En ese marco, los países adoptaron su compromiso frente a esta amenaza global en el Acuerdo de París, en el cual se propone contener el irremediable aumento de temperatura que está sufriendo nuestro planeta, definiendo como meta que el mismo no supere en más de 1,5-2 °C a los niveles preindustriales.

La presión ambiental generada por el crecimiento económico e industrial del siglo XX es uno de los principales fenómenos que explica este cambio climático. Nuestro país, en este sentido, no resulta una excepción: en el año 2016, Argentina se ubicó en el puesto 30 en el ranking de emisiones de CO2. Sin embargo, considerando nuestra población, el aporte del país al cambio climático es significativamente menor: controlando por población, en el ranking de emisiones de CO2 per cápita nos encontramos en la posición n°76. De la misma forma, Argentina está entre los seis países de menor impacto ambiental entre aquellos que han alcanzado un Índice de Desarrollo Humano de nivel “muy alto”, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es por este motivo que últimamente se suele escuchar que nuestro país es un “acreedor ambiental” de los países desarrollados, quienes explican la mayor parte de las emisiones de GEI.

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  básica y fuentes renovables - Realidad Económica Nº 287
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  especie suicida?  - Realidad Económica Nº 209

A pesar de esto, nuestro país ha ratificado el Acuerdo de París en el año 2016. Desde entonces, se han realizado distintas actualizaciones sobre las metas establecidas, y en la última revisión del octubre pasado se ha comprometido a no exceder una emisión neta de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) para el año 2030. Esto implica el gran desafío de compatibilizar una reducción de 4,5% de la emisión neta de GEI –comparando con los niveles de emisiones registrados en 2018– con un necesario crecimiento económico y productivo que mejore las condiciones de vida de nuestra población.

Lograr esta compatibilidad requiere un importante esfuerzo y una transformación de la matriz productiva de nuestro país. En particular, demandará una gran participación del sector industrial en dicho proceso. De acuerdo con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del 2019, el sector industrial argentino da cuenta de un 19,5% de la emisión neta de GEI a nivel nacional. Esto se explica fundamentalmente por tres aspectos: la generación directa a partir de procesos productivos, tanto por reacciones químicas como por sus residuos; la quema de combustibles para la generación de energía térmica para la producción; y la generación indirecta, producto de la demanda de electricidad que es parcialmente generada con combustibles fósiles.

Sin embargo, la tarea de sostener e incluso reducir la emisión de GEI por parte de la industria resulta compleja: la mayor parte de sus emisiones directas está concentrada en las industrias siderúrgica y cementera –tanto por los procesos intensivos en energía térmica como por los gases liberados en sus procesos químicos–, dos productoras de insumos básicos que son claves, ya que son transversales a cualquier sector y, por ende, necesarios para todo proceso de crecimiento económico. En consecuencia, reducir las emisiones directas demanda una compleja transformación de los procesos productivos de ambos sectores, que requiere combinar una fuerte articulación entre la industria y el ecosistema científico-tecnológico junto con una decidida política de incentivos para la descarbonización en el largo plazo.

El hidrógeno, en particular el hidrógeno verde, emerge como un potencial substituto de los combustibles fósiles en la generación de energía para el sector, en el que además Argentina cuenta con fuertes ventajas competitivas por nuestra gran disponibilidad de recursos renovables para generar energía, insumo clave del proceso productivo del hidrógeno. Por otro lado, se necesitan nuevas tecnologías que permitan capturar y almacenar el CO2 emitido en las reacciones químicas de la industria. En ese marco, se requiere una combinación de innovación, regulación e incentivos que garanticen la rentabilidad y la competitividad de la adopción de este cambio tecnológico.

También cabrá un rol protagónico para la industria en el resto de las facetas de la transición energética. Además del diseño y la construcción de bienes de capital para la generación de energía eólica, nuclear o solar, la adopción de energías limpias demandará una creciente electrificación de la matriz energética con su correspondiente equipamiento. De la misma forma, la transición energética requerirá una transformación del consumo de las familias en distintos aspectos, entre los que destacan la electromovilidad, la adopción de equipos eléctricos para calefacción y una mayor eficiencia energética en electrodomésticos. Lógicamente, esto reclamará de la industria tanto el desarrollo como la producción de nuevos bienes, insumos y tecnologías que permitan reducir el impacto ambiental del consumo de la sociedad.

En ambos casos, la demanda de insumos industriales para la fabricación de estos bienes también puede potenciar a la industria minera. La transición energética exigirá grandes cantidades de litio y cobre para las baterías y la conducción eléctrica. Argentina puede ocupar un lugar estratégico en sus cadenas de abastecimiento por la abundancia relativa de ambos minerales en la cordillera, lo que implica una oportunidad para traccionar el desarrollo de la cadena tanto aguas abajo –agregado de valor– como aguas arriba –provisión de equipos e insumos–. De esta forma, la transición energética puede ser también un conductor del desarrollo industrial y económico por partida doble: aportando a la diversificación de la matriz productiva y, al mismo tiempo, a una mayor equidad territorial, una de las grandes deudas del desarrollo argentino.

Por último, cabría destacar que todas estas transformaciones las deberá atravesar la industria también a nivel internacional. Esto implica que no solo la industria argentina deberá evitar aumentar sus emisiones de GEI, sino que en muchos países desarrollados las mismas industrias deberán reducirlas. En tanto estas exigencias se encuentren reguladas por parte de los Estados nacionales, este escenario genera el marco propicio para el desarrollo de los “mercados de carbono”, en donde se intercambian esos “cupos” de emisiones. Considerando la posición de Argentina como un país con relativamente bajas emisiones de CO2 respecto de los países desarrollados, estos mercados abren una oportunidad para monetizar ese superávit. Y esta oportunidad no alcanza únicamente a las industrias locales que logren reducir sus emisiones, sino también a otros sectores productivos, como la agricultura y fundamentalmente la actividad forestal, que tienen la posibilidad de capturar carbono y a partir de estos mercados pueden valorizar ese atributo.

El rol de la política pública es convertir todos estos desafíos que se presentan con el cambio climático en oportunidades de desarrollo. A partir de incentivos, de regímenes de promoción, de regulaciones y de vinculación tecnológica, el Estado puede acompañar al sector privado de forma directa e indirecta en la búsqueda de alternativas que compatibilicen la reducción del impacto ambiental con un incremento de la producción y de la productividad. A la vez, esto permitirá elevar los estándares de la industria para hacer frente a las demandas de los mercados desarrollados, que ponen a la competitividad ambiental cada vez más a la par de la tradicional competitividad económica.

El cambio climático puso en jaque el sistema y los modos de producción industrial del siglo XX, que indiscutiblemente han mejorado de manera sustancial la calidad de vida de la población global. El desafío de la política industrial del siglo XXI no es abandonar estas formas de producción, sino encontrar cómo transformarlas de manera tal de sostener y profundizar ese desarrollo, y al mismo tiempo hacerlo ambientalmente sostenible.

^{misionproductiva - 13 de agosto de 2022}