crímenes de la dictadura que preserven los archivos y los lugares donde se cometieron los crímenes. Muchos de estos espacios se convirtieron en sitios de memoria –que están siendo sometidos a las políticas de ajuste del gobierno de Milei, con muchos de sus trabajadores despedidos–.

La presencia en la Casa Rosada de un gobierno que no empatiza con las víctimas de la dictadura genera el interrogante acerca de cuántos embates podrá tolerar el proceso de verdad y justicia, de si una vez más la ciudadanía saldrá a las calles para reclamar el juicio y castigo a los perpetradores y si esto no corroerá los consensos democráticos que rigieron durante cuatro décadas. La administración Milei está dispuesta a revalorizar públicamente a los uniformados y a darles nuevas funciones: ya lo dejó en claro con el envío de un proyecto de ley que pretende involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, algo que tienen vedado después de la experiencia criminal de la última dictadura. Y, en paralelo, busca debilitar a organismos públicos, ideológicamente transversales, que dieron sustento al denominado «Nunca Más» pronunciado por el fiscal Julio César Strassera en el Juicio a las Juntas en 1985.

^{Fuente: Nueva Sociedad - Agosto 2024}