Son en total ocho centros, la mitad de los 16 que existen en CABA.

De acuerdo a un relevamiento de ACIJ, los espacios que fueron cerrados recibían el 42% del total de las consultas de la ciudad, y seis de ellos estaban entre los diez más requeridos de la ciudad. Atendían especialmente casos relacionados a documentación personal y derecho de familia, como consultas vinculadas a obtención de DNI y partida de nacimiento, temas vinculados a alimentos, régimen comunicacional de hijos e hijas, entre otros.

La decisión no fue comunicada a través de medios oficiales, sino por medio de correos electrónicos en el día de ayer sin ningún tipo de fundamentación o previsión. Lo único que parecen tener en común los centros seleccionados es que se encuentran en barrios populares, donde reside la población más vulnerabilizada de la ciudad, con mayores dificultades para acceder a los derechos básicos, muchos de los cuales son, justamente, materia de consulta en los CAJ.

Los Centros de Acceso a la Justicia son dispositivos territoriales que buscan extender los servicios de asistencia legal gratuita y mejorar la situación de acceso a la justicia de la población más vulnerabilizada. Es la única política pública nacional en materia de descentralización y federalización del acceso a la justicia. Incluso la OCDE ha destacado la necesidad de contar con políticas de acceso a la justicia centradas en las personas que prevengan el escalamiento de conflictos ya que resulta en mejores resultados en general.

En un contexto de aumento de la pobreza y del deterioro de las condiciones de vida, reducir los canales directos de acceso a derechos y comunicación con autoridades, sobre todo en los barrios con mayores vulneraciones, agrava de forma sustancial la situación de quienes ya se encuentran en peores condiciones. 

Las instituciones firmantes expresamos públicamente nuestra preocupación por el cierre de estos dispositivos y llamamos a las autoridades de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, en particular, y del Ministerio de Justicia, en general, que revisen esta medida. A su vez, nos ponemos a disposición, nuevamente, para mantener una reunión en la que podamos intercambiar sobre la situación del acceso a la justicia de los sectores más postergados, a quienes esta política buscaba dar respuestas.

INSTITUCIONES FIRMANTES:

• ACIJ
• INECIP
• ELA
• CELS
• Red Argentina de Abogacía Comunitaria
• CURAS VILLEROS
• P. Lorenzo de Vedia – Parroquia Nuestra Señora de Caacupé – Villa 21-24
• P. Gastón Colombres – Parroquia Nuestra Señora del Carmen – Villa 15, Ciudad Oculta
• P. Ariel Corrado – Parroquia Madre de la Esperanza – Villa 20
• P. Domingo Alberto Regín – Parroquia Virgen Inmaculada – Barrio Ramón Carrillo
• P. Andrés Tocalini – Parroquia Nuestra Señora de Fátima – Barrio Fátima
• P. Damián Reynoso – Parroquia San Francisco de Asís – Villa Soldati
• P. Facundo Ribeiro – Parroquia Nuestra Señora de Caacupé – Villa 21-24
• P. Pedro Baya Casal – Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza – Barrio Rodrigo Bueno
• P. Ignacio Obagattini – Parroquia Cristo Obrero – Barrio Padre Mugica (V)
• P. Jesús Carides – Parroquia Nuestra Señora del Carmen – Villa 15, Ciudad Oculta
• P. Oscar Gallego – Parroquia MarÍa Madre de la Esperanza – Villa 20 

^{Fuente: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia - Agosto 2024}