El escándalo en Capital Humano estalló como una bomba sucia en el corazón del poder de La Libertad Avanza porque, si sobre algo echó luz el desmadre alrededor de Sandra Pettovello, es que la ministra tenía una relevancia en el ecosistema de poder oficial que la sitúa (casi) a la altura de Karina Milei y Santiago Caputo. Es más: en Casa Rosada ya hablan de una “guerra fría” entre El Jefe y la ministra favorita del presidente. 

La historia revela una serie de desmanejos, vicios de la casta y la confirmación de una capilaridad de servicios de inteligencia con mayor descontrol -pero por ahora menos daño- que en el gobierno de Mauricio Macri. Mientras la Justicia intervenía en la denuncia que hizo Juan Grabois por el no reparto de alimentos, una noticia revelada por C5N sacudió la interna oficial: una lista de gente contratada para “hacer caja” por el Ministerio de Capital Humano a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). ¿El señalado? El hasta ese momento secretario de Niñez, Pablo de la Torre, hermano de Joaquín, hombre fuerte en San Miguel y de la vieja guardia de General Sarmiento de la que también formaban parte Jesús Cataldo Cariglino -recuerden este nombre- y Mario Ishii. 

Según el entorno de De la Torre, varios de esos contratados eran los que se encargaban de las auditorías de los comedores fantasma. La discusión precedía al escándalo: De la Torre insistía con que los alimentos debían repartirse a la par de las auditorías. Luego de su alejamiento, funcionarios de Capital Humano encerraron en el Ministerio al director de administración de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), Federico Fernández, a quien presionaron para que firmara una declaración contra De la Torre, pero se negó. 

Cerca del secretario expulsado señalan a la secretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni, una ex militante cercana a Juan Cabandié, a quien los sanmiguelinos acusan de haber coordinado la operación contra ellos y Pettovello, y frenando la entrega de alimentos para responsabilizar a De la Torre. La paranoia de los hermanos tiene un punto donde sostenerse: Gianni, además de ex funcionaria del gobierno del Frente de Todos, fue pareja de Alberto Ignacio de Maio, quien fuera director administrativo durante la gestión de Victoria Tolosa Paz. Es decir, el encargado de comprar los alimentos que hoy Gianni denuncia como maniobras irregulares. Podría tener un argumento: durante los cuatro años de gestión, la SIGEN a cargo del albertista Carlos Montero nunca le puso precio al aceite, pero hay otro motivo, que habita en la dimensión humana de los conflictos, que le daría razones a Gianni para su cruzada, en caso que fuera genuina: un muy mal final de vínculo con De Maio, padre de una hija en común. Quienes conocen a ambos lo niegan y sostienen que Gianni comenzó una relación con el camporista Guido Veneziale antes de concluir el vínculo con De Maio por lo cual no debería guardarle ningún tipo de rencor.

Alrededor del Ministerio de Pettovello crecen las opacidades a la par de la reaparición de elementos de inteligencia. El predecesor de Gianni fue Maximiliano Keczeli, cuñado de Lucas Nejamkis, socio de Antonio Stiuso. En el entorno de Nejamkis se desmarcan: “Pettovello lo conoce a Maxi desde que eran chicos, cuando Lucas ni existía”. Podría ser, porque a Gianni también le imputan haber formado parte del esquema de Fernando Pocino. Cerca del ex jerarca de la SIDE lo niegan y alegan que el rumor forma parte de maniobras para ensuciar un escenario ya sumamente embarrado.

La causa relativa a la entrega de las cinco toneladas de alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, su vencimiento y los mecanismos para su entrega, deja entrever no sólo los problemas originarios del Gobierno en materia de gestión sino también su persistencia. Iniciada por una denuncia de Grabois, con base en información sobre la existencia de alimentos disponibles, no entregados y próximos a su vencimiento o vencidos, en un contexto de enormes necesidades sociales y situaciones de extrema vulnerabilidad, motivó una acción cautelar de tutela de Sebastián Casanello, el juez federal a cargo del expediente.

A pesar de la dureza de los términos de la denuncia de Grabois y del dictamen de la fiscal, Paloma Ochoa, que había requerido repartir los alimentos disponibles entre los comedores del Registro Nacional, Casanello fue cauto en su resolución. Ordenó un relevamiento de ambos depósitos e impuso a la administración la obligación de elaborar un plan para distribuirlos de acuerdo a su tipo, fecha de vencimiento y otras características. Si bien otorgó un plazo perentorio corto -72 hs.- la medida es cuidadosa de las competencias del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, no impone ni destinatarios ni características de la forma en que el Ministerio de Capital Humano debía cumplir con el deber de entrega de los alimentos.

Sorprendió, entonces, la actuación del Ministerio en el expediente, donde en vez de cumplir la resolución optó por la apelación, basada en cuestiones de competencia -sostiene que se trata de una cuestión del fuero Contencioso Administrativo- como en la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables. Es decir que, de acuerdo al Ministerio, la resolución de Casanello -que no ordena ni formas ni destinatarios para el reparto de los alimentos sino sólo su realización de acuerdo a condiciones razonables- sería una intromisión en facultades privativas de la política. La reflexión sobre el alcance de esas facultades es inquietante. Si la discrecionalidad política no es sobre las condiciones de la entrega, cabe concluir que, de acuerdo a la mirada del Gobierno, podrían decidir si la política pública adecuada para los alimentos es repartirlos o dejarlos convertirse en basura mientras más de la mitad de los niños son pobres.

Es imposible, ante estos espasmos amateurs del Gobierno -que se le suman al gasto extra de 450 millones de dólares por la importación de combustibles líquidos- no recordar la frase con la que Bambi Caputo rigoreó al Gabinete en los albores de esta administración: “Nosotros no venimos a mejorar el Estado, venimos a quebrarlo”. Ante ese objetivo, es esperable que episodios como los de Capital Humano o Energía se repliquen con más frecuencia.

Las posiciones públicas de Gianni no ayudan para despejar la idea de que forma parte un ecosistema aceitoso: tildó de “juez militante” a Casanello con la misma verba y asociada a los mismos periodistas que coordinaron la operación sobre la visita imaginaria del juez a la Quinta de Olivos. Se impone una pregunta: ¿por qué Gianni solo denuncia a una facción del Gobierno anterior? De todos los funcionarios que habitaron Desarrollo Social, ¿por qué solo a Tolosa Paz? ¿Y al Movimiento Evita, la verdadera organización que comandó la cartera durante los últimos 10 años? ¿Hay alguien jugando, a través de Gianni, también la interna del peronismo? Son preguntas. Por ahora, sin respuesta.

Volvamos a Cariglino: Sergio Neiffert, el hombre propuesto por el Gobierno para liderar la AFI, es alguien que trabajó durante muchos años muy cerca del ex mandamás de Malvinas Argentinas. ¿Se juega, en esta guerra a cielo abierto, la posibilidad de quedarse con el armado bonaerense para el oficialismo? ¿Será por eso que empezaron a correr rumores de desconfianza sobre Sebastián Pareja y Lule Menem en LLA? Nadie se atreve a descartar a Patricia Bullrich y Diego Valenzuela. El intendente de Tres de Febrero recibió un mensaje de Jorge Macri que pasó desapercibido en todos lados, menos en el PRO. El jefe de Gobierno porteño, días después del enfrentamiento del sector de su primo con el de Bullrich -que incluyó activamente a Valenzuela- se lamentó en X: “Otra vez un policía de la Ciudad fue baleado en la Provincia de Buenos Aires, en la localidad de Tres de Febrero. Esto no puede seguir sucediendo”. 

El nombre de Valenzuela cobra relevancia, también, porque a su jefe de Gabinete, Bautista Pino, le ofrecieron el lugar de De la Torre que finalmente aceptó Yanina Nanolembo, una ex funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, encargada de la articulación público-privada. Su vinculación con el Gobierno nacional nace a través de empresarios nucleados en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) de la cual su marido, Ignacio Gorupicz, es el vicepresidente primero. A través de ACDE, Nanolembo llega al Consejo de Política Social y, a partir de ahí, construyó la relación con Pettovello que culminó en la enorme responsabilidad que la ministra le asignó ayer.

El lunes también fue el día en el que se presentó la denuncia contra De la Torre -hecha por el propio Gobierno- que cayó en el juzgado de Ariel Oscar Lijo, el candidato del oficialismo para la Corte Suprema. En la causa, Fernández deslinda de responsabilidades a Pettovello y asegura que quien coordinó el sistema de pagos a través de la OEI fue Agustín Sánchez Sorondo, un funcionario que renunció en febrero, muy cercano a los De la Torre, pero que hoy está como delegado de la AFI en Madrid. Coincidencias.

^{Fuente: Cenital - Junio 2024}