Hoy se conoció que, antes de la feria judicial, la jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó por inexistencia de delito a todos los imputados de la causa en la que se investigan las presiones de exfuncionarios y allegados al gobierno de Mauricio Macri, y el propio expresidente, a jueces y fiscales.

La decisión de la magistrada, que ya fue apelada por el fiscal Franco Picardi, benefició a Mauricio Macri; a su asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón; al exministro de Justicia Germán Garavano y al exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, entre otros.

Según Capuchetti ninguna de las presuntas víctimas denunció los hechos cuando ocurrieron, y señaló que no pudo constatar que los presionados hubieran tomado decisiones contrarias a derecho.

Como en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kichner, la jueza Capuchetti no tiene ningún inconveniente con desconocer cualquier hecho concreto que apunte hacia el ex presidente Macri o su entorno.

“La totalidad de los magistrados prestó su testimonio al ser formalmente convocados, en todas las ocasiones mucho después de haber culminado las supuestas presiones, o de haber intervenido en los expedientes que motivaron las alegadas injerencias indebidas, o incluso de haber cesado la administración que habría planificado dichas interferencias”, sostuvo la jueza en el fallo firmado el 7 de diciembre.

“Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la Justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no sólo se presume conocen el derecho y por lo tanto pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquél que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”, continuó Capuchetti, detallando un imaginario Poder Judicial prístino y que funciona como un reloj en un país en el que no existen el lawfare, la corrupción, las operaciones de inteligencia ni los aprietes mafiosos.

_{María Eugenia Capuchetti.}

La jueza Capuchetti, que también ha garantizado la impunidad de los responsables políticos del atentado contra CFK, prosiguió: “Es más: tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad”.

“Los magistrados supuestamente damnificados han prestado declaración testimonial y sus testimonios fueron coherentes y consistentes entre sí, y con respecto a lo resuelto en cada una de las causas traídas a su conocimiento, lo que evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones”, aseguró la jueza.

El fallo, difundido hoy en algunos tramos por la Agencia Télam pero revelado primero por el portal de noticias Infobae -propiedad del empresario de armas, ex Montonero y padrino político de Patricia Bullrich Mario Montoto- benefició también al exministro de Trabajo Jorge Triaca; a la legisladora porteña Graciela Ocaña y al jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.

El fiscal Picardi, en tanto, apeló la decisión de la jueza Capuchetti el 14 de diciembre con el objetivo de que se revoquen los sobreseimientos y se investiguen las maniobras sistemáticas para ejercer indebida presión sobre cualquier magistrado que tomara una decisión contraria a los intereses del entonces gobierno de Mauricio Macri.

Uno de los ejemplos salientes de la investigación, invocado en el dictamen fiscal, tiene que ver con la presión ejercida sobre la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó para que dejara su cargo.

_{Alejandra Gils Carbó.}

El fiscal remarcó en su apelación que lo que se investiga en la causa no son la sucesión de hechos aislados sino un conjunto de maniobras que se habrían producido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, protagonizados por los miembros de la denominada ‘mesa judicial’.

Las maniobras estuvieron destinadas a interferir indebidamente en la actuación funcional de ciertos magistrados para lograr fallos o decisiones en los que el Gobierno de Macri tenia interés: esa presión se llevó a cabo con la sistematización de denuncias contra magistrados, visitas personales y comunicaciones telefónicas y las acusaciones a través de medios y redes sociales.

La denuncia

La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigara el papel que jugó la llamada ‘mesa judicial’ durante el anterior Gobierno nacional e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo de Macri.

En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien dijo en un programa radial que en 2015 recibió la visita de un funcionario del Ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración testimonial).

_{Ana María Figueroa.}

Según dijo, ese funcionario le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego ratificado por el Congreso.

Los denunciantes señalaron como “responsables de los hechos” a los funcionarios “de altísimo nivel en el Gobierno de Macri”, que integraron lo que públicamente se conoció como la ‘mesa judicial’ de aquella administración. En la causa judicial, el fiscal Gabriel De Vedia declaró como testigo y ratificó las declaraciones periodísticas en las que contó que en 2017, antes de que la entonces procuradora presentara su renuncia, intentó frenar la embestida en su contra.

_{El fiscal Gabriel De Vedia.}

En declaraciones ante distintos medios de comunicación, De Vedia había contado que intentó frenar la persecución a través del vínculo familiar que tenía con Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón, uno de los integrantes de la mesa judicial macrista. “Yo le planteo el tema de la Procuradora. Primero negó la persecución. Para ellos no había persecución. Me dijo que el Ministerio Público iba a cambiar, que iba a haber un proyecto de ley para modificar el esquema y ahí le pregunté lo que me interesaba, que era que se acabe la persecución: ¿no se puede acabar? Me dijo que la Procuradora tenía que renunciar para no ir presa”, contó De Vedia, sobre su diálogo con Rodríguez Simón, en una entrevista radial.

El 27 de julio de 2021, ante la comisión de Acuerdos del Senado, Gabriel De Vedia ratificó su denuncia y detalló que las amenazas se extendieron también a la familia de Gils Carbó: “La respuesta (de Rodríguez Simón) fue ‘si me trae la renuncia de la Procuradora esto se acaba acá, si no, entonces meteremos presas a las hijas y a ella’. Me quedé sorprendido, no la esperaba”, expresó el fiscal en aquella audiencia.

La renuncia de Gils Carbó se dio en un contexto de creciente presión por parte del Gobierno de Macri, que no escondía su interés en desplazarla, pero además en un año en el que los números de teléfonos de los celulares de familiares suyos fueron publicados en el diario Clarín, y luego de que se la involucrara en una causa penal por supuestas irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación.

A pesar de este sobreseimiento, Rodríguez Simón sigue en condición de “rebeldía” en la causa en la cual lo investiga la jueza María Romilda Servini por la presunta persecución a los accionistas del Grupo Indalo: allí fue llamado a indagatoria en el 2020 y nunca se presentó.

^{Indymedia Argentina - 8 de enero de 2024}