El presente informe tiene como objetivo analizar la situación presupuestaria de las Universidades Públicas Nacionales y la evolución del poder adquisitivo del personal docente y no docente. En este marco, se realiza la comparación entre los impactos presupuestarios y salariales de la Ley insistida (Ley 27.795 “Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”) con el Proyecto del Gobierno (propuesta de modificación de la Ley 27.795).

La Ley insistida fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025. El 10 de septiembre, el Poder Ejecutivo decidió vetarla y devolverla al Congreso. Sin embargo, el 2 de octubre ambas Cámaras insistieron en su aprobación, por lo que la ley quedó definitivamente sancionada.

Ahora bien, el 21 de octubre de 2025, al momento de su publicación en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 759/2025 y suspendió su aplicación. El argumento fue que la ley no establecía de manera explícita de dónde saldrían los fondos para financiarla, y que su ejecución quedaría suspendida hasta que esas partidas se incorporaran al Presupuesto Nacional. Esto resulta contradictorio con la propia ley, dado que establece que el Poder Ejecutivo puede realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar su cumplimiento. Hace 136 días que se sancionó pero el Gobierno todavía no la aplicó.

Finalmente, el 23 de diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declaró inaplicable el decreto y ordenó al Estado Nacional cumplir con la Ley 27.795. Para evitar cumplir con la ley, el 18 de febrero de 2026, el Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

Esta Ley insistida establece aumentos en distintas partidas presupuestarias, diferenciando entre gastos de funcionamiento y recomposición salarial para docentes y no docentes de las Universidades Públicas:

• Gastos de Funcionamiento: dispone una recomposición presupuestaria para 2024 en función del aumento de la inflación publicada por el INDEC (desde mayo hasta diciembre inclusive), y actualizaciones bimestrales durante todo 2025. Estas actualizaciones alcanzan a las Actividades 14 “Asistencia Financiera para el Funcionamiento de las Universidades”, 15 “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”, 16 “Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades” y 25 “Fortalecimiento de la Actividad de Extensión Universitaria”, todas correspondientes al Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”.
• Actualización Salarial: establece la convocatoria a una paritaria nacional para que los aumentos salariales de docentes y no docentes recompongan la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023 (inclusive) hasta el mes posterior a la publicación de la ley (octubre de 2025), tomando como referencia el IPC publicado por el INDEC.

El Proyecto del Gobierno introduce cambios tanto en la recomposición de los gastos de funcionamiento como en la actualización salarial:

• Gastos de funcionamiento: se propone un aumento de $80.072 millones en la Actividad 15 “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”, en concepto de recomposición presupuestaria. Además, las Actividades 14, 15 y 16 del Programa 26 se actualizarán según la inflación publicada por el INDEC, siempre que esta supere el 14,3% anual acumulado. A su vez, la Actividad 25 “Fortalecimiento de la Actividad de Extensión Universitaria” queda excluida de este mecanismo de actualización, cuando en la ley sancionada se actualizaba por la inflación.
• Actualización salarial: se establecen incrementos escalonados para el personal docente y no docente de las Universidades Nacionales, con subas del 4,1% en marzo, junio y septiembre, calculadas sobre el salario básico de diciembre de 2025, totalizando 12,3% en el año. A su vez, establece la convocatoria a una paritaria nacional sin piso de incrementos en los salarios, cuando en la ley sancionada se establecían.

Presupuesto de Universidades Nacionales

El presupuesto de las Universidades Nacionales (Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”) registró un fuerte ajuste durante la gestión de La Libertad Avanza. Entre 2023 y 2025, la caída en términos reales alcanzó el 28,7%. Si se compara con el presupuesto vigente en 2026 en pesos constante (proyección de la inflación hasta diciembre basada en la mediana del REM), el crédito asciende a $4,87 billones. En términos reales, esto implica una reducción acumulada del 45,6% respecto de 2023.

Ahora bien, si se hubiera aplicado la Ley insistida, el presupuesto de Universidades Nacionales en diciembre de 2025 habría ascendido a $8,63 billones a valores de 2026. Esto habría implicado un crecimiento real de 35,1% respecto del presupuesto vigente en 2025 y lo habría dejado apenas 3,6% por debajo del nivel de 2023.

En cambio, el Proyecto del Gobierno incrementaría el presupuesto vigente de las Universidades Nacionales en 2026 en 12,4%, alcanzando $5,48 billones a valores de 2026. Incluso con ese aumento, el resultado sería una caída real de 14,2% frente a 2025 y de 38,8% en comparación con 2023.

Por lo tanto, mientras la Ley insistida permitía prácticamente recuperar el nivel presupuestario previo al ajuste realizado por el Gobierno, el Proyecto del Gobierno consolida ese recorte en términos reales, lo que implica un presupuesto de Universidades Nacionales 36,5% inferior al que hubiera correspondido bajo la Ley insistida.

Se realizó el siguiente agrupamiento de las actividades presupuestarias, para facilitar la comparación de sus principales componentes:

• Salarios: comprende las actividades 12 “Asistencia Financiera para el Pago de Salarios Docentes y Autoridades Superiores” y 13 “Asistencia Financiera para el Pago de Salarios del Personal No Docente”.
• Funcionamiento: agrupa las actividades 1 “Conducción, Gestión y Apoyo a las Políticas de Educación Superior”; 11 “Acciones Universitarias para el Desarrollo Nacional y Regional (Fondo Universitario para el Desarrollo Regional – FUNDAR)”; 14 “Asistencia Financiera para el Funcionamiento de las Universidades”; 15 “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”; 16 “Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades”; 17 “Desarrollo de Proyectos Especiales”; 23 “Desarrollo de Institutos Tecnológicos de Formación Profesional”; 24 “Promoción de Carreras Estratégicas”; y 25 “Fortalecimiento de la Actividad de Extensión Universitaria”.

En la Tabla 1 se presentan los distintos presupuestos vigentes (incluyendo la Ley insistida y el Proyecto del Gobierno) expresados en pesos de 2026. Por su parte, en la Tabla 2 se muestra la comparación en términos reales entre la Ley insistida y el Proyecto del Gobierno respecto de los demás presupuestos vigentes considerados.

Al prestarle atención a los últimos cuatro presupuestos (2023-2026), se puede distinguir que el gasto en salarios es, por lejos, el componente más importante del presupuesto de las Universidades Nacionales, dado que representa en promedio el 86,9% del total, mientras que los gastos de funcionamiento explican el 13,1%. En este contexto, al comparar en términos reales el presupuesto de 2026 con el de 2023 se vuelve evidente que el grueso del ajuste recayó sobre los salarios del personal docente y no docente de Universidades Nacionales. Entre esos años, el gasto salarial se redujo 43,2%.

Por su parte, los gastos de funcionamiento registraron una caída aún mayor en términos relativos (-57,1%), aunque su peso dentro del presupuesto total es sumamente menor. La reducción presupuestaria se explica principalmente por la virtual desaparición (reducción presupuestaria por encima del 70%) de varias actividades presupuestarias vinculadas a programas de desarrollo universitario y a ciencia y técnica. Entre 2023 y 2026, las Acciones Universitarias para el Desarrollo Nacional y Regional (FUNDAR) se redujeron 89,7%; el Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades, 77,4%; el Desarrollo de Proyectos Especiales, 91,6%; el Desarrollo de Institutos Tecnológicos de Formación Profesional, 71,6%; y la Promoción de Carreras Estratégicas, 77,4%. En conjunto, estos recortes explican gran parte de la caída del gasto en funcionamiento dentro del presupuesto universitario.

En contraposición, la única actividad presupuestaria que registró un aumento en términos reales desde 2023 fue 15 – Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios, cuyo presupuesto para 2026 se incrementa 19,8%. Sin embargo, su peso dentro del gasto total en Universidades Nacionales es muy reducido, ya que representa apenas el 2,3% del presupuesto universitario en 2026.

Ahora bien, si se hubiera aplicado la Ley insistida, el presupuesto destinado a salarios habría mostrado un incremento real de 36,3% respecto a 2025, ubicándose 2,7% por encima del nivel de 2023, evidenciando una recomposición presupuestaria. En cuanto a los gastos de funcionamiento, el aumento habría sido más acotado. Dado que la ley solo contempla incrementos en cuatro de las nueve actividades presupuestarias, el presupuesto registraría un crecimiento real de 25,7% respecto a 2025.

Aun así, este incremento solo permitiría reducir parcialmente la brecha con 2023, ya que el nivel de gasto seguiría siendo 37,5% menor. Esto se explica porque varias partidas vinculadas a programas de desarrollo universitario y a actividades de ciencia y técnica no fueron incluidas dentro de la recomposición prevista por la ley. De hecho, incluso con la aplicación de la Ley insistida, solo dos actividades presupuestarias mostrarían incrementos reales respecto a 2023: 14 – Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario (+15,6%) y 15 – Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios (+84,2%).

El Proyecto del Gobierno presenta una lógica muy distinta, pretende cristalizar y consolidar el ajuste presupuestario. Por un lado, propone una recomposición salarial de 12,3% respecto de 2025, distribuida en tres aumentos no acumulativos de 4,1% durante los primeros tres trimestres de 2026. Sin embargo, al considerar la inflación proyectada (REM de febrero 2026), este incremento se traduce en una reducción real del 16,0% en estas partidas frente al presupuesto de 2025. La caída es aún más pronunciada cuando se compara con respecto a 2023 (-36,7%) y en relación con lo sancionado en la Ley insistida (-38,3%).

Al comparar en pesos corrientes la diferencia también resulta contundente. El presupuesto que habría resultado de la aplicación de la Ley insistida (a finales de 2025) es $1,19 billones mayor que el presupuesto vigente de 2026 y $0,59 billones que el previsto en el Proyecto del Gobierno. La mayor parte de esta recomposición se concentra en las partidas salariales, siendo $1,16 billones más altas que en el presupuesto vigente de 2026 ($0,74 billones de salarios docentes y $0,42 billones al personal no docente). La brecha se amplía aún más en relación con el Proyecto del Gobierno. El incremento nominal en el presupuesto de salarios previsto en la Ley insistida alcanza $1,67 billones, mientras que el Proyecto del Gobierno prevé un aumento de apenas $0,49 billones, es decir, una recomposición 3,4 veces menor.

Por otro lado, en lo que respecta a las actividades presupuestarias vinculadas a gastos de funcionamiento, 15 – Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios, que crecería 45,6% respecto a 2025, según Proyecto del Gobierno, siendo el único en incrementarse en términos reales al comparar con 2023. Este resultado se explica principalmente por el incremento nominal de $80.072 millones previsto para esa partida, que equivale aproximadamente al 13,8% del presupuesto total de gastos de funcionamiento en 2026, lo que permite compensar parcialmente la caída en el resto de las actividades. De todos modos, los gastos de funcionamiento apenas crecerían 0,3% respecto al presupuesto de 2025, mientras que se reducirían en términos reales 50,2% en comparación con 2023 y 20,2% respecto a lo establecido en la Ley insistida.

Salarios universitarios

Desde la asunción del Gobierno de La Libertad Avanza, tanto los docentes como el personal no docente de las Universidades Nacionales registraron una fuerte pérdida de poder adquisitivo en sus salarios. La mayor parte de esa caída se concentró en los primeros meses de 2024, entre diciembre 2023 (inclusive) y julio 2024 la inflación acumulada alcanzó 134,6%, mientras que los salarios aumentaron 80,4%. Esto implicó una reducción del 23,1% en términos reales respecto de noviembre 2023. Tomando ese mes como base, el salario real se redujo 24,4% hasta diciembre 2024 (inclusive). Durante 2025 volvió a registrarse una contracción adicional del 10,1%, acumulando así una caída total del 32,1%. Finalmente, en enero 2026 se produjo una nueva reducción en términos reales, llevando la pérdida de poder adquisitivo al 34,0% en comparación con noviembre 2023.

Al comparar la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) correspondientes a un Hogar Tipo 2 en enero 2026 con los salarios básicos brutos (sin antigüedad) del personal docente y no docente de las universidades nacionales, se observa que solo una pequeña parte de los cargos supera la línea de pobreza. En ese mes, la CBT alcanzó los $1.360.299. Entre los docentes, únicamente los titulares con dedicación exclusiva superan ese umbral, con un salario bruto de $1.380.084, apenas $95.792 por encima de la línea de pobreza. En el caso del personal no docente, solo los cargos de los niveles 1 y 2 superan la CBT, con ingresos que la exceden en $518.138 y $205.068 respectivamente.

El resto de los cargos docentes con dedicación exclusiva percibe salarios que no alcanzan a cubrir la CBT, por lo que se ubican por debajo de la línea de pobreza. Algo similar ocurre con la mayoría de los escalafones del personal no docente, cuyos salarios tampoco logran superar ese umbral.

La situación es aún más crítica entre los docentes con dedicación semi-exclusiva y simple. Considerando que la CBA en enero 2026 fue de $623.990, solo los titulares y asociados con dedicación semi-exclusiva perciben salarios básicos brutos por encima de la línea de indigencia. El resto de los cargos docentes (incluyendo todos los de dedicación simple) se ubica por debajo de ese nivel.

La Ley insistida establecía la convocatoria a una paritaria nacional para que el salario básico del personal docente y no docente de las universidades nacionales recupere el poder adquisitivo perdido desde diciembre 2023 (inclusive) hasta el mes de su publicación en el Boletín Oficial (octubre 2025). Esto implicaba un incremento salarial del 44,0%. De haberse aplicado sobre los salarios de noviembre 2025 (mes siguiente a la sanción de la ley), el salario real del personal docente y no docente se habría ubicado apenas 1,3% por debajo del nivel registrado en noviembre 2023, recuperando la mayor parte del poder adquisitivo perdido durante la gestión de La Libertad Avanza.

Por su parte, el Proyecto del Gobierno establece una recomposición sobre 2025 en salarios se realiza en tres cuotas trimestrales no acumulativas de 4,1%, totalizando un 12,3%. Este esquema presenta dos problemas centrales. En primer lugar, ignora deliberadamente el ajuste realizado durante 2024, que fue el más significativo, desde noviembre 2023 el salario real del personal docente y no docente de las universidades nacionales acumuló una caída del 24,4%.

En segundo lugar, la recomposición propuesta resulta insuficiente frente a la dinámica inflacionaria de 2026. Según las proyecciones del REM, la inflación acumulada durante el los primeros cinco meses de 2026 alcanzaría 13,1%, superando ya el aumento total previsto de 12,3%. Para septiembre de este año, la inflación acumulada alcanzaría 20,3%, siendo 8 puntos porcentuales más elevada que la recomposición dispuesta en el Proyecto del Gobierno.

Por lo tanto, si bien el incremento se presenta como una recomposición de lo perdido durante 2025, esa mejora se diluye a lo largo de 2026. De acuerdo con el REM de enero de 2026, la inflación acumulada hasta septiembre sería de 16,3%, mientras que el aumento salarial seguiría siendo de 12,3%. En consecuencia, para septiembre 2026 se consolidaría una nueva caída del salario real de 3,4% respecto de diciembre 2025. En otras palabras, lejos de recuperar poder adquisitivo, el esquema propuesto termina profundizando el deterioro salarial.

Si se compara el salario de un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semi-exclusiva y sin antigüedad desde noviembre 2015, se observa una marcada pérdida de poder adquisitivo hasta enero 2026. Expresado en pesos de septiembre de 2026 (utilizando la proyección de inflación del REM de febrero 2026), ese salario alcanzaba $1.154.094,6 en noviembre 2015, mientras que en enero 2026 se ubica en $570.470,3. Esto implica una reducción del 50,6% en términos reales.

De haberse aplicado la Ley insistida, la pérdida de poder adquisitivo respecto de noviembre de 2015 se habría acortado la brecha sustancialmente, siendo que el salario habría alcanzado $852.229,7, lo que implicaría una caída del 26,2%. En cambio, bajo el esquema propuesto en el Proyecto del Gobierno, el salario proyectado para septiembre 2026 sería de $547.748,3, profundizando aún más la pérdida acumulada y alcanzando una caída del poder adquisitivo de 36,6% respecto a noviembre 2023 y de 52,5% en relación con noviembre 2015.

Conclusiones

• La ley 27.795 de financiamiento universitario fue sancionada por el Congreso el 21/08/2025, vetada el 10/09 y ratificada por el Congreso el 02/10. El 21/10 el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025 por supuesta falta de financiamiento, pese a que la propia ley habilitaba realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. El 23/12/2025 la Justicia ordenó aplicarla y, para evitar su implementación, el 18/02/2026 el Gobierno envió un proyecto al Congreso para modificarla.
• Presupuesto universitario: ajuste real de 28,7% entre 2023 y 2025 y 45,6% respecto de 2023 considerando el presupuesto vigente de 2026. Con la Ley insistida habría crecido 35,1% frente a 2025 y quedado solo 3,6% por debajo de 2023, permitiendo casi recuperar el nivel presupuestario previo al ajuste. En cambio, el Proyecto del Gobierno implicaría caídas de 14,2% respecto de 2025 y 38,8% frente a 2023, dejando un presupuesto 36,5% menor al de la Ley insistida.
• Presupuesto salarial: los salarios representan en promedio el 86,9% del gasto universitario (los gastos de funcionamiento sólo el 13,1%). Entre 2023 y 2026 el grueso del ajuste recayó sobre los salarios del personal docente y no docente, que se redujeron 43,2%.
• Gastos de funcionamiento: recibieron un ajuste de 57,1% real entre 2023 y 2026, principalmente por recortes superiores al 70% en programas de desarrollo universitario y ciencia y técnica. La única partida que creció fue la Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios, +19,8% en 2026, aunque solo representando el 2,3% del presupuesto universitario.
• Impacto presupuestario de la Ley insistida: si el Gobierno lo hubiese aplicado, esta ley habría aumentado el presupuesto salarial 36,3% real respecto de 2025, ubicándose 2,7% por encima de 2023. Los gastos de funcionamiento subirían 25,7% frente a 2025, aunque seguirían 37,5% por debajo de 2023, ya que varias partidas vinculadas al desarrollo universitario y a la ciencia y técnica no fueron incluidas en la recomposición.
• Impacto presupuestario del Proyecto del Gobierno: propone una recomposición salarial de 12,3% (tres aumentos de 4,1%), que con la inflación proyectada implicaría caídas reales de 16,0% frente a 2025, 36,7% frente a 2023 y 38,3% frente a la Ley insistida. Incluso, en pesos corrientes, la recomposición salarial implicaría un gasto 3,4 veces menor respecto de la Ley insistida. En cuanto a gastos de funcionamiento, aumentarían 0,3% respecto de 2025 y mostrarían caídas reales de 50,2% frente a 2023 y de 20,2% respecto de lo establecido en la Ley insistida. Únicamente crecería en términos reales Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios (+45,6% vs 2025), siendo explicado principalmente por el aumento nominal de $80.072 millones (equivale al 13,8% del presupuesto total en gastos de funcionamiento).
• Salarios universitarios: desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026 el salario real docente y no docente cayó 34,0%. La mayor caída ocurrió entre diciembre 2023 y julio 2024 (-23,1%). En 2025 volvió a caer 10,1%, acumulando una pérdida de 32,1% en diciembre de dicho año.
• Salarios por debajo de la línea de pobreza e indigencia: en enero 2026 solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes niveles 1 y 2 superan la línea de pobreza (CBT para Hogar Tipo 2), siendo que el resto de los trabajadores no docentes perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. Considerando la CBA, únicamente los docentes titulares y asociados semi-exclusivos superan la línea de indigencia, siendo que el resto de los cargos docentes, incluidos todos los de dedicación simple, se ubican por debajo.
• Incremento salarial según la Ley insistida: proponía recuperar el poder adquisitivo perdido entre diciembre 2023 y octubre 2025, aumentando al menos 44%, que habría dejado los salarios de noviembre 2025 apenas 1,3% por debajo de noviembre 2023.
• Incremento salarial según el Proyecto del Gobierno: propone una recomposición del 12,3% en tres aumentos trimestrales no acumulativos de 4,1%, insuficiente frente a la inflación proyectada en el año (20,3% hasta septiembre 2026). De este modo, el incremento ignora el ajuste realizado en 2024 y se diluye con la inflación de 2026, lo que significa una nueva caída del salario real de alrededor de 3,4% hacia septiembre de 2026.
• Salario histórico un Jefe de Trabajos Prácticos: un JTP semi-exclusivo sin antigüedad pasó de cobrar $1.154.094,6 (noviembre 2015) a $570.470,3 (enero 2026) en pesos de septiembre 2026, una caída real de 50,6%. Con la Ley insistida, la pérdida se habría reducido considerablemente dado que el salario sería $852.229,7 (-26,2%). En cambio, con el Proyecto del Gobierno, el salario proyectado para septiembre 2026 sería de $547.748,3, profundizando la pérdida de poder adquisitivo hasta el 52,5% respecto de noviembre 2015.