Es posible afirmar que en el siglo XXI asistimos a una nueva guerra por el territorio y la tierra.  Se visibilizó con la crisis de 2007-2008, cuando de forma masiva comenzaron a difundirse a través de algunos medios y organizaciones independientes, las denuncias de comunidades latinoamericanas y africanas, sobre los despojos que los gobiernos y las empresas estaban llevando a cabo a fin de ocupar sus territorios.  A esta “fiebre por las tierras” se le denominó acaparamiento de tierras o land grabbing en inglés.

En breve se entendió que los nuevos despojos territoriales eran más complejos que los de otras etapas históricas.  En parte porque los sujetos más activos en las compras de tierras son grandes empresas transnacionales que han consolidado como nunca su poder, y se encuentran respaldadas por sus gobiernos, su brazo armado y económico, y por sus instituciones internacionales, Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), etc.

También encontramos adquiriendo miles de tierras a sujetos que tradicionalmente no estaban vinculados con el sector primario.  Grandes fondos de capital provenientes de bancos como Goldman Sachs, personajes poderosos como George Soros, ex funcionarios públicos, fundaciones como la de la Universidad Harvard, fondos de pensión de los trabajadores de países como Estados Unidos y Canadá, encontraron en la compra de tierras un refugio ante la caída de la cuota de ganancia que generó la crisis, y a su vez, un sector que a partir de los altos precios de los alimentos, el petróleo y los minerales estratégicos, estaba generando importantes ganancias por el mercado especulativo.

Mientras los problemas de hambre se agudizaban para la mayor parte de la población mundial, las corporaciones que dominan el mercado alimentario como Cargill, Bunge, Monsanto, Syngenta, entre otras, registraban ganancias récord de hasta 400% más.  A su vez, países petroleros pero sin tierras de cultivo, como los Emiratos Árabes, Qatar, etc., y países con una creciente clase media, realizan aún grandes inversiones en tierras periféricas; es el caso de China e India.

Dimensión de los acaparamientos de tierra

La medición de las transferencias de tierra no es sencilla.  Generalmente los interesados en esta sistematización acuden a las notas periodísticas para dar seguimiento, lo que en parte resulta disperso, parcial y a veces poco riguroso.  En países como Brasil se cuenta con cifras oficiales de extranjerización de tierras, pero en otros como México los rubros jurídicos no visibilizan la privatización y extranjerización de los territorios.  No obstante, retomemos algunos datos para dimensionar el problema.

A inicios de agosto de 2017, Land Matrix, un observatorio que monitorea la compra de tierras desde el año 2000, reportaba que, de un total de 1 345 acuerdos concluidos a nivel mundial, se habían transferido 49 238 484 hectáreas de tierras para cultivos, programas verdes, minería, carreteras, turismo, etc.  El acaparamiento de tierras cobró una dimensión global, lo podemos encontrar en los cinco continentes, pero es un proceso que predomina en la periferia.

De acuerdo con el seguimiento de la organización GRAIN, entre 2006 y 2015, los países de América Latina en los que se encontró acaparamiento de tierras destinado a cultivos alimentarios, abarcaron una superficie de 3 927 450 hectáreas, mediante 59 adquisiciones.  Se trata exclusivamente de inversiones extranjeras, donde Brasil encabeza la lista con 2 727 502 hectáreas; seguido por Argentina con 513 116; Paraguay con 208 549; Colombia con 154 660; Uruguay con 144 178; Perú con 80 149; Venezuela con 60 000; Bolivia con 57 845; Jamaica con 30 000; y Belice con 1 600.

El origen de las inversiones extranjeras para compras de tierras en América Latina es muy diverso: Estados Unidos, China, Singapur, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, India, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá, Italia, Portugal, entre otros.  Pero también se registra un acaparamiento de tierras intrarregional, en donde capitales brasileños y argentinos están a la cabeza.  Brasil incluso es uno de los países que acapara tierras junto con Japón en África.

Aunque estas cifras nos dan una idea del problema, cientos de casos no están registrados ni se conocen públicamente.  Si a las tierras acaparadas para cultivos alimentarios agregáramos las que se destinan para megaproyectos mineros, carreteros, urbanos, turísticos, de energía (como el fracking y las represas), agrocombustibles, etc., las cifras se elevan considerablemente.

En México, por ejemplo, la mayor parte de los despojos de tierra son para desarrollos turísticos y de minería a cielo abierto; en este último caso, del año 2000 al 2012 se concesionaron en los territorios indígenas alrededor de 2 173 141 hectáreas para minería, de acuerdo con Eckart Boege.  Otro ejemplo es Brasil, donde sólo retomando 12 contratos registrados por Land Matrix sobre compras de territorios por parte de extranjeros para proyectos mineros, de energía renovable y de conservación en los últimos años, se genera una cifra de 698 344 hectáreas acaparadas.

Los siguientes retos

Desde 2014 los precios de los alimentos y los energéticos bajaron, lo que hizo que la inversión extranjera en tierras destinadas a estos propósitos se desacelerara, no obstante, el despojo territorial continúa.  Las preguntas que tenemos que hacernos son por qué y para qué.

En primer lugar, hay que decir que es probable que la acumulación por despojo que caracteriza esta fase histórica llegó para quedarse por un tiempo más largo.  La crisis de 2007 puso una alerta a los grandes capitales formados alrededor de la financiarización por el nivel de vulnerabilidad que tiene este tipo de riqueza; en respuesta han ido generando nuevos mecanismos para continuar mercantilizando la naturaleza, desde el aire con los servicios ambientales, hasta las semillas.

Esto implica que los Estados que compiten en la guerra intercapitalista, así como sus empresas y sus emisarios, los organismos internacionales, están haciendo una fuerte campaña a fin de institucionalizar los despojos territoriales.  Desde hace diez años el BM y la FAO se apresuraron a establecer una serie de “principios de responsabilidad” para los inversionistas, a la vez que promovían la compra de tierras, procurando con ello invisibilizar la ilegitimidad y la violencia de estos procesos y crear una imagen “positiva” del despojo.  Habrá que estar pendiente sobre la articulación de los nuevos discursos que procuren legitimar ideológicamente esta barbarie.

Otros riesgos son los nuevos mega acuerdos que comienzan a extenderse por el mundo, como el Acuerdo Transpacífico (TPP) que no podemos dar aún por muerto.  Con estos nuevos mecanismos se establecen condiciones muy desiguales entre los países centrales y la periferia; se otorgan mayores privilegios y certezas jurídicas, económicas y armadas a las inversiones extranjeras.  ¿De qué se les protege? De los pueblos, de su organización y resistencia.  Esta nueva institucionalidad colonial internacional debe ser un tema primordial para los movimientos sociales, los académicos y partidos de izquierda.

Entre los nuevos proyectos de despojo territorial ocupan un lugar central los vinculados con el agua.  Al estilo de Hubert Humprey, senador del Congreso de Estados Unidos en la década de 1970, quien decía en tono cínico que había escuchado decir que la gente podría volverse dependiente de su país para alimentarse, por lo que sería estupenda la dependencia alimentaria de otros países, hoy algunos de los mayores inversionistas opinan lo mismo con relación al agua.  Desde hace pocos años Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank, Credit Suisse, HSBC, y otros, están invirtiendo en el acaparamiento de los territorios donde se encuentran las reservas de agua.  Según la organización Amigos de la Tierra, en 2015 Colombia vivía más de 72 conflictos por la privatización del agua, Brasil 58, Ecuador 48, Argentina 32, Perú 31 y Chile 30.

Finalmente, es preciso que en tanto fase de transición donde el capitalismo no ha acabado por definir un modelo dominante de acumulación, surjan por un lado las preguntas oportunas sobre lo que están haciendo las élites del poder, y por otro lado se tome acción sobre la urgencia de articular un movimiento social más amplio en defensa del territorio y la vida.  Se necesita poner freno a las guerras del capitalismo.

- Polette Rivero Villaverde, Doctoranda en el Programa de Posgrado de Estudios Latinoamericanos e integrante del Laboratorio de estudios sobre empresas transnacionales del IIEc, ambos de la UNAM.

América latina en movimiento (ALAI) - 18 de septiembre de 2017