Hace unos meses Bolivia protagonizó una indudable crisis institucional. Evo Morales renunció a la presidencia en medio de episodios extremadamente controvertidos. Denunció un golpe de Estado en su contra y abandonó Bolivia alegando que temía por su seguridad. Buena parte de los países de la región -por medio de la Organización de Estados Americanos (OEA)- y la mayor parte de los medios de comunicación, propusieron entender los hechos como la renuncia de un presidente cuya legitimidad estaba socavada. Desde la lectura propuesta de los acontecimientos, el verdadero quiebre de la institucionalidad boliviana había ocurrido antes al consumarse un fraude masivo en las elecciones presidenciales, para fraguar una victoria en favor de Evo Morales. En muchos casos, a modo de reafirmación de estas perspectivas se planteaba que, como precedente, la propia candidatura de Morales era ilegítima.

Hoy esa versión comienza a mostrar fisuras. Mientras el gobierno de transición en Bolivia aporta cada día más muestras de su escaso apego por la democracia, las supuestas pruebas del fraude, aportadas por un informe técnico de la OEA, son discutidas en prestigiosos medios de comunicación, sobre la base de otros informes técnicos.

Una pregunta parece recobrar fuerza y hacerse espacio en el debate internacional: ¿hay pruebas de fraude en Bolivia? En definitiva, es en la veracidad, o no de las acusaciones de fraude, que residen las claves para comprender Bolivia hoy y los retos que enfrenta allí la democracia de cara al futuro.

"Fraude!". La génesis de la acusación

Cuando se produjeron las elecciones presidenciales, el 20 de octubre de 2019, los ánimos ya estaban tensados. A un contexto de fuerte confrontación entre el Movimiento al Socialismo (MAS), que era el partido en el poder, y la oposición política, se sumaba una candidatura cuya legitimidad estaba algo erosionada.

La constitución de 2009, aprobada en la gestión del propio Morales, sólo permitía dos mandatos consecutivos. Con vistas a autorizar una nueva candidatura, en 2016 el gobierno realizó un referéndum para modificar el artículo de la Constitución que lo impedía. El "No" se impuso por el 51.3% en un acto electoral que luego recibió las felicitaciones oficiales de la OEA.

Morales acudió al Tribunal Constitucional, con el argumento de que impedir su postulación vulneraba sus derechos políticos. En 2017, la justicia falló a su favor. En medio de la controversia que supuso una nueva candidatura de Morales, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, respaldó su legalidad. Para cuando se celebraron los comicios, el 20 de octubre de 2019, era claro que la disputa por la legitimidad de la candidatura de Morales no era suficiente para impugnar la legitimidad de una eventual victoria en las urnas. Las expectativas políticas de la oposición por la vía electoral eran acotadas: su esperanza era que el MAS no consiguiera ganar en primera vuelta, y que la oposición unida pudiera imponerse en un eventual ballotage.

La noche de las elecciones los resultados preliminares se comunicaron mediante el sistema de recuento rápido de votos, TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), cuya implementación fue sugerida previamente por la OEA. Al llegar al 83%, el escrutinio fue interrumpido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En ese momento, la diferencia entre el presidente Evo Morales y el segundo candidato más votado era de 7,87%. Al ser necesaria una diferencia de 10 puntos para ganar en primera vuelta, la oposición comenzó a festejar el ballotage. Cuando el sistema fue reanudado, el conteo rápido terminó dando la victoria a Morales en primera vuelta, por una diferencia mayor al 10%. Oposición, periodistas y observadores internacionales impugnaron el resultado. Fue entonces que se iniciaron las primeras manifestaciones opositoras en las calles.

Casi inmediatamente la OEA emitió un comunicado alegando que el cambio de tendencia en la última parte del escrutinio provisorio era "inexplicable". Desconociendo el resultado, y junto con la Unión Europea, Estados Unidos, Colombia y Argentina, exigieron que se realizara una segunda vuelta. La respuesta del presidente fue invitar a la OEA a realizar una auditoría. El organismo puso como condición que sus conclusiones fueran vinculantes, y Morales aceptó.

Los conflictos fueron escalando en las calles, alternándose con hostigamientos y agresiones dirigidas directamente contra funcionarios políticos y sus familias. En ese crítico contexto, en las provincias más conflictivas la policía se replegó. En timing con la escalada de la crisis, la OEA decidió adelantar a la fecha prevista la publicación del informe preliminar de la auditoría. A las 4 del domingo 10 de noviembre se difundió un informe que encontraba "graves irregularidades", en base a las cuales cuestionaba la integridad de los resultados de la elección del 20 de octubre. La recomendación era repetir el acto electoral. Sin esperar al informe definitivo, Morales acató la recomendación y ese mismo día anunció que convocaría a nuevos comicios. Sin embargo la tensión social escalaba, y el conflicto ya había producido la muerte de varios manifestantes de la oposición.

Con la policía amotinada y con la escalada de la violencia dirigida a funcionarios del MAS y sus familias, la gobernabilidad de Morales quedaba a en gran medida en manos de las Fuerzas Armadas, a las que hasta entonces el gobierno había evitado involucrar en el conflicto. Sin embargo, ese 10 de noviembre el propio comandante en jefe del ejército Williams Kaliman, "sugirió" la renuncia del presidente. Minutos después, Morales presentó su dimisión. No a su candidatura, sino al mandato que terminaba el 22 de enero de 2020. También renunciaron el vicepresidente y muchos otros funcionarios del MAS.

Dos días después, el secretario general de la OEA hizo declaraciones categóricas: "Dieron un golpe de Estado quienes se robaron la elección declarando un triunfo en primera vuelta". Almagro sugería que los incidentes que habían culminado con la renuncia de Morales eran legítimos ya que "no se le puede pedir a un pueblo que se deje robar una elección".

Cuando Jeanine Añez se auto-proclamó presidenta de Bolivia en un parlamento sin quórum, la comunidad internacional reconoció rápidamente al gobierno de transición. Los principales medios de comunicación dieron el fraude por cierto, con el informe técnico de la OEA como respaldo. A ese informe se había referido Almagro como "irrefutable". Pero, ¿lo era?

Las certezas "técnicas" en disputa

El 'think-tank' progresista estadounidense Center for Economic and Policy Research (CEPR) publicó un documento en el que indicaba no haber encontrado evidencia de anormalidades en el cambio de tendencia del resultado electoral antes y después de la interrupción del TREP. A pesar de su solidez estadística, muchos tildaron al estudio de "parcial" debido a opiniones realizadas por CEPR en el pasado y a que Guillaume Long, un ex-canciller de Rafael Correa, es analista allí aunque no ocupa un cargo jerárquico. Cabe notar que Long tiene un doctorado en estudios latinoamericanos por la London University, y que fue jefe de una misión electoral de la OEA en 2017. Por ello, para tener una opinión independiente sobre el análisis de los datos electorales del TREP, CEPR decidió contratar a Jon Curiel y Jack Williams, dos de los cinco investigadores principales con que cuenta el MIT Election Lab (laboratorio electoral del Instituto Tecnológico de Massachusetts). El jueves pasado Washington Post difundió las conclusiones de este estudio, que había sido publicado previamente en el prestigioso blog estadístico Monkey Cage. El estudio concluye que la tendencia post-interrupción del TREP era completamente esperable, por lo que no habría allí pruebas para dictaminar un posible fraude.

Debido a la repercusión internacional que recibió el artículo de Washington Post, la respuesta de la OEA no se hizo esperar. Gonzalo Koncke, jefe de gabinete de Almagro, firmó un documento que sostiene que "el artículo contiene múltiples falsedades, inexactitudes y omisiones". Para respaldar su impugnación al estudio, recupera y defiende las conclusiones del informe final de la auditoría técnica de la OEA. Cabe preguntarse entonces, ¿qué pruebas de fraude aporta el informe?

Irregularidades en el manejo del TREP

Una gran parte del informe de la OEA (más de la mitad) se centra en el hallazgo de diversas irregularidades en el manejo del TREP ("Hallazgo 1"). Un recuento provisorio tiene por definición un efecto efímero, y lo mismo ocurrirá con sus eventuales manipulaciones. Al no tener validez legal, lo que importa es si hubo o no manipulaciones del resultado definitivo. Por ello, las pruebas referidas al TREP no pueden dar cuenta de la consumación de un fraude sino, en todo caso, de una manipulación informativa (Para más información sobre la detención del TREP leer aquí).

Pérdida definitiva de actas electorales

El informe da cuenta de la pérdida definitiva de algunas actas electorales ("Hallazgo 3"). Dado que el sistema electoral de Bolivia estipula que una vez conformadas las actas no se guardan los votos, esta pérdida es un obstáculo para realizar el recuento de votos. Aunque las actas fueron destruidas en incendios comenzados en protestas opositoras al gobierno, el informe responsabiliza al oficialismo por la "deficiente cadena de custodia". Sin embargo, más allá de cómo se elija atribuir responsabilidades, difícilmente un incidente protagonizado por la oposición puede constituir la prueba de una manipulación electoral perpetrada por el oficialismo.

Llamativa cantidad de "observaciones" en las actas no computadas en el TREP

El equipo auditor destacó el alto porcentaje de observaciones en aquellas actas "que sólo fueron ingresadas en el cómputo final pero no fueron publicadas en el sistema TREP" ("Hallazgo 4"). Mientras que en el total el porcentaje de las actas con observaciones era del 37%, el porcentaje ascendía al 56% entre las 1518 actas que fueron cargadas sólo en el cómputo oficial.

Sin embargo, esta diferencia se encuentra dentro de lo esperable: cuando las actas resultaban dificultosas de leer, tenían obvios errores en las sumas u observaciones sobre los números de votos, no eran cargadas al TREP porque debían ser revisadas. De ese modo, las actas con mayor nivel de observaciones quedaban concentradas entre aquellas que no llegaron a ser procesadas en el sistema.

Tendencia "improbable": el último 5% del recuento electoral

El informe señala haber encontrado una "ruptura inusual en la tendencia de la votación hacia el final del conteo" ("Hallazgo 5"). Dicho de otro modo, las mesas electorales que reportaron sus resultados más tarde ("el último 5% del conteo"), tendrían una cantidad de votos para el MAS "extremadamente inusual". Con "inusual" se referían a que no había similitud con el resultado en el restante 95%, pero sobre todo con el del "5% de los votos que habían sido computados inmediatamente antes". El informe especula con el hecho de que sin esa mejora relativa en los resultados del MAS, no habría alcanzado los 10 puntos de diferencia que permitían ganar en primera vuelta.

Lo primero que es necesario aclarar es que ese 5% con una tendencia propia en el resultado, no forma parte de una selección aleatoria del total de los votos. En el último 5% de las actas, el 67% de los votos proviene de recintos "pequeños" (con menos de 1000 votantes inscriptos). En contraste, para el 95% anterior, sólo el 15% de los votos proviene de recintos "pequeños".

Este rasgo distintivo del último 5% es clave para explicar que sus resultados electorales difieran de la tendencia general, dado que la preferencia por el MAS tiende a ser mayor en recintos "pequeños". Así, lo "inusual" deja de serlo si observamos el conjunto de la elección según el tamaño del recinto: en los "pequeños" el MAS obtuvo el 66% de los votos, en comparación a un 44% de los votos en recintos "grandes". Todo esto tiene que ver con la polarización geográfica de las preferencias políticas en Bolivia, ya que los recintos "grandes" están ubicados en las grandes ciudades, donde el MAS logró una menor cantidad de votos que en zonas rurales, pueblos y ciudades pequeñas. Incluso en provincias donde al MAS no le fue demasiado bien a nivel general, como Chuquisaca y Potosí, en los recintos pequeños obtuvo el 73% y 72% de los votos respectivamente.

Firmas falsificadas o repetidas en las actas

La auditoría de la OEA describe la "existencia de un patrón de manipulaciones, falsificaciones y adulteraciones de actas electorales en seis departamentos que buscan beneficiar al mismo candidato" ("Hallazgo 2"). Para llegar a esta aseveración el equipo analizó las actas de 4692 mesas. El criterio de selección fue que el MAS haya obtenido en ellas más del 90% de los votos. Sobre esas actas, se realizaron pericias caligráficas que permitieron encontrar cinco firmas falsificadas. Los peritos caligráficos de OEA encontraron también que, de las 4692 actas, 226 fueron llenadas por 85 personas (es decir más de un acta llenada por una misma persona). Dado que en esas actas el MAS consiguió el 91% de los votos, la OEA asumió que las irregularidades buscaban favorecerlo. A continuación, especula que "seguro encontrarían más irregularidades si investigan más mesas".

Para atribuir correctamente una relación entre dos variables, es fundamental la existencia de un grupo control. Así, si creemos que hay una relación entre 'irregularidades en las actas' y 'alta preferencia al MAS', en ningún caso podremos aseverarlo observando exclusivamente las mesas en las que el MAS obtuvo más del 90% de los votos. Y es que no sabemos cuál es la prevalencia de irregularidades en las mesas en general (algo que podríamos indagar seleccionando una muestra de mesas al azar) o si, por caso, las irregularidades se repiten con la misma frecuencia en aquellas mesas donde la oposición tuvo mejores resultados.

Por otra parte, incluso si encontráramos que la selección analizada tiene más irregularidades que el resto de las mesas, sería necesario controlar que no se trate de una relación espuria. Esto significa que 'las irregularidades' y la 'preferencia política' podrían aparentar estar vinculadas, pero en realidad estar relacionadas por separado a una misma variable. Así, por ejemplo, ya que es conocida la polarización geográfica de las preferencias políticas, y el favoritismo por el MAS en las zonas rurales más alejadas, sería necesario controlar si las irregularidades están vinculadas con la procedencia geográfica de las mesas y los niveles asociados de acceso a la educación. En la medida que las mesas seleccionadas pueden tener un perfil muy específico (asociado a la alta preferencia política por el MAS que funcionó como criterio de selección), no es válido extrapolar a las mesas no analizadas lo encontrado en las que fueron revisadas. Es decir que no hay elementos para especular sobre lo que "seguramente encontrarían" en otras mesas.

Otra cuestión es que la falsificación de cinco firmas, en un conjunto de casi 4700 mesas, resulta demasiado excepcional como para referirnos a un "patrón de falsificaciones". Por su parte, si bien es irregular que 85 personas completen 226 actas, estas mismas actas incluyen las firmas y huellas de cada una de las autoridades de mesa que correspondían a cada acta. Es decir que diferentes actas no pudieron ser completadas en su totalidad por una misma persona.

^{Como puede verse en la imagen, si bien ambas actas han sido completadas con caligrafía casi idéntica, cada una tiene las firmas y huellas digitales diferentes.}

Una manera de poner a prueba la hipótesis de que las irregularidades en las 226 mesas tienen que ver con una falsificación de los resultados, es analizar la continuidad de los mismos con elecciones inmediatamente previas. Al comparar los resultados de las elecciones de octubre con los del plebiscito de 2016, encontramos que los votos al MAS alcanzan porcentajes muy similares a los votos por el "Sí": 91% y 87% respectivamente.

Finalmente, para tener un panorama general de cuán "extraordinarios" han sido el conjunto de los resultados electorales de 2019, comparamos con el plebiscito de 2016 la mayor cantidad de establecimientos que fue posible identificar en ambos actos electorales. Así, los datos analizados representaron el 87% de los votantes 2016 y el 81% de los votantes 2019. ¿Qué encontramos?

^{En el gráfico, cada punto representa un establecimiento de votación. Las escuelas coincidirán con la línea roja si hay igual porcentaje de votos al MAS en 2019, como al "Sí" en 2016. Se ubicarán por encima de la línea si en 2019 hay más votos al MAS y por debajo si hay más votos al "Si" en 2016. El color de los puntos indica el departamento o provincia a la que pertenece el establecimiento.}

- Hay una clara correlación entre los resultados de ambas elecciones. De hecho, en términos globales, se redujeron los votos al MAS con respecto a los votos al "Sí", y sólo aumentaron en Cochabamba (donde también se incrementó bastante la participación electoral).

- La polarización geográfica es similar en ambas elecciones: mientras las provincias de Cochabamba y La Paz fueron muy favorables al MAS, los departamentos de Santa Cruz, Beni y Tarija le fueron muy desfavorables.

- Los votos de las regiones desfavorables se concentran al principio del escrutinio, mientras se concentran al final del mismo los de las regiones más favorables. Eso explica el cambio de tendencia al ir cargando los datos.

Los retos de la democracia boliviana

Una vez que la denuncia de fraude queda al desnudo como una acusación con fundamentos cuestionables, se derrumba la lectura política montada sobre ese presunto hecho. En cambio, se hace evidente la importancia de los diferentes actores que protagonizaron la enorme crisis, cuyo desenlace fue la renuncia del presidente Morales. En este contexto, la idea de estar frente a un golpe de Estado recupera su legitimidad y adquieren el carácter de "pruebas" declaraciones como las del propio Luis Fernando Camacho, líder indiscutible en la presión post electoral al gobierno, quien contó cómo su padre negoció posiciones en la crisis con la policía boliviana y las Fuerzas Armadas.

En definitiva, desmontar la versión de un fraude "masivo" y "doloso" abre la necesidad de reconocer responsabilidades en el quiebre del orden democrático boliviano, incluyendo las que de alguna manera puedan atribuirse al desempeño de la OEA.

^{Cenital - 4 de marzo de 2020}