En el documento oficial titulado “Carta de Jefatura de Gabinete: empresas públicas para el crecimiento”, elaborado por la Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación hace poco más de un año, en abril de 2017, tenía prevista la concreción de importantes reducciones de transferencias a empresas publicas, consideradas sobredimensionadas a lo largo de cada párrafo del texto oficial. Este documento es el resultado de la creación, bajo la gestión de Cambiemos, del Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicasa partir de octubre de 2016. El mismo está integrado por los ministros accionistas de las empresas (Energía, Transporte, Producción, Hacienda, Modernización, Comunicaciones y Defensa), dos miembros independientes  (en abril de 2017, Luis Mario Castro y Jorge Becerra) y los vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Además, el Consejo se reúne periódicamente en Casa Rosada “para seguir la evolución de 31 empresas públicas, discutir sus planes estratégicos y monitorear su desempeño. En las reuniones, los presidentes exponen sobre la situación actual de sus empresas y presentan lo que ellos consideran el rumbo a seguir”. (2017: 7).

A continuación se observa una linea de tiempo, presente en el documento oficial, que refiere a la “creación y estatización de empresas públicas” entre el año 2003 y 2015. 

Se ubica en 2004 la estatización del Correo Argentino (que pertenecía al grupo Macri e incumplió, entre otras cuestiones, el canon adeudado al Estado) y la creación ENARSA, en 2006 la estatización de Aysa (que despazó al grupo Suez, que exigía aumento de tarifas a cambio de realizar inversiones previamente comprometidas) y tuvo lugar, en el mismo año, la creación de ARSAT. En 2007 se produjo la recuperación de talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) y también de Yacimientos Carboríferos de Río Turbio (YCRT) y en 2008 tuvo lugar la estatización de Aerolíneas Argentinas (con el grupo Marsans quedando desplazado, luego de dos años de vaciamiento de la aerolinea de bandera). En 2007-2008 el gobierno desplazó al grupo Taselli de las lineas de trenes Roca y Belgrano Sur (en 2004 había rescindido la concesión del ferrocarril San Martin), y en febrero de ese año, a través de la Ley 26.352 se reorganizó la actividad ferroviaria creando dos Sociedades del Estado: la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y Operadora Ferroviaria, para posteriormente en diciembre de 2008 la ADIF se hiciera cargo de los bienes ferroviarios que le fueron transferidos por el ONABE. Para 2012 el estado nacional rescindió la concesión de TBA al grupo Cirigliano, que controlaba las lineas Sarmiento y Mitre. También 2012 tiene lugar la estatización de YPF, desplazando al grupo Repsol –caracterizado por la sobreexplitación petrolera y la subexploración durante los últimos años-, y en 2013 se crea de Belgrano Cargas y Logísticas. En 2015, empresa Argentina de Navegación aérea.

Este proceso de avance del control estatal es cuestionado en el documento oficial. En el apartado “El punto de Partida”, se vierte un diagnóstico marcadamente critico sobre el funcionamiento general de las empresas del estado, aludiendo a la falta de coordinación entre las mismas:

“En diciembre de 2015, el Gobierno encontró un portafolio de empresas públicas marcado por la falta de coordinación de las decisiones, la ausencia de estándares administrativos y de transparencia y, salvo excepciones, escaso profesionalismo en la gestión. En varias de ellas, además, reinaba la corrupción. Pese a que la tendencia mundial en las últimas décadas, recomendada por la OCDE, ha sido avanzar hacia agencias o modelos de centralización y coordinación, en la Argentina las empresas públicas todavía dependían exclusivamente de sus ministerios respectivos, que eran (y siguen siendo) sus accionistas formales. Así, la Secretaría de Transporte gestionaba las empresas ferroviarias sin saber ni interesarse demasiado por cómo el Ministerio de Defensa gestionaba Tandanor o qué podía aprender del sistema de compras de la Secretaría de Medios en la TV Pública y Radio Nacional” (2017:2-3)

Pero muy rápidamente el texto se dirige a la verdadera preocupación gubernamental: el gasto que significan estas empresas para las arcas del estado.

“Esta situación, combinada con un aumento en la cantidad de compañías, generó en los últimos años un creciente impacto de las empresas públicas en las arcas del Estado. En 2003, las empresas públicas no le costaron prácticamente nada al Tesoro, y hasta 2007 las transferencias fueron insignificantes. La tendencia cambió en 2008, con la estatización de Aerolíneas Argentinas y el primer gran salto en las transferencias a Enarsa, la petrolera estatal encargada de repartir los subsidios a la energía. Ese año el Estado transfirió a las empresas públicas alrededor de de US$2.000 millones, equivalentes al 0,4% del PIB” (2017: 2-3, negrita nuestra).

Lo que se observa, con claridad, es que el gasto es correlativo al proceso de estatización (por caso, Aerolíneas Argentinas es resultante de ello) y/o a la implementación de subsidios energéticos, como fue la función de Enarsa. El análisis del documento revela la critica, por elevación, al Estado como accionista y administrador de sectores de la economía relevantes para el desarrollo, cuando en efecto se realiza una justificación del proceso de privatizaciones en los 90 por la incapacidad del estado de brindar servicios eficientes.

“En las últimas décadas, el apetito empresario del Estado aumentó o disminuyó menos por un análisis cuidadoso de su rol que por vaivenes políticos, económicos e ideológicos. Buena parte de las compañías del Estado, por ejemplo, llegaron deterioradas a fines de los ‘80, con déficits generalizados, infraestructura atrasada y poca capacidad de brindar bienes o servicios a la población. En los ’90 se inició un rápido camino de privatizaciones, urgido por corregir los problemas de déficit e infraestructura. En la década anterior a 2015 el péndulo volvió a moverse y regresó la tendencia estatizadora: Correo Argentino, en 2003; AySA, en 2006; Aerolíneas Argentinas, en 2008; e YPF, en 2012, entre otras. Con la estatización regresaron muchos de los problemas tradicionales de la gestión empresaria del Estado argentino: administración inexperta e improvisada, empresas sin rumbo, déficits crecientes y, en ocasiones, como en Casa de la Moneda, Fabricaciones Militares o Enarsa, empresas aprovechadas para usos políticos y carcomidas por la corrupción, según auditorías recientes” (2017: 1, negrita nuestra).

Si este documento dejaba en claro el objetivo gubernamental de ajustar el gasto en las empresas publicas, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras entre Argentina y el FMI, redactado el 12 de junio (y publicado sugestivamente dos días más tarde en plena sesión de Congreso e inicio del Mundial de Fútbol, el 14 de junio), donde se detallaron todos los ítems del acuerdo y se confirmaron varias advertencias (como la liquidación del FGS) de la “campaña extrañísima” (sic) (1) de la oposición que había advertido que se podía volver al FMI. En relación a las empresas públicas, el memorándum sostiene:

“reduciremos las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas públicas que no están relacionadas con las tarifas de servicios públicos desde su nivel actual de 0,1 por ciento del PBI en 2017 hasta casi cero en 2021” (Memorándum Argentina –FMI).

Las transferencias

El documento elaborado por Jefatura de Gabinete incluye un detalle de las transferencias realizadas a las empresas públicas en 2015 y 2016.

La planificación del ajuste de las transferencias es muy ilustrativa: consiste básicamente en dos columnas de montos donde el objetivo evidente reside es la mera reducción de los montos. Tal es así que no explicita ni la importancia estratégica de las empresas estatales, menos aún de las razones que justificarían la reducción de las partidas sin afectar la razón de ser de tales empresas.

Tal como se percibe en el cuadro, sobresale el monto de transferencias a ENARSA, cuya reducción significa un 85% del recorte general de las transferencias. Esta reducción no está relacionada con mejoras en el funcionamiento de la empresa sino sencillamente con la caída del precio del petróleo a nivel internacional. La otra empresa cuyas transferencias se han visto sensiblemente recortadas refiere a ARSAT, cuya producción ha sido discontinuada por decisión del Gobierno Nacional. Entre ambos recortes, se conforma el 100% de la reducción de transferencias, ya que entre el resto de las empresas compensan aumentos y reducciones.

Vale mencionar de todas formas, las sensibles reducciones en los montos de Fabricaciones Militares y YCRT, que virtualmente paralizaron su producción.

Los despidos

En relación con los trabajadores de las empresas, el informe muestra que entre 2015 y 2016 se redujo la cantidad en 1.436 casos. Sin embargo, si se considera por separado las empresas en las que hubo saldo negativo o positivo en la cantidad de trabajadores netos en la comparación interanual, se percibe que la reducción fue de 2.199 empleos, compensados por el ingreso de 763 trabajadores.

Los despidos en el primer año de Cambiemos impactaron sobre el sector público en general y sobre las empresas públicas en particular. Entre ellas, las empresas de ferrocarriles fueron las más afectadas, junto con Fadea, de fabricación de aviones, la Empresa Argentina de Navegación Aérea, que organiza el tráfico aéreo, Fabricaciones Militares, Casa de Moneda y Lotería Nacional. Este último caso es paradigmático: Loterías es una sociedad que no tiene déficit. Sin embargo, sufrió el despido de casi 200 trabajadores.

Ahora bien, la información relevada por CEPA de despidos para estas empresas alcanzó los 2.264 despidos entre enero de 2017 y mayo de 2018. Entre ellos se destacan nuevos casos en Fadea, Fabricaciones Militares, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y Lotería Nacional y numerosos despidos en Radio Nacional.

Finalmente, con el objetivo de cumplir en parte con el pedido del FMI, y considerando que en la etapa del gradualismo los despidos ascendieron a aproximadamente 4.500 casos, podría estimarse un recorte aún mayor en esta etapa, que podría ascender a 10.000 puestos de trabajo en las empresas estatales. Esto implicaría una creciente conflictividad más que duplicando la estimación de despidos de estas empresas entre diciembre de 2015 y hoy, con un fuerte impacto en materia económica y con despidos en prácticamente todas las empresas estatales.

En términos materiales, ese recorte sólo implicaría una reducción de entre $1.800 (considerando salarios de 2016) y $3.000 millones (considerando salarios de 2018), es decir, si consideramos las transferencias a las empresas estatales en los niveles de 2016 de $91.273 millones, el ajuste en la plantilla sólo permitiría una reducción de dichas transferencias en aproximadamente 2% a 3%.

CEPA | 10-07-2018

Notas al pie

(1)  “Hay una campaña extrañísima organizada por el ex oficialismo donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al Fondo. Justamente es casi casi una propuesta contrapuesta, es salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales, para no tener que ir al Fondo. El arreglo con los holdouts es el camino para no ir al Fondo” Dujovne, 14 de marzo de 2016, programa Odisea Argentina.