Los entusiastas de las criptomonedas se encuentran entre los más probables ganadores del segundo mandato de Donald J. Trump. Parte de las explicaciones de la derrota electoral del Partido Demócrata parecen recaer, entre otras cuestiones, en una brecha de género, según la cual la coalición de Trump obtuvo el apoyo de la mayoría de los votantes varones de todas las generaciones y de casi todos los orígenes raciales y étnicos.

Analistas y comentaristas han destacado el éxito de la irrupción de Trump en la «bro-esfera», donde aparecía en podcasts y otros medios no tradicionales con una audiencia predominantemente masculina. Además de librar una «guerra cultural» cada vez más agresiva contra las personas transgénero y otras minorías sexuales, es notable el respaldo a ciertos espacios y discursos masculinos hegemónicos, incluido el de los entusiastas de las criptomonedas, o cripto-bros.

Esto no significa que hubiera una clara dicotomía entre un Partido Demócrata contrario a las criptomonedas y un Partido Republicano ultrafavorable. Por ejemplo, Coinbase lanzó un monitor llamado «Stand With Crypto» («Apoya a las criptomonedas»), que otorga calificaciones a los candidatos a los escaños de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones. Aquí, los candidatos republicanos no son los únicos en recibir apoyo. A grandes rasgos, ambos partidos, en particular en la recta final de la campaña, intentaron crear un espacio en sus plataformas para la industria de las criptomonedas.

Sin embargo, el Partido Republicano emergió como el favorito para quienes tienen interés en un ecosistema de criptomonedas próspero, empezando por el elegido para la Vicepresidencia por Trump. El senador JD Vance es hace mucho tiempo un entusiasta de las criptomonedas, es poseedor de bitcoins y una figura vinculada con la línea conservadora-libertaria de Silicon Valley. A lo largo de su ascendente carrera política, Vance recibió una enorme financiación del empresario e inversor de riesgo Peter Thiel.

Esta tendencia fue visible en la campaña por el Senado de Ohio, donde la industria de las criptomonedas invirtió 40 millones de dólares (de un total de 245 millones supuestamente gastados por la industria en este ciclo electoral) para quitarle la banca al demócrata Sherrod Brown, quien había respaldado públicamente las investigaciones de Elizabeth Warren sobre corredores de criptomonedas y votó sistemáticamente a favor de regular la industria, en especial tras el tristemente célebre proceso por fraude contra Sam Bankman-Fried/FTX. La campaña en Ohio fue exitosa y el republicano Bernie Moreno, propietario de una empresa de tecnología blockchain, sucederá a Brown.

Pero ¿qué significarán estas conexiones y este apoyo para el mundo de las criptomonedas en un segundo mandato de Trump? Es probable que su gobierno empodere a empresas, entusiastas y mercados de criptomonedas a través de un realineamiento masivo de la política económica estadounidense para servir a ideales nacionalistas criptoeconómicos, intereses relacionados con los combustibles fósiles y una agenda nativista.

Una reserva estratégica de bitcoin en construcción

Los partidarios del bitcoin y los entusiastas de las criptomonedas, supuestamente libertarios y enemigos del Estado, han buscado durante mucho tiempo influir directamente en los aparatos estatales. Los líderes del sector cripto son conocidos por aprovechar vacíos normativos y obtener favores de la regulación gubernamental. En Puerto Rico, los inversores en criptomonedas buscaron activamente una exención regulatoria que aprovecha la condición colonial del archipiélago frente a Estados Unidos.

Estas políticas buscan atraer a capitalistas de riesgo con la promesa de un impuesto cero a las ganancias de capital sobre los criptoactivos y una plaza semejante a un paraíso tropical. Los principales entusiastas de las criptomonedas han logrado forzar un cambio político. Tal es el caso de la ley de El Salvador que convirtió el bitcoin en moneda de curso legal, una medida en buena parte influenciada por Jack Mallers, fundador y CEO de la plataforma de intercambio de criptomonedas Strike.

En Estados Unidos, esta comunidad está proponiendo un conjunto de políticas que podrían transformar la columna vertebral monetaria del país. El objetivo es convertir enormes reservas de oro y otras monedas a bitcoins, para transformar la tendencia criptográfica de hold (no soltar las criptomonedas bajo ningún concepto) en una política gubernamental. Esta propuesta no es completamente nueva. En Argentina, por ejemplo, el uso de la combustión de gas en el gran yacimiento de petróleo y gas de esquisto de Vaca Muerta para minar bitcoins fue presentado como un plan patrocinado por el Estado para destinar las utilidades en bitcoins a las reservas del Banco Central.

En Estados Unidos, Cynthia Lummis, senadora republicana por Wyoming, propuso que la Reserva Federal utilice su enorme reserva de oro para emitir certificados para almacenar bitcoins, y alcanzar así, eventualmente, una reserva supuestamente estratégica de un millón en cinco años (casi 100.000 millones de dólares al valor del bitcoin de fines de noviembre).

En una entrevista, Jack Mallers comparó la idea de la reserva estratégica de bitcoin con cambios monumentales en la historia monetaria de Estados Unidos y el mundo como la desvinculación estadounidense del patrón oro en 1971. Esta idea aparentemente visionaria, según Mallers, «sirve a los supremos intereses del público. Es proempleo, proenergía, proindustria, procrecimiento».

Una reserva estratégica de bitcoins por mandato del gobierno federal produciría efectos dominó en el sistema monetario y podría impulsar aún más la valoración del bitcoin, creando un ciclo de retroalimentación del atractivo de este activo. La idea busca elevar el bitcoin a la categoría de recurso estratégico-militar, como lo es actualmente el petróleo. Esto no debería sorprender, toda vez que los promotores del bitcoin ven este activo como «oro digital». El imaginario que relaciona el bitcoin con materias primas claves está presente en su diseño, de ahí la metáfora de la minería como síntesis del protocolo de prueba de trabajo (proof-of-work).

Mejorar y escapar de la regulación

La nueva política económica del gobierno de Trump converge en torno de una a priori extraña combinación de aranceles, desregulación, recortes de impuestos y rediseño de la burocracia gubernamental para aumentar la eficiencia, compensar la pérdida de ingresos y tratar de eliminar lo que la extrema derecha llama el «Estado profundo».

Anuncios recientes del presidente electo señalan una fuerte apuesta en favor de las criptomonedas y una menor regulación en su próximo gobierno. Trump nombró a Howard Lutnick para dirigir el Departamento de Comercio y a Paul Atkins como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, y creó un púlpito para que David Sacks defienda la actividad desde el puesto vagamente definido de «zar de la inteligencia artificial y las criptomonedas». Todos ellos son evangelizadores de las criptomonedas que han abogado por marcos regulatorios laxos y por tratar el bitcoin como «cualquier otra mercancía» que debería comercializarse libremente y no pasar por una supervisión regulatoria más estricta que la de valores como los bonos y las acciones.

Lutnick se desempeñó como copresidente del equipo de transición de Trump. Este CEO de la empresa financiera Cantor Fitzgerald es un entusiasta incondicional de las criptomonedas y propietario de un «montón de bitcoins», mientras que su empresa es un importante garante de la criptomoneda Tether. A raíz de su nombramiento como secretario de Comercio, salió a la luz que su empresa adquirió una participación de 5% en Tether, valorada en alrededor de 600 millones de dólares, y exploró un proyecto de préstamos en bitcoins respaldado por la plataforma. Esto ocurre a pesar de la investigación federal a Tether por haber violado presuntamente sanciones y normas contra el lavado de dinero. Se dice que Lutnick está estrechamente vinculado al propuesto Departamento de Eficiencia Gubernamental, denominado en inglés DOGE, no casualmente como la «meme coin» (moneda meme) convertida en criptomoneda.

El propio Trump es «defensor en jefe de las criptomonedas» en un autoproclamado proyecto de finanzas descentralizadas llamado World Liberty Financial. El proyecto vende un token que no es transferible a ninguna plataforma financiera, pero en cambio ofrece una participación en la dirección del proyecto. Aunque Trump y sus hijos no figuran como fundadores, recibirán 75% de los ingresos netos por la venta de tokens durante los próximos cinco años a modo de remuneración por su apoyo.

El proyecto no ha logrado alcanzar su objetivo de venta de tokens, pero aun así ha atraído una inversión sustancial, incluida una compra de 30 millones de dólares por parte del empresario Justin Sun, quien previamente había sido demandado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). Esto indica un aparente conflicto de intereses: un grupo bajo el escrutinio de la SEC está en condiciones de proveer fondos casi directamente a la familia Trump fuera de la maquinaria de donaciones políticas. Las implicaciones de tener funcionarios políticos y reguladores favorables a la industria en los niveles más altos del gobierno estadounidense son significativas para un sector que es propenso al fraude, las estafas, las sanciones y la evasión de impuestos.

Parasitismo energético

Un componente importante de la agenda de Trump es su firme apoyo a la energía tradicional basada en combustibles fósiles. Su candidato a presidir la Secretaría de Energía, Chris Wright, es un conocedor y defensor de la industria de los hidrocarburos, así como un negacionista del cambio climático. En un discurso pronunciado en la Conferencia Bitcoin de 2024 en Nashville, Trump dijo que quería que las criptomonedas «se minaran, acuñaran y fabricaran en Estados Unidos». Ya en 2021, Estados Unidos era responsable de más de 37% de la tasa de hash global de la minería de bitcoins. Estados Unidos se convirtió en un foco de atracción para las inversiones de minería de criptomonedas después de que China empezara a tomar medidas enérgicas contra la actividad, y muchos se dirigieron a otros lugares, con regulaciones flexibles y energía abundante y barata.

Ciertas investigaciones han demostrado que el protocolo de prueba de trabajo es un mecanismo de derroche de energía. De manera similar, las instalaciones de bitcoin requieren un suministro creciente de energía. Se las puede etiquetar como «centros de datos» de alta gama para promover el progreso tecnológico y las mejoras en la industria, cuando en realidad ofrecen poco en términos de empleos. Los costos se sienten a menudo en las comunidades cuya infraestructura energética es consumida por ruidosos galpones que extraen no solo energía, sino también enormes cantidades de agua que a veces devuelven a alta temperatura a los cursos de agua.

Si bien el suministro de energía está regulado a nivel estadual en Estados Unidos, es probable que un marco regulatorio federal de puertas abiertas promueva la expansión de las disposiciones contractuales a los grandes productores de criptomonedas en varios estados, cualquiera sea la fuente de energía que domine su matriz de generación. Estados como Texas, Georgia y Kentucky son ya las principales jurisdicciones de minería cripto del país. En última instancia, aumentar la capacidad de la minería de criptomonedas puede convertirse en un punto de interés para el gobierno federal si la reserva estratégica de bitcoins se vuelve  realidad, añadiendo demanda a una industria que en 2022 se cree que representaba hasta 2,3% del consumo eléctrico estadounidense.

La idea de la reserva estratégica comenzaría con el gobierno federal manteniendo la custodia de los bitcoins incautados por la Justicia en casos penales. Quienes la impulsan también creen que el gobierno debería intervenir en el negocio de la minería cripto y almacenar directamente las recompensas en bitcoins. Alcanzar los objetivos de la reserva propuesta mediante minería requerirá cada vez más consumo de energía. La recompensa por minar un bloque de bitcoin se reduce a la mitad cada cuatro años como parte de la mecánica deflacionaria de bitcoin.

Una propuesta de este tipo podría beneficiar a los productores de energía con marcos de generación y distribución desregulados, como los operadores del mercado de Texas. La minería de bitcoins ha sido criticada por su ineficiencia energética y su alto consumo, así como por otros efectos perjudiciales para el medio ambiente, en términos de enorme generación de residuos electrónicos, consumo de agua y contaminación acústica. Un cambio diametral en la política del gobierno estadounidense que busque acumular 200.000 bitcoins por año durante un periodo de cinco años podría aumentar drásticamente la criptominería nacional y constituir el retraso más grave hasta la fecha en el movimiento hacia una transición energética alejada de los combustibles fósiles.

Conclusiones

Es probable que el segundo mandato de Donald Trump genere cambios aún más radicales en la política y la cultura política que su anterior gestión. Creemos que el mundo de las criptomonedas y los maximalistas del bitcoin serán los principales beneficiarios de su política «Estados Unidos primero». De hecho, ya están cosechando los frutos: el bitcoin ha superado los 100.000 dólares por primera vez en su historia, apenas unas semanas después de su elección.

Un gobierno Trump 2.0 podría generar una forma de nacionalismo económico caracterizada por el proteccionismo comercial (aranceles), una desregulación masiva de los sectores de las finanzas digitales y la inteligencia artificial y un apoyo inquebrantable a los productores tradicionales de energía a partir de combustibles fósiles que los alimentan.

^{Fuente: Nueva Sociedad - Enero 2025}