La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, se convirtió en el eje de las miradas luego de que fuera denunciada por su exempleada doméstica por supuestamente haberle ofrecido un plan social o un contrato dentro del organismo que conduce a cambio de su renuncia, versión que ella negó. Más allá de los detalles a dilucidar, no es la primera acusación de este tipo que se realiza contra un funcionario público. 

En 2018, el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca fue denunciado por designar a su empleada doméstica en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), a quien además habría desvinculado sin indemnizar y de manera violenta mediante un mensaje de WhatsApp ("Sandra, no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda"). Se comprobó luego que sus allegados ocupaban decenas de puestos en dependencias oficiales y el SOMU, que estaba bajo intervención del Ministerio.

En Chubut, la exministra de Desarrollo Social Cecilia Torres Otarola debió renunciar en julio pasado luego de ser señalada por haber contratado con sueldos del Estado a una niñera que trabajaba para ella. 

Las gestiones irregulares que salpican el vínculo de los funcionarios con las mujeres que emplean en sus hogares no hablan sólo del uso discrecional que se hace de los contratos del Estado, sino que exhiben un trasfondo cultural más profundo: la dificultad para reconocer a esas personas como trabajadoras de pleno derecho. Deja traslucir la idea de que a una empleada doméstica no hace falta pagarle un salario acorde a la ley o garantizarle una indemnización y los beneficios que le corresponden por su tarea, sino que basta con darle algo a cambio. Lo que se tenga a mano, y si es a costa del Estado, mejor. 

Mercado laboral

El nivel de reconocimiento que existe del trabajo doméstico en la Argentina no guarda relación con la importancia que efectivamente tiene en el mercado laboral. Según registros oficiales, absorbe casi el 8% de los ocupados totales, valor que supera el 17% si sólo se contempla a las mujeres. En otras palabras, una de cada seis mujeres que trabaja, lo hace en el servicio doméstico.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) del último mes de 2019 —es decir, antes de la pandemia—, en el país existían medio millón de trabajadoras de casas particulares registradas. Sin embargo, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec muestra que en el cuarto trimestre de 2019 las empleadas domésticas eran un millón y medio. El dato que concilia ambos números es evidente: cerca de 70% de estas trabajadoras desempeñan sus tareas “en negro”. 

"Creo que la invisibilización de estas trabajadoras tiene que ver con las características de las personas que conforman el colectivo: son mujeres, pobres y en su mayoría migrantes", opinó Enrique Catani, profesor de Derecho social del trabajo y la previsión de la Universidad Nacional de La Plata, juez del Tribunal de Trabajo Nº 3 de esa ciudad y exdirector de Inspección Laboral de la provincia de Buenos Aires. En efecto, los registros oficiales muestran que el 95% de las personas que ofrecen este servicio son mujeres, 13% de ellas de nacionalidad extranjera, provenientes en su mayoría de países limítrofes.

Cuestión de clase

"Es un colectivo compuesto por mujeres que, además, hacen trabajos de mujeres que se considera que ‘no trabajan’ o que realizan tareas a las que no se les asigna valor; lo que tradicionalmente se decía ‘ama de casa’”, apuntó Catani, y destacó que “hay una dificultad para reconocerlas como trabajadoras que se ve hasta en la forma en que se las suele nombrar: ‘la chica que me ayuda’, 'la señora que hace la limpieza’”.  

Para Catani hay también una cuestión de clase. “Las trabajadoras domésticas son las trabajadoras peor remuneradas. En líneas generales tienen poca calificación profesional y en muchos casos conviven con situaciones de pobreza, lo que es una rareza porque en las sociedades modernas entendemos que el empleo es lo que te saca de la pobreza y en este caso no pasa”, precisó.  

"Las hadas madrinas que ayudan en las casas de mayores ingresos, lejos de tener alitas y varita mágica, son mujeres pobres, muchas de ellas con varios hijos y la mayoría sin siquiera haber terminado la secundaria", escribió la actual Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D'Alessandro, en el libro Economía Feminista. Cómo construir una sociedad igualitaria (Sudamericana).

Si bien es un trabajo masivo y, sobre todo, muy antiguo, recién en 2013 se sancionó una ley que reconoce a las empleadas domésticas una jornada máxima de 8 horas y licencia por maternidad. Además, la primera paritaria en la historia del sector en la Argentina fue negociada en 2015. Por otro lado, el régimen simplificado para la inscripción de empleadas domésticas, que además de sencillo es económico para el empleador y está pensado para estimular la registración, tampoco generó grandes resultados hasta el momento.

Según dijo a elDiarioAR Carlos Brassesco, apoderado legal de la de Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), el 2020 fue un año “durísimo” para las trabajadoras del sector, que por las medidas de confinamiento se vieron impedidas de un día para el otro de desempeñar sus tareas. Aunque en los registros del Ministerio de Trabajo se advierte una pérdida de 23.000 empleos formales entre septiembre de 2020 y el mismo mes del año anterior (una caída del 4,6%), según sus cálculos, son alrededor de 200.000 las mujeres que se quedaron sin trabajo en casas particulares.  

"Si bien se dispuso que los empleadores debían continuar pagándoles más allá de que no pudieran ir y se prohibieron los despidos, hubo un montón de transgresiones a esa normativa. A muchas simplemente les dijeron ‘no vengas más’ y les dejaron de pagar, pero también hubo cambios de condiciones de trabajo como reducción de horas", explicó Brasesco. "Naturalmente, el personal más afectado fue el que se desempeña en la informalidad", añadió.  

Frente a las voces críticas del trabajo doméstico, que consideran que oprime a las mujeres más pobres y perpetúa la idea de que las tareas del hogar son responsabilidad femenina, otras —ambas recogidas en el libro de D’Alessandro— señalan que la salida del laberinto no pasa por condenar la contratación de mujeres para trabajos en casas particulares sino por reconocer y valorar esa labor. Lo que se hace, en primer lugar, reemplazando las dádivas por el cumplimiento de los derechos que les otorga la ley.

^{elDiarioAR - 8 de enero de 2021}