Éste no siempre fue el caso, ya que la anterior gestión dejó la conocida “tierra de oportunidades” (promocionada ante los inversores al inicio de la gestión macrista). Sin embargo, el actual gobierno ya le está haciendo pagar a la ciudadanía los términos de una dura hipoteca financiera, desembarco del FMI mediante. Una “pesada” herencia en vida. 

Haciendo foco en las finanzas públicas, cabe considerar algunos de los números que provee el FMI, que dan cuenta de la compulsión por la toma de préstamos. Si a fines de 2015 la deuda pública representaba el 52,6 por ciento del PIB, en tres años el indicador pasó al 78 por ciento, un aumento de 25 puntos porcentuales. Pero no sólo aumentó la deuda, sino que también lo hizo la parte que está en dólares: una fragilidad adicional, dada por el impacto que tienen las variaciones del tipo de cambio.  

Según los números del FMI, el déficit financiero del sector público (que incluye los intereses) cerrará este año en el 5,7 por ciento del PIB, casi el mismo que ellos estimaron para 2015. Si bien otros cálculos ubican el valor de 2015 por debajo, utilizamos el del FMI al solo efecto de mantener la homogeneidad. El déficit primario pasaría del 4,4 al 2,6 por ciento. La conclusión es elocuente: la situación fiscal no es mejor con el actual gobierno, pero lo que sí ha cambiado es la distribución de los recursos fiscales, menos déficit primario pero muchos más intereses. Los acreedores son los privilegiados.

El FMI señaló en su segunda revisión del acuerdo (11 de diciembre) que la dinámica de la deuda en el escenario base es “benigna” y que la deuda caería, según la consolidación fiscal planeada, a menos del 60 por ciento del PIB en 2023. Significa que, como mínimo, habría que pasar por un camino de cinco años más de duro ajuste y reformas estructurales, y recién ahí se llegaría a niveles de deuda similares a los de 2015. Los herederos no estarán muy agradecidos.

Peor aún así, como dice el Fondo, “la deuda es sostenible pero no con una alta probabilidad”. Entre los riesgos menciona: “el tamaño de las necesidades financieras bajo escenarios de estrés”, situaciones que más que la excepción, suelen ser la norma. O “el hecho de que la consolidación fiscal es ambiciosa”, lo que afecta la actividad, la recaudación, y la capacidad de repago. En este tipo de escenario, más factible, la fragilidad es inocultable. Esto es lo que en gran medida está reflejando el avance del riesgo país, que ya descuenta las dificultades financieras futuras. 

La apuesta del FMI es clara y pasa por apuntalar al gobierno para que prolongue las actuales políticas por otros cuatro años. La elevada exposición del organismo, cuyos balances mostraban que un 30 por ciento del total de desembolsos está hoy en día colocado en Argentina, ratifica esta afirmación. Tampoco ayuda el escalonamiento temporal: el 90 por ciento de los fondos comprometidos del programa (revisado) se habrán hecho efectivos entre 2018 y 2019. Después, poco y nada. 

Pero a partir de 2021 comenzarán las amortizaciones de los préstamos del programa del FMI, unos 3661 millones de dólares, que subirán a 20 mil millones en 2022 y a 22 mil millones en 2023 (los años de mayores amortizaciones), para terminar de cancelarse el préstamo en 2026. A este cálculo hay que agregarle otros vencimientos de deuda pública externa por 37 mil millones de dólares en 2022 y 28 mil millones de dólares en 2023. ¿Calcularán los funcionarios del Fondo que el país podrá abordar semejantes pagos? 

Las políticas ya se expresan en un fortísimo ajuste y el gobierno trata de ir por más. El panorama es de lo más complejo habida cuenta de los montos de deuda involucrados, que impactarán además a la hora de tomar decisiones soberanas. Por eso, es imprescindible no validar la continuidad de la actual gestión por cuatro años más. Hay que volver a instalar un modelo que no esté basado en la deuda y el ajuste, sino que trabaje por el bienestar de las mayorías y el crecimiento económico.

- Carlos Heller, Presidente Partido Solidario.

Suplemento CASH de Página/12 - 30 de diciembre de 2018