El sistema jubilatorio en México volvió a la agenda pública con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Gobierno. La capitalización individual de administración privada dejó afuera del sistema a una cantidad creciente de trabajadores, consolidó las inequidades del mercado de trabajo, con especial énfasis entre las mujeres y los jóvenes y además no es sustentable en el tiempo. Así lo explica Berenice Ramírez, experta en el sistema jubilatorio y miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Ramírez fue invitada por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) para participar de grupos de discusión junto a expertos de Argentina, Brasil y Uruguay. Luego, dialogó con Cash sobre los rasgos del sistema de pensiones en México. 

"El nivel de informalidad en el mercado de trabajo en México es tan alto que más de la mitad de los trabajadores no accede a la seguridad social. Solo el 10 por ciento de los trabajadores cumple con los 24,4 años de aporte requeridos para acceder a su pensión. La cotización individual es insostenible por donde se la mire. Frente a esta situación, AMLO impulsó reformas que impactaron positivamente en los adultos mayores. Sin embargo, no es suficiente y se necesita una evaluación estructural del modelo actual, un direccionamiento de los fondos hacia la inversión productiva y una perspectiva más equitativa del mercado de trabajo", explica Ramírez.

--¿El actual sistema de capitalización individual en México es sustentable?

--La capitalización debe venir acompañada de incentivos que la hagan posible. Cabe aclarar que capitalización no es sinónimo de administración privada, como es el caso de México, donde las empresas administran los recursos y cobran una comisión, que redunda en una disminución importante del ahorro del trabajador. Así como hay modelos de capitalización individual, hay otros de administración colectiva o de administración pública. El modelo de capitalización podría funcionar con mercados laborales estables, es decir, si el grueso de los trabajadores estuviera formalizado y tuviera acceso a un contrato que les permitiera cotizar para un seguro de salud y de pensiones.

--¿Cuántos trabajadores mexicanos se encuentran en esa situación?

--Solo el 43 por ciento de la población mexicana laboralmente activa tiene un contrato formal, lo cual significa que más de la mitad de la población no tiene acceso a la seguridad social. Además, en muchas empresas las nuevas modalidades de contratación reducen o eliminan los aportes al sistema. Por ejemplo, los trabajadores de plataforma o los trabajadores a distancia no tienen aportes a la seguridad social. A eso se suma el clásico sector informal, el comercio callejero. Esta diversidad no permite un modelo de financiamiento en el que los trabajadores capitalicen individualmente.

Capitalización

--¿Cómo es el sistema de seguridad social mexicano?

--La seguridad social en México incluye salud y pensión: son cinco seguros cuyo objetivo es cubrir los riesgos del ciclo vital (riesgos de trabajo, discapacidades, vejez y muerte). Nosotros tuvimos un sistema que nació con capitalización parcial. Con el paso del tiempo, no se hicieron los cambios necesarios para resolver los problemas que se fueron presentando. Uno de ellos se relaciona con el tiempo mínimo de cotización. Al principio, se pedían diez años de aportes, lo cual permitía a muchas personas jubilarse a una edad relativamente temprana.

--¿Cómo impactó la reforma jubilatoria de la década del ’90?

--La primera reforma, que entró en vigencia en 1997, estuvo dirigida a los trabajadores del sector privado y en 2007 se aprobó la reforma del sector público. Hay dos organismos que prestan servicios al 90 por ciento de la población que tiene seguro social, pero hay otros contratos específicos. Es decir que, con las reformas, el sistema pasó de uno de capitalización pública a uno individual de administración privada.

--¿Qué otras características cambiaron, además del modelo de financiamiento?

--Aumentaron los años de trabajo necesarios para obtener el derecho a una pensión: los empleados del sector privado pasaron de trabajar 10 a 24,4 años para acceder a una pensión. Y la dinámica del mercado laboral actual impide que la mayoría de las personas alcance esa cantidad de años cotizando en el sistema de capitalización individual. Las contrataciones suelen ser de períodos cortos, con intervalos entre un empleo y otro. En algunos casos, eso significa interrupciones definitivas de la cotización. Más aún en el caso de los trabajadores independientes.

--¿Los trabajadores por cuenta propia no acceden al sistema de capitalización?

--Se inició un plan piloto con un proyecto del Gobierno actual para incorporarlos, pero falta evaluar su desempeño.

Reforma

--¿Qué reforma realizó el Gobierno actual al sistema de capitalización individual?

--En 2020 se evaluó el funcionamiento del sistema. Se midió cuántos habían llegado a la meta de cotizar durante veinticuatro años y medio de trabajo cumplidos. Se constató que apenas uno de cada diez trabajadores reunía ese requisito. La reforma implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) apuntó fundamentalmente a disminuir las semanas de cotización, pero mantuvo el sistema de capitalización individual. Siendo un gobierno progresista, se podría haber hecho una mejor reforma.

--¿Cómo podría haber tenido un efecto más estructural?

--Una revisión del funcionamiento de la capitalización individual habría habilitado la posibilidad de volver al sistema público. Los recursos provenientes de la capitalización no dieron la rentabilidad esperada y esto tampoco va a suceder en adelante por las condiciones del sistema financiero.

--Entonces, ¿qué acciones garantizarían la sustentabilidad del sistema?

--Dirigir los recursos hacia la inversión productiva permitiría que las prestaciones se sostengan en el tiempo. Recurriendo a su poder de lobby, las administradoras impidieron que se diera este cambio, a tal grado que el sector empresarial accedió a aumentar su porcentaje de cotización. Es decir, la aportación tripartita, que actualmente es de 6,5 por ciento de los salarios para las pensiones, tendrá un aumento progresivo hasta llegar a un 15 por ciento en 2030.

--¿En qué situación se encuentran los trabajadores que no reunieron los años de cotización para acceder a la pensión?

--La reforma contempla una pensión mínima a quienes no hubieran llegado a la cantidad de ahorro suficiente para adquirir una renta vitalicia. El problema es que esa pensión se fija apenas como un porcentaje del 84 por ciento del salario mínimo. Es previsible que el costo fiscal aumente para sostener las pensiones mínimas garantizadas. Sin embargo, un aspecto que no se ha querido debatir es que las transferencias del sector público al sector privado han aumentado el costo fiscal.

--¿De qué se tratan esas transferencias?

--La primera transferencia se dio en su momento cuando el Estado delegó la administración de las cotizaciones al sector privado. La segunda, cuando el Estado emite bonos para obtener recursos. La tercera es consecuencia del mal funcionamiento del modelo, porque si se acaba el poco ahorro alcanzado por los trabajadores, la diferencia para llegar a la pensión mínima la pone el Estado. El modelo es insostenible por donde se lo mire.

Inequidad

--¿Cuáles son las inequidades del mercado laboral que repercuten en el sistema de pensiones?

--Las desigualdades se proyectan durante todo el ciclo de trabajo. En el decil de menores ingresos, el 80 por ciento de los trabajadores no cuenta con acceso a la seguridad social y por lo tanto no contribuye para sus pensiones. Y es precisamente el sector que registra mayores rotaciones laborales. En cambio, en el decil de mayores ingresos, el 80 por ciento cuenta con acceso a la seguridad social y, al recibir salarios más altos, tiene mayor posibilidad de ahorro. Las nuevas modalidades de trabajo no están reguladas, es decir, en su mayoría se trata de empleo informal sin acceso a la seguridad social.

--¿De qué forma se profundiza la inequidad en materia de género y edad?

--La proporción de mujeres en actividad laboral es de alrededor de un 45 por ciento de la población femenina económicamente activa, menos que Uruguay o Argentina. Entre los jóvenes, y más acentuadamente en las mujeres, vemos dificultades para llegar a los años de aporte requeridos, porque inician sus trabajos en ocupaciones informales. A su vez, las tareas de cuidado que recaen sobre las mujeres contribuyen a esta inequidad. Los países de la región tienen una importante inequidad de género, aunque en Bolivia y Ecuador lograron que se aplicara un valor salarial igual para ambos sexos.

Pensión de bienestar

--¿Cuál es su análisis acerca de la política impulsada por AMLO que apuntó a mejorar la situación económica de los adultos mayores? 

--El actual gobierno hizo una reforma constitucional, cuyo artículo 4° establece que el Estado asistirá, mediante la pensión de bienestar para las personas de 65 y más años, las becas para estudiantes para hijos de padres y madres solos y solas y para discapacitados, con carácter universal. Además, incluye la atención de la salud y la provisión gratuita de medicamentos para quienes no tienen seguridad social. Cuando AMLO llegó al poder duplicó el monto de la prestación y la universalizó. Ese monto no solo ayudó al adulto mayor sino a quienes estaban en una gran situación de vulnerabilidad.

--¿Qué impacto tuvo esta prestación durante la pandemia?

--Durante la pandemia, estas prestaciones ayudaron a paliar el incremento de la pobreza que se había previsto. Se logró que la cantidad de pobres aumentara alrededor de tres millones en lugar de los ocho millones estimados inicialmente.

--¿La reforma implementada es suficiente?

--La pensión de bienestar es importante porque llegó a los adultos mayores, con una cobertura del 95 por ciento de la población de 68 años y más. La iniciativa de AMLO inició el corte en 68 años de edad y, entre 2019 y 2021, se llevó esa edad a 65 y más años. Pese a que la seguridad social tuvo una baja cobertura, entre los que trabajaron desde los años cincuenta en adelante, al menos un 30 por ciento tiene una pensión derivada de contribuciones, cosa difícil de replicarse en los jóvenes porque están registrando ingreso al empleo informal y con alta movilidad. Lo positivo es que, con estos cambios constitucionales, los próximos gobiernos tendrán que considerar el costo de estos aportes a la hora de programar el ingreso y el gasto público. Para hacer sostenible el gasto se tendrán que mejorar los servicios y las instituciones del Estado, así como buscar nuevas fuentes de financiamiento.

^{Fuente: Página 12 - Enero 2023}