1. Las jubilaciones ya perdieron: se encuentran 32,5% debajo del primer trimestre de 2023, incluso con los aumentos
2. El negocio de Milei: que esta situación no se retrotraiga, que las jubilaciones se mantengan un escalón mucho más debajo de la etapa anterior
3. Dinámica de actualización:
   1. Recomposición escasa: el 12,5% en abril pretende compensar una inflación de 20,6% de enero.
   2. 2023 tampoco se recupera: la actualización no resuelve el retroceso derivado del incremento inflacionario del segundo semestre de 2023, particularmente del 25,5% de diciembre.
   3. Licuación del bono: hay una decisión de que el bono no se actualice a la par de la inflación y vaya perdiendo poder adquisitivo.
   4. Ahora inflación: te cubro de eventuales incrementos de precios, pero sólo para que mantengas el nivel actual de ingresos.
   5. Atraso en otras prestaciones: la PUAM y PNC recién actualizarían en junio y solo 40%.

El Gobierno ha empezado a desarticular el sistema amplio de seguridad social, deteriorando el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, y afectando a los trabajadores que se jubilarán al disminuir el haber inicial.

Tomamos los datos de GBA porque si sumamos las jurisdicciones de CABA más Provincia de Buenos Aires concentramos el 52% de las Jubilaciones y el 54% de las Pensiones, solo en estas dos jurisdicciones de un total de veinticuatro. A 2015 la población de jubilados y pensionados fue de 6.273.646, jubilaciones 4.713.823 y pensiones 1.559.823, a nivel nacional.

El cuerpo inerte del jubilado que dijo “así no se puede más” y se pegó un tiro y los cuerpos apaleados de cooperativistas que manifestaban contra el recorte de subsidios trepanaron el campo de lo político. Son cuerpos que atraviesan a la política y la informan.

En lo que refiere estrictamente a la seguridad social, el autor considera que el proceso de legitimación es lento, posiblemente mucho más lento que la deslegitimación voraz que provocó el neoliberalismo. Sin embargo, se ha iniciado ese camino en pos de sociedades latinoamericanas en las que la garantía de derechos sociales y derechos humanos sea algo legítimo y, por ende, reclamable. Estima que la nueva seguridad social latinoamericana está dando cuenta de que las privaciones sociales no son sólo responsabilidad de los individuos carentes y sus familias sino, por el contrario, de la sociedad toda, y por ende es ella la que ha de dar respuestas adecuadas.

El proyecto de ley de “reparación histórica a los jubilados” propone la creación de una “Pensión Universal a la Vejez” en reemplazo de las actuales moratorias. Al respecto, proponemos un breve recorrido por la historia de las pensiones a la vejez no contributivas en el país.

Toda declaración de emergencia, sea por decreto de necesidad y urgencia o por ley, se traduce en una gama infinita, y por cierto imprevisible, de posibilidades de cercenamiento de derechos; siempre importa una restricción a los particulares y una correlativa ampliación de facultades del Poder Ejecutivo, y por ello, su declaración solo se justifica frente a una situación límite y extraordinaria. La situación previsional argentina en absoluto se encuadra en ese supuesto. La declaración de emergencia resulta para el caso, cuanto menos, innecesaria.

El intento liquidador de Propiedad Social para financiar el pago jubilatorio que propone el proyecto de Ley llamado de “Reparación Histórica de Jubilados y Pensionados”, la afectación de la sustentabilidad del sistema por confiar reformas pensionales sin flujos genuinos de financiamiento, la “reformita” tributaria que distribuye hacia los ricos y vincula sospechosamente a los jubilados a la patria fugadora y blanqueadora.

Las recientes resoluciones de la Corte Suprema que impiden la asignación de recursos tributarios coparticipables a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ponen seriamente en riesgo muchos de los avances que se lograron en la última década en materia de jubilaciones, asignaciones familiares y políticas públicas en general. Se trata de una medida que no sólo implica una reducción gigantesca de los fondos corrientes de la Anses, sino que además desvaloriza y pone en peligro al principal patrimonio de la misma: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).