Desde el punto de vista jurídico, acusar de asociación ilicíta a la Presidenta y a un grupo de funcionarios nacionales, por actos de corrupción cometidos en una Provincia, se lleva puesto el Estado de Derecho. La decisión tomada por el Fiscal y, al parecer, avalada por los jueces del caso Vialidad y por la Corte Suprema, ha tomado por sorpresa al gobierno y a buena parte de la sociedad. Las preguntas que surgen son: ¿qué ocurrió para que se produjera este giro radical en el juzgamiento de hechos que han sido habituales en la politica argentina desde hace más de cien años? ¿Quién le da espaldas al poder judicial argentino, para animarse a tanto? ¿ Cómo puede tomarse una decisión judicial de ese calibre fogoneada por la oposición de derecha, cuando el jefe del PRO ha hecho su fortuna haciendo negocios sucios con el Estado?

Una sorpresa parecida se llevaron los militares genocidas cuando se derogaron la ley de punto final y obediencia debida y se les obligó a concurrir a los juicios y a recibir condena. Ellos se preguntaban: ¿Cómo es posible que el Estado nacional someta a prolongadas condenas a miembros de la fuerzas armadas y policías por el sólo hecho de torturar, detener y hacer desaparecer personas que son de izquierda o resultan peligrosas para la estabilidad del sistema capitalista? ¿Por qué van a castigarnos por lo que hicimos siempre sin ninguna consecuencia? ¿Quién le da espalda política a estos jueces, para enfrentarse a las fuerzas armadas?

Lo ocurrido ahora lo produce el mismo Poder Judicial, pero en este caso, el movimiento brusco que altera las reglas de juego de la institucionalidad burguesa, es de distinto sentido.

Cuando se analizaron las decisiones de la justicia con respecto a los militares genocidas, se valoró el papel de la movilización popular, encabezada por las organizaciones de derechos humanos que habían ganado la batalla ideológica con respecto al balance político de la dictadura, y que había caracterizado lo ocurrido como un genocidio e identificado a sus responsables. Se valoró también la decisión del gobierno de Nestor Kirchner, de promover estos juicios. Pero se mencionó escasamente que también en el plano internacional había luz verde para avanzar en cuestiones de derechos humanos porque era una bandera que venía levantando el gobierno de Estados Unidos para enfrentarse con la URSS y después con China. Hubo una decisión del imperio de sacarse de encima a las dictaduras latinoamericanas, y los militares argentinos se sometieron porque sabían que no eran tiempos para aventuras golpistas con respaldo internacional.

Hoy las nuevas decisiones del Poder Judicial deben analizarse también abarcando esa complejidad. Desde lo que ocurre en nuestro pueblo es evidente que en los últimos años el neoliberalismo no nos ha pasado por debajo de la mesa. Ha ganado batallas de ideas. Cuando se trata de identificar enemigos y responsables de los padeceres de nuestro pueblo lo primero que surge es la clase politica, el Estado, o cualquier otro sujeto. Pero sólo minoritariamente se identifica a los que realmente tienen poder, que son el imperialismo y los grupos concentrados de poder local. Si algo nos diferencia con los procesos políticos que con sus más y sus menos mantienen horizontes revolucionarios como los de Cuba, Venezuela y Bolivia, es que en esos países el pueblo no se confunde con la identificación de sus enemigos.

Con respecto al gobierno, la administración Fernández, después de perder las elecciones de medio término ha sido afectada por el síndrome de Isabelita. Esa enfermedad hace referencia a la viuda de Perón, que cuando quedó a cargo del poder se planteó como único objetivo terminar el mandato y no ir a la cárcel. Y para conseguirlo, hizo a los militares y a los grupos económicos golpistas todas las concesiones que le pidieron. Al final, fue derrocada por un golpe de Estado y terminó presa. En sus dos años de gestión, el gobierno de Fernández no ha hecho NADA frente a un Poder Judicial, fuertemente penetrado por el macrismo, los grupos concentrados y el imperio. Lo del imperio, no es puro relato, lo reconoció el anteúltimo embajador de Estados Unidos Edward Prado, quien el mismo día que asumió declaró su intención de “trabajar para mejorar el sistema Judicial Argentino”. La última concesión del gobierno ha sido colocar como nuevo hombre fuerte a Sergio Massa, decisión que fue avalada por Cristina. Sin embargo , y como le ocurrió a Isabelita, estos gestos no cambian decisiones ya tomadas en un nuevo contexto internacional.

Cuando se produjo la guerra de Ucrania, pocos le creyeron al Presidente de Rusia que su país había sido forzado a dar una respuesta militar, que incluía una invasión de territorios ajenos. Los antecedentes de Putin, un ex agente de la KGB, de orientacion nacionalista, contribuían poco a que se tomara en serio sus palabras. Pero cuando Nancy Pelossi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aterrizó en Taiwan, violando acuerdos previos con China, empezó a confirmarse que no iba a producirse un desplazamiento prolijo de las hegemonías mundiales y que las disputas geopolíticas mundiales estaban entrando en una nueva fase que, entre otras cosas, supone violar descaradamente los acuerdos institucionalmente aceptados.

Planteado ese nuevo escenario, no resulta extraño que el Poder Judicial argentino, con complicidad del gobierno, secuestre un avión venezolano, violando las leyes internacionales Tampoco, que en nuestro país se de un golpe judicial para sacar de carrera a una dirigente política que más allá de su descolorida actuación en los dos últimos años, acompañó a su marido en el rechazo a la propuesta del ALCA. Hoy, en un momento de fuertes tensiones geopolíticas y en que se acentúa la disputa por las energÍas y los alimentos en el mundo, la Argentina es uno de los países con mayor capacidad de producirlos, pero también con las mayores reservas de petróleo y gas de fracking y de litio. Asegurarse una continuidad del protectorado norteamericano resulta estratégico para Estados Unidos, en un momento en que está retrocediendo en América Latina. La están garantizando con Rodriguez Larreta, Bullrich o Macri, como candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio y con Massa o Manzur como presidenciables del peronismo.

¿Tendremos un nuevo 17 de octubre?

En las últimas horas no han faltado los que han pronosticado que la ofensiva judicial contra Cristina Fernández sera respondida con una masiva movilización popular. El primer dato conocido fue la inmediata solidaridad de más de 500 intendentes, gobernadores, el Partido Justicialista, el Frente de Todos y el Gobierno. Era esperable esa solidaridad, hasta por una cuestión de autodefensa. Incluir la figura de asociación ilícita y condenar sin pruebas contundentes por cobrar comisiones en la obra pública, es algo inaceptable para el conjunto de la clase política. Porque, esas comisiones han sido la fuente tradicional para la financiación de la política electoral. Se trata del pedacito de corrupción permitida a los gestores de la política por los grandes corruptos que son los dueños del país. La solidaridad de la CGT obedece a las mismas razones, aunque en su caso las fuentes de ingresos de los dirigentes sindicales son las comisiones de las obras sociales. Esta reacción institucional puede movilizar el aparato de municipios, sindicatos y movimientos sociales oficialistas, pero difícilmente puedan insurreccionar a un país. Hoy, la mayor preocupación de nuestro pueblo es la inflación, el dinero que no alcanza hasta fin de mes. La decisión desmovilizadora del Frente de todos durante los dos años de gobierno le juega en contra a la hora de pretender que el pueblo identifique a los grandes responsables de la situación. Desde el gobierno, no se puede culpar al FMI, cuando no se movilizó en contra y se terminó acordando. En la opinión mayoritaria del pueblo, el gobierno, y Cristina, como parte del gobierno, se llevan buena parte de las responsabilidades por lo que está ocurriendo. Mas allá de cuestiones puramente económicas, como es la plata que tiene en el bolsillo cada familia trabajadora, es evidente que en los últimos años nadie la vio a Cristina acompañando un reclamo, o promoviendo una protesta por situaciones injustas que el pueblo estaba padeciendo. Peor aún, la vieron sumándose al coro de quienes desligitimaban a las organizaciones sociales, acusandolos de “intermediarios”.

Resulta difícil hacer pronósticos sobre lo que pueda suceder. Apenas nos animamos a arrimar algunos elementos para ampliar el análisis de un hecho que ha sacudido la institucionalidad vigente y hay que ver cómo impacta en la lucha de clases.

^{Tramas - 23 de agosto de 2022}