1- En 2001 se defaultearon 81.000 millones de dólares. El 92.4% se reestructuró en 2005 y 2010, es decir, 75.000 millones de dólares. Quedaron pendientes de resolución otros 6.100 millones (holdouts). De esos 6.100 millones, 900 (1,1% de la deuda no reestructurada) estaban en manos de los buitres (la demanda original en el juzgado de Griesa), mientras otros 5.200 millones se hallaban en poder de otros holdouts.

Horas después de que Argentina llegara a un acuerdo con los fondos de cobertura de Nueva York para poner fin a un engorroso litigio de deuda de 15 años, los principales funcionarios del área económica del gobierno hicieron el anuncio en Buenos Aires con total regocijo.

A más de dos meses de su asunción, los lineamientos económicos del nuevo gobierno están sobre la mesa. El conjunto de decisiones económicas adoptado por las nuevas autoridades del Estado argentino (maxidevaluación, disminución y reducción quita de retenciones a las exportaciones, apertura económica, desregulación, eliminación a las restricciones de compra de divisas, aumento de tarifas, quita de subsidios, eliminación del impuesto a los vehículos de alta gama, y “reinserción” en los mercados financieros internacionales previo acuerdo con los buitres y el FMI, etc.)

Los elogios que recibió la oferta del gobierno argentino a los fondos buitre por parte del mediador Daniel Pollack, del secretario del Tesoro estadounidense Jack Lew y del Financial Times, son la mejor prueba de lo mucho que ha ablandado la posición el macrismo respecto de lo que estaba dispuesto a pagar el kirchnerismo. La propuesta de pagar 6.500 millones de dólares en efectivo implica una quita del 25 por ciento respecto de la pretensión máxima de los acreedores, equivale al doble de lo que estaba dispuesto a conceder el gobierno anterior y genera ganancias para los fondos buitre de hasta diez veces lo que en su momento invirtieron en comprar los bonos argentinos defaulteados. Intentar cerrar el diferendo de esa manera muestra una gran vocación acuerdista y la urgencia que tiene la conducción económica para dar vuelta la página y poder acceder a financiamiento externo en mejores condiciones.

Una interesante nota publicada por el portal del oficialista Grupo Clarín el 5 de febrero, durante las negociaciones con los fondos buitre, revelaba que según “fuentes oficiales” el gobierno de Macri había “propuesto una quita en torno del 40 por ciento sobre los intereses a devolver a los acreedores” y que la estrategia “apunta a obtener una mayor quita a cambio de pagar en efectivo”. Otro medio publicaba exactamente la misma cifra el mismo día. Ambos calificaban a la oferta de “agresiva”.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó hoy que se obligue al Bank of New York Mellon (BoNY) a utilizar los US$ 539 millones que la Argentina depositó en 2014 para el pago a inversores en bonos reestructurados de la deuda pública, para atender el reclamo de los fondos buitre.

Los nueve principios básicos para guiar las reestructuraciones de deuda soberana que se aprobaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas serán incorporados a la legislación argentina. El canciller Héctor Timerman confirmó a Página/12 que el Gobierno enviará en los próximos días un proyecto de ley para rubricar el compromiso con los lineamientos diseñados para limitar el accionar carroñero del sistema financiero internacional, legitimar el derecho de los países a reestructurar sus pasivos y proteger a los acreedores de buena fe de los buitres. “El resultado de la votación en la ONU es una victoria histórica que pone un límite a los piratas del siglo XXI que aprovechan la falta de legislación global para infringir daño y obtener ganancias extraordinarias”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores durante una entrevista en las oficinas de la misión permanente del país ante la ONU, ubicada en un piso 25 que ofrece una vista panorámica hacia el condado de Queens.

1. Un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas. La reestructuración debe hacerse como último recurso, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores.

Para el ministro de Economía, Axel Kicillof, no es exagerado decir que “el resultado obtenido en la ONU por la Argentina en favor de su propuesta de normas para las reestructuraciones de deudas soberanas fue el mayor éxito diplomático y económico del país alcanzado en muchos años”. Especialmente, si se toma en cuenta su trascendencia tanto el momento por el que transita la crisis mundial, como los escollos que debió doblegar el proyecto, al cual se opusieron algunas de las principales potencias económicas del planeta. En la cartera de Kicillof nació el proyecto que, esta semana, recibió en Nueva York 135 votos a favor contra tan sólo 11 en contra. “Desmesurado”, es la primera expresión que utiliza el ministro al iniciar la conversación con Página/12, para calificar el éxito obtenido por la iniciativa.

Se retransmite la Carta abierta a la ONU publicada por 19 economistas internacionales y entregada a todos los países miembros de la ONU en apoyo a los principios sobre restructuración de deudas soberanas que se votarán este jueves: