Durante los primeros seis meses de 2017, la política represiva no parece concentrarse en un solo sujeto social: la padecieron trabajadores, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, partidos políticos, mujeres, vecinos, estudiantes, entre otros. A modo de ejemplo podemos mencionar que se reprimió a vecinos que reclamaban asistencia ante las inclemencias climáticas (principalmente inundaciones), a pueblos originarios, a mujeres que se movilizaban en el Día Internacional de la Mujer, a vecinos que pedían justicia por casos de gatillo fácil, a maestros, y a movimientos sociales que solicitaban ayuda habitacional y alimentaria.

Mención aparte merece el accionar de la policía bonaerense que no sólo hace víctimas de sus políticas represivas a trabajadores, dirigentes sociales, mujeres y vecinos sino inclusive a estudiantes secundarios y primarios. Denunciando que esta es una política de Estado para disciplinar y someter a los chicos a través del miedo, La Red de Madres y Padres Contra la Violencia Institucional hacia las Escuelas, conformada por familiares de jóvenes de diferentes colegios, contabilizó más de 20 casos de violencia policial en escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano en 36 días. Asimismo señalan que si se cuentan los abusos policiales en colegios del interior y en universidades nacionales, el registro alcanza los 40 casos. La violencia policial no se circunscribe al espacio público sino que se ejerce dentro de las mismas escuelas.

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Centro de Economía Política Argentina (CEPA)