La aparición de la pandemia trajo un pararte en gran parte de la actividad económica y, por lo tanto, en muchísimos puestos de trabajo y su respectiva remuneración, hecho que puso sobre la mesa la necesidad de discutir nuevas formas de empleo o ingresos. 

Ante este escenario reaparece con fuerza una idea que no es nueva: la de un ingreso universal ciudadano o renta básica. A partir de esta idea, vale la pena reflexionar si esos recursos se podrían utilizar de manera más eficiente y eficaz, de modo de no solo garantizar un ingreso, sino también otorgar un rol social y satisfacer otras necesidades.

Si bien más tarde o más temprano se irán retomando las actividades, muchas cosas no serán como antes. Uno de esos cambios, consecuencia de modificaciones en diversos sectores de la economía, será el fuerte salto en la desocupación (como ya se observa en países con regulaciones laborales más flexibles y mayor frecuencia de datos). Como eso implica pérdida de ingresos para quienes pierdan su empleo, el ingreso universal ciudadano aparece como solución a tal problemática. Antes de adentrarnos en el ingreso universal, puede ser útil contextualizar brevemente su origen.

En el capitalismo de la “edad de oro”, entrado el siglo XX, en el cual los grandes capitales se valorizaban en la producción industrial, las necesidades de empleo alcanzaban a casi toda la población. Ergo, una renta básica no tenía razón de ser. Sin embargo, esa tendencia se modificó: tras un menor ritmo de crecimiento y relocalización de al menos parte de las cadenas de valor la demanda de fuerza de trabajo disminuyó, especialmente en los países europeos.

Ese contexto dio lugar a la idea de una renta básica. Otorgar un piso de ingreso a toda la población solucionaría uno de los problemas de la falta de trabajo. Mientras tanto, los gruesos de las necesidades más básicas ya estaban satisfechas, en países cuyo estándar de vida es muy superior al de la mayoría de los países latinoamericanos.

Una primera mirada a esta idea puede parecer un salto cualitativo en los derechos. No obstante, amén de la discusión que implicaría implementación (monto, modo de financiamiento), resulta importante resaltar que el hecho de otorgar un ingreso universal sin contrapartida parece resignarse a la idea de volver a generar trabajo. Y la Argentina de hoy no necesita generar empleo meramente para que todo el mundo pueda tener un ingreso digno, hecho que motivó la génesis de esta política, sino también para producir y generar valor que satisfagan una infinidad de necesidades no satisfechas. Necesidades que estaban cubiertas en la Europa de los años 2000.

Si hay personas que saben construir y a su vez existen personas sin viviendas y sin cloacas. ¿El Estado va a otorgar ingresos sin contrapartida, erogación que, por restricciones monetarias, fiscales o externas tiene algún límite? ¿No sería mejor que esas transferencias sean condicionadas y utilizar ese instrumento para generar valor y satisfacer necesidades básicas que hoy no están cubiertas, es decir, construir viviendas o hacer cloacas?

Al mismo tiempo, aparece otro interrogante sobre el rol del trabajo. ¿Es únicamente la generación de un ingreso monetario la finalidad de este o cumple algún rol adicional en la organización social? Es evidente que la renta básica universal se encarga de lo primero. Sin embargo, por la misma erogación se podría exigir una contrapartida que contribuya a organizar a la sociedad, otorgando una función social a cada perceptor hipotético. De esta manera, el beneficiario tendría un rol socialmente reconocido, ganaría experiencia y además, generaría valor de uso para otras personas.

Existe una tercera alternativa (no excluyente): el salario “universal”. Este concepto que hoy menciona el papa Francisco y que también encuentra apoyo en otros grupos no es otra cosa que el reconocimiento de actividades que ya se realizan y cumplen un rol en generación de valor. Son actividades que hoy no las reconocemos en el espacio mercantil del proceso de producción, pese al rol social que cumplimentan, como pueden ser las tareas de cuidado al interior del hogar o actividades de reciclado. No es lo mismo remunerar tareas específicas que otorgar ingreso sin contraprestación.

Universalizar el ingreso puede ser útil para garantizar mínimos derechos a todos los ciudadanos, hecho que es necesario en una pandemia y se hicieron esfuerzo para lograr con un sector desprotegido, a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Sin embargo, la idea de un ingreso universal y no condicionado no parece una política eficaz ni eficiente para sostener en el tiempo en sociedades como las nuestras. Si el Estado tiene capacidad de financiar ingresos de quienes hoy no los tienen, parece ser mucho más fructífero utilizarlos para la puesta en marcha de pequeños empleos que agreguen valor en la economía y, de ese modo, se satisfagan otras necesidades de otras personas.

- Martín Carro, es economista (UBA), docente de la UNDAV e integrante de EPPA.

^{Suplemento CASH de Página/12 - 26 de julio de 2020}