La Argentina recibe actualmente un ataque por los más nefastos actores del mundo globalizado. Lo cual me impulsa a invocar en la defensa patria argumentos que fueron sostenidos en distintas épocas y pueblos, por calificadas personalidades con la finalidad de impedir el cobro de injustos reclamos.

Comencemos por señalar que San Martín en su carácter de "Protector de la libertad del Perú", el 8 de octubre de 1821 sancionó el Estatuto Provisorio que en la última Sección establecía: "El presente Estatuto regirá hasta que se declare la independencia en todo el territorio del Perú, en cuyo caso se convocará inmediatamente un Congreso General que establezca la Constitución permanente y forma de gobierno que regirá en el Estado".

El G-77+China (conformado por más de 130 países) aprobó en el marco de la Asamblea General del 9 de septiembre de 2014, la propuesta de crear un mecanismo de reestructuración de deuda soberana sustentado en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Dado que todos los países del G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Gran Bretaña) son altamente endeudados (usando la definición del Banco Mundial de más de ciento por ciento de la deuda en relación al PIB), este mecanismo podría aplicarse más allá de las economías emergentes y en desarrollo para abarcar a todos los países que suscriban el mismo. En adelante, tendrán un año para construir el mecanismo pudiendo seguir los lineamientos de la UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional).

Profundidad de la crisis. La crisis financiera internacional que detonó en 2008 no fue un problema de corto plazo, solucionable con un ajuste menor que regresara las cosas a su estado anterior. Es una crisis estructural de un modelo económico y financiero en el que convergen varias causas de desequilibrio y atraso: primero, las finanzas prevalecen por sobre la economía real; segundo, se acentúa la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza; tercero, se minimiza la función del Estado y se desregulan los mercados; cuarto, se equilibran los desequilibrios internos y externos con endeudamiento.

Se estructura así en muchos países una sociedad injusta y excluyente, que para colmo, tampoco crece. Pero tal vez lo más grave no sean los malos resultados económicos, sino el espíritu que se infunde a la sociedad.

Este panorama desolador ha sido descripto con visión histórica por el Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium: “56. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límites. En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta”.

Uno de las causas más importantes de esta crisis fue el endeudamiento externo puesto al servicio de un modelo injusto e inviable, que generaba concentración económica y exclusión social. En este contexto, surgieron grupos cuasi delictivos constituidos por los fondos buitre, de extraordinario poder económico, que realizaron un saqueo liso y llano de países débiles. Para eso contaron con la complicidad de algunos bancos, corporaciones, jueces y políticos influyentes de diferentes países (además de los caranchos nativos).

Su principal fuente de ingresos es la compra a precios ínfimos de deuda soberana de países quebrados, para después plantear litigios que les permitan cobrar esos bonos a su valor nominal. Lo peor es que en varios casos han tenido éxito. Ya nos referimos a ellos en varios artículos de Miradas al Sur, en especial sobre el terrorismo financiero (02/12/2012) y el nuevo establishment financiero (03/08/2014).
Estos especuladores ávidos pudieron surgir por la ausencia de normas jurídicas que regulen las reestructuraciones de las deudas soberanas. Por ejemplo, en el caso argentino actual, basta que el 1,5% de los bonistas buitre quiera cobrar el 100% de sus bonos de inmediato (1.800 millones de dólares), para que haya que concederle la misma facilidad al 92,4% que aceptó la reestructuración de la deuda, con quita de capital e intereses y mayores plazos para el pago (con un costo de más de 200.000 millones de dólares).
Las consecuencias de este modo de acción exceden en mucho al caso argentino y se proyectan sobre el conjunto del sistema financiero internacional. Con la sentencia del juez Griesa, ningún país deudor podría renegociar su deuda, porque se lo impediría la oposición de un solo bonista que quisiera cobrar de inmediato su valor nominal.

Una resolución que excede el caso argentino. No es la primera vez que la Argentina marca rumbos en la doctrina y la práctica de las relaciones internacionales. Ya en 1868 el Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Calvo sostuvo la jurisdicción de los tribunales locales frente a los reclamos extranjeros y les negó el privilegio diplomático que pudieran invocar. La segunda tesis fue formulada por el Ministro Luis María Drago en 1902, frente al bloqueo de puertos de Venezuela, que realizaban Gran Bretaña, Italia y Alemania para obtener por la fuerza el pago de bonos en poder de acreedores de esos países. Sostenía la Argentina que “la emisión del empréstito y del bono es un acto de soberanía, y el acreedor sabe que el pago puede ser rehusado o la deuda reducida por un acto similar, que los remedios civiles están vedados y que el Estado es sólo el juez de la capacidad de pago”. Con esa misma orientación se encara el problema actual.

El 9 de septiembre de 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió establecer un marco jurídico para los procesos de reestructuración de las deudas soberanas (por 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones). Se trata de una votación aplastante, que muestra una actitud de independencia de los representantes de los países más pobres.

Con esta decisión, se llenará un vacío en el sistema financiero internacional, que servía para que se perpetraran los mayores abusos en contra de los países más débiles. Este proyecto está motivado por la extorsión que los fondos buitre ejercen en contra de la Argentina, pero señalará el futuro de todas las reestructuraciones.

El nuevo marco conceptual a elaborar significará el fin de las estafas que cometen los fondos buitre con los bonos de deuda. Será un progreso indudable para todos los países que negocian de buena fe.

La decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La reestructuración de las deudas soberanas no ha sido legislada. Para salvar esta omisión legislativa, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió “elaborar y aprobar, mediante un proceso de negociaciones intergubernamentales y con carácter prioritario, en su período de sesiones de 2015, un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional, y lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible, de conformidad con las circunstancias y prioridades nacionales”. Decidió también que, antes de que concluya 2014, aprobaría el texto del marco jurídico multilateral a considerar en 2015. Después de la aprobación de ese marco jurídico, vendrían las adhesiones de los países y la puesta en vigencia del Tratado Internacional.

En los fundamentos del Proyecto de Resolución se observa que “las crisis de deuda soberana son un problema recurrente que entraña graves consecuencias políticas, económicas y sociales”… Reconoce “el derecho soberano de cada Estado a reestructurar su deuda soberana, que no debe verse frustrado u obstaculizado por las medidas adoptadas por otro Estado”.

Con respecto a los fondos buitre, afirma que obstaculizan las reestructuraciones porque “adquieren deudas de Estados altamente endeudados con fines especulativos en los mercados secundarios a precios con grandes descuentos con la intención de litigar para tratar de obtener el reembolso de la totalidad del valor”. Surge entonces la necesidad de “evitar que los fondos buitre se beneficien de litigios iniciados contra países endeudados… y socaven con ello el proceso de reestructuración de la deuda”.

La deuda externa que se infligió a los países pobres y las violencias, saqueos y extorsiones que han conllevado, fue uno de los peores instrumentos de dominación sufridos por los países endeudados; antes sólo eran los subdesarrollados y ahora ya ingresaron algunos desarrollados. Con este proyecto no se soluciona el problema financiero internacional; pero se castigará a los fondos buitre en una de sus principales operaciones, que es la reestructuración de la deuda externa.

Ojalá que con la nueva legislación internacional y nacional que surja, se establezcan las penas que corresponden a la extorsión, la usura, la evasión de capitales y los fraudes fiscales; y se castigue también a sus cómplices: las guaridas fiscales, los bancos, las corporaciones, los gestores políticos y los jueces concernidos. Esta decisión de las Naciones Unidas puede ser un primer paso; encuentra a la Argentina defendiendo su interés nacional, que como en las grandes horas de nuestra historia, coincide con valores universales.

El fallo del juez Griesa sienta un peligroso precedente para la región y cualquier país del mundo que quiera avanzar en políticas de desarrollo de manera autónoma y soberana. ¿Quiénes son y cómo actúan los fondos buitre? Apertura: Juan Carlos Junio, Diputado Nacional, Director del CCC. Panelistas: Agustín Rossi (Ministro de Defensa), Carlos Heller (Diputado Nacional, Presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados), Daniel Filmus (Secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas), Guillermo Carmona (Diputado Nacional, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados).

La histórica votación de la ONU refleja, como hace medio siglo cuando se votó la resolución que puso fin al colonialismo, un mundo que está cambiando. La votación es poderosa porque da cuenta del auge de nuevos polos (China, Rusia, América latina) y una crisis al interior de los tradicionales (Europa votó dividida, Estados Unidos perdió su poder de seducción). Lo que arrancó en el 2003, con un Kirchner solitario diciendo que “los muertos no pagan”, se cierra con Cristina diciendo lo mismo, en el mismo lugar, pero apoyada por otros 132 países.

Los débiles necesitan asociarse con otros para conseguir cosas. Solos, lo único que logran es reforzar su situación de debilidad. Esa ley de la vida también funciona para explicar la relación entre los países. La hegemonía solitaria que Estados Unidos ostentó durante los últimos 25 años es un ejemplo de ese comportamiento, como también la gran coalición multilateral que, en los últimos tiempos, intenta reemplazarla. Unos y otros, necesariamente, funcionan con lógicas distintas. Esa gran coalición internacional se anotó ayer un punto muy importante en la Asamblea General de la ONU.

Paul Singer, el propietario de NML Capital, le hizo, sin querer, un enorme favor a la humanidad. En un par de meses, deslegitimó por completo las reglas de la Arquitectura Financiera Internacional (AFI) existente y, de paso, fortaleció el respaldo de la mayoría del mundo a favor de Argentina. En ese sentido, la carta dirigida el pasado 25 de agosto al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, firmada por los economistas Joseph Stiglitz, Robert Solow, Dani Rodrik y José Antonio Ocampo, entre otros, y el ex primer ministro canadiense Paul Martin, constituye una parte del comienzo de una campaña global para transformar los mecanismos de reestructuración de deuda soberana. La otra parte es la iniciativa impulsada por el grupo G77 más China (integrado por más de 130 países) para elevar a la Asamblea General de Naciones Unidas una iniciativa de reforma al respecto.

El país atraviesa una compleja situación externa derivada de diversos factores, entre los cuales cobra gran importancia la negociación con los acreedores excluidos de los canjes de deuda previos. La resolución desfavorable para el país del litigio con estos actores ha llevado al Estado nacional a intentar salidas alternativas que permitan resolver la restricción externa, en el marco de las obligaciones contraídas por los distintos gobiernos democráticos que se han sucedido.

El gobierno afronta, por tanto, una disputa frente a diversos actores clave -económicos, financieros, políticos, judiciales - del capitalismo global.

El Ministerio de Economía cree que, en forma progresiva, el default se reducirá a los bonos emitidos bajo ley de Nueva York y confía en seguir sumando adhesiones en contra del fallo que favoreció a los holdouts. Por otra parte, los funcionarios entienden que la posibilidad de declarar en desacato al país, si se aprobara la ley de deuda soberana que desde hoy tratará el Congreso, es abstracta porque no se puede sancionar a un país.

El juicio de los buitres contra Argentina, el apoyo local de sectores ligados a esos fondos y la estrategia de resistencia del Gobierno frente a un fallo extravagante del juez Thomas Griesa ha colocado a la deuda en el centro del debate económico. Cash publicó tres opiniones que abordan la cuestión con diferentes enfoques para enriquecer la comprensión de este conflicto.

Estamos en un “default” (cesación de pago) no porque no podamos pagar, sino porque la Justicia norteamericana no nos permite que les paguemos a los tenedores de títulos de deuda (Discount) que residen en los EE.UU.