Esa empresarialdad tiene propensiones monopólicas u oligopólicas. Dos ejemplos argentinos pueden ser Correo Argentino S.A. y el negocio eólico. En 2016, Sideco participó de maniobras que le permitieron la compra y reventa de seis parques eólicos con una ganancia estimada de 48 millones de dólares. En 2018, el diputado Rodolfo Tailhade denunció al ex Presidente Macri aportando un documento que certificaba que en mayo de 2016 Sideco Americana S.A. había comprado los activos de una empresa fantasma (WPA) en 902.500 dólares por el negocio de los parques. Pues bien, en un mismo territorio las propensiones monopólicas u oligopólicas se cruzan con las de otros sujetos no-criminales que también se orientan al oligopolio y a las relaciones sociales que pueden facilitarlo. En estos juegos de capital social y en la propia cultura mercantil de los empresarios violentos reside la posibilidad de la acción mafiosa.

La empresarialidad violenta es un distintivo que se mantiene en distintos contextos espaciales y temporales, aunque las técnicas relacionales y colusivas pueden sofisticarse según dónde operen. La bipolaridad de los fenómenos mafiosos viene de lejos y es de larga data. La encontramos en las primeras manifestaciones de las mafias ancestrales italianas, que intermediaban entre la cultura urbana y la rural. Esto es: se manifestaban como poderes que lograban empalmar culturas antitéticas. Esa bipolaridad hoy se ha sofisticado y se mueve sobre el eje local/global. El fenómeno mafioso hoy tiene alcance internacional. De esto desciende que las mafias son fenómenos con una gran capacidad adaptativa. Este poder bipolar que logra acercar y sintetizar manifestaciones que en la vida social tendemos a pensar como alejadas y hasta antitéticas tiene también una declinación política. JxC logró anudar sectores del peronismo con sectores del radicalismo. El carcelero de Milagro Sala lo explicó bien luego de recibir las críticas al populismo que Macri hizo remontar hasta un político de la mayor relevancia en la historia política nacional: Yrigoyen. El contador Morales subraya que JxC es una confluencia de partidos: “Cuando planteamos en la Convención sumar a fuerzas políticas con coincidencias programáticas, pensamos en sectores del peronismo que tengan estas coincidencias, pero nuestra apuesta es ratificar a JxC”.

Matices

Una organización forma parte de la criminalidad organizada transnacional (TOC por su sigla en inglés: Transnational Organized Crime) si responde al menos a seis de estos criterios:

1. Colaboración entre más de dos personas (requisito obligatorio)

2. Atribución de roles específicos a cada uno de sus miembros.

3.  Operatividad de larga duración o por un tiempo indeterminado.

4. Formas internas de disciplina y control.

5. Sospecha de infracciones penales graves (requisito obligatorio).

6. Alcance internacional.

7. Uso de la violencia e intimidación.

8. Lavado de capitales.

9. Utilización de estructuras comerciales o afines.

10. Influencia sobre el poder político, mediático, la administración pública, el Poder Judicial o la economía.

11. Finalidad de lucro o poder (requisito obligatorio) (Alain Rodier, Triadi, la minaccia occulta della criminalità cinese nel mondo, Fuoco Edizioni, 2016).

Una mafia es una TOC que suma otros requisitos específicos: una tradición, ritos de iniciación, reclutamiento local y cierto código conductual que los mafiosos llaman “código de honor”. Por ejemplo, los cárteles latinoamericanos son TOCs, pero no son mafias porque no poseen una tradición ancestral ni ceremonias de iniciación establecidas, tampoco manejan un código interno y además pueden reclutar a hombres de nacionalidades distintas. De esto desciende que un poder bipolar, que conjuga contrarios y los sintetiza, produce más poder. Los mafiosos son agentes de poder.

Estado-mafia

La ley positiva y racional en los órdenes constitucionales se considera un límite para los comportamientos (criminales incluidos) y un canal de comunicación dentro de una comunidad. Nos protege de ciertas conductas y garantiza cierta preservación de un mundo común. La legislación en un sentido amplio une nuestro universo mental con nuestra existencia física y cumple también una función antropológica, puesto que nos constituye como seres racionales. Conecta las dimensiones biológicas y simbólicas que nos caracterizan como seres vivientes (Alain Supiot, Homo juridicus, ensayo sobre la función antropológica del derecho, Siglo XXI, 2012). Es entonces un instrumento que debería tutelarnos el poder, para limitar su acumulación constante o desorbitada. Pero si la ley es teóricamente un freno del poder también es cierto que éste desafía permanentemente la ley. Y si la ley levanta barreras de contención respecto del poder, éste trata de sobrepasarlas.

La legalidad que conocemos dentro del Estado capitalista es aquella instituida por los grupos de poder. Y esta legalidad frecuentemente es desatendida por los grupos que la instituyeron. Si se acepta este postulado, es necesario reconocer que la legalidad tiene un núcleo desviante que prefigura excepciones, que ofrece aperturas, que permite activar artificios para su propia negación. Ese núcleo es también el punto de conexión para que las mafias activen el continuum legal-ilegal e infiltren el Estado. La legalidad, tal como la conocemos en la racionalidad capitalista, incluso si no se empalma con su contrario, perpetúa la desigualdad, porque las leyes tienden a tutelar sobre todo a los sujetos y grupos de poder. Además, la desigualdad —en clave legal-jurídica— permite diferenciar las conductas criminales de los comportamientos “normales”. Los criterios usados para distinguir la criminalidad de otras formas de comportamiento reflejan los intereses de estratos sociales específicos y no el consenso general sobre lo que debería considerarse justo o injusto. Las categorías jurídicas son orientadas por el poder y los grupos de poder “raramente se preocuparon del orden social en abstracto, sino del orden social concreto y de las normas específicas que promueven sus intereses económicos, políticos y de status” (William Chambliss / Milton Mankoff (eds.), Whose Law? What Order? A Conflict Approach to Criminology, Wiley, 1976). Las leyes son requerimientos generales, emitidas por lxs representantes del Estado, que por lo general gobiernan sobre la base de estos ordenamientos generales y legítimos que ellxs mismxs emiten. Pero pueden abstenerse de hacerlo, ejerciendo su autoridad política según otros criterios, otros set de reglas, distintas respecto de aquellas legítimas. Cuando esto sucede, se abre una puertita para que ingrese la ilegalidad, anillo de conjunción Estado-mafia. Un ejemplo de esto se constituyó alrededor de la AFI macrista y por eso mismo la Bicameral de fiscalización de organismos y actividades de inteligencia presidida por Leopoldo Moreau habló de “Estado mafioso”. 

Desigualdades

Las desigualdades propias del capitalismo determinan grados distintos de libertad y poder. Sabemos quién es el pastor tecno fascista que encarna este precepto. El grado de libertad y poder que se maneja determina ciertas elecciones y habilita ciertas acciones. A cada grado de libertad le corresponde un grado de poder. Esa gradualidad determina la capacidad de actuar y de elegir que cada unx tiene. La distribución asimétrica de libertad/poder a algunos les permite transformar las acciones de otrxs en ventajas para sí mismos (Zygmunt Bauman/Tim May, Pensando sociológicamente, Nueva Visión, 2007). Y puesto que los sujetos y los grupos de poder gozan de un grado elevado de poder, de eso desciende que tienen la libertad de llevar a cabo acciones delictivas en contra de otrxs: las grandes mayorías y sus representantes. A un mayor grado de poder le corresponde una mayor libertad: por ejemplo, de atribuir definiciones criminales a otrxs y alejar la etiqueta de sí mismos. A un mayor grado de poder corresponde también una mayor capacidad de controlar sus efectos y el sujeto/grupo que lo ejerce incluso tendrá la capacidad de que su accionar criminal no sea percibido como tal. Tendrá la posibilidad de impedir que sea designado como tal por otrxs. Estas formas criminales tienen que ver con actores con una elevada capacidad de libertad y poder. (Capacidad desplegada en el corazón de la pandemia: vos en casa y un puñado viajando impunemente.) Sus formas criminales pueden manifestarse a través de actos de explotación (violando legislaciones laborales), conduciendo empresas de manera irregular, llevando a cabo actos de saqueos (contaminación, destrucción de ecosistemas), parasitando un Estado o colonizando algunos de sus segmentos, pasando por una gran variedad de formas de depredación. De esto desciende que la criminalidad de poder bipolar se especifica como exceso: de libertad, poder y control sobre otrxs. 

Derecho viejo

Frente a la criminalidad, el Estado moderno se ha dotado de la ley penal. El derecho penal es entonces la disciplina para paliar las formas criminales. El significado del derecho puede coincidir con el de la administración, o sea, una serie de técnicas de gobierno; o puede coincidir con valores generalmente compartidos. Lxs sostenedores de la legalidad strictu senso son formalistas puesto que derivan las normas de conducta de los textos escritos. No atribuyen funciones especiales ni a los valores, ni a las inclinaciones (ideológicas), ni a la historia o a la cultura de lxs que administran la justicia o de quienes son administradxs por ellxs. Para lxs formalistas la justicia es un compendio de textos, una “biblia”, y “la tarea del juez y de otros operadores de justicia consiste en discernir y aplicar la lógica de ese compendio” (Richard Posner, Reflections on Judging, Harvard University Press).

Quien se limita a interpretar los textos jurídicos como si fueran un oráculo suele ser indiferente a las consecuencias prácticas de sus interpretaciones. Lxs realistas, en cambio, son sensibles al resultado que tiene la aplicación de las normas y examinan las consecuencias sistémicas junto con las consecuencias contingentes. Sea que se considere la ley como un repertorio de técnicas o como depositaria de valores universales, la criminalidad del poder puede encontrar legitimación en ambos paradigmas. Dentro del primero, los sujetos o los grupos de poder confirmarán que su impunidad se debe al tratamiento preferencial que reciben de las normas, mientras que dentro del segundo invocarán el propio derecho a ignorarlas y, pragmáticamente, a modificarlas. Lxs jueces cognitivamente avaros consideran que la innovación jurídica es cara. (Desde Chile escuchamos al cortesano Rosenkrantz subrayar la palabra “costo”.) Entonces apelarán a los textos existentes, favorables a los criminales de poder. Operarán cual oráculos, encontrando todas las respuestas en los códigos ya existentes. Lxs jueces proclives a la aventura cognitiva tratarán los textos jurídicos “como una rama de la retórica o de la literatura, o, quizás sin reconocerlo, de la política” (Posner, p. 82). Por eso estarán dispuestxs a modificar las leyes y sus interpretaciones. Encontramos aquí una mayor cuota de humanismo, pero también un peligro: la posibilidad del derecho creativo o del derecho de autor. Los conservadores manifiestan una pasividad jurídica puesto que encuentran “inspiración” en las “biblias” y los innovadores creativxs están dispuestxs a reescribir esos textos. Pero, a pesar de estas diferencias, tanto unxs como otrxs condonan y fomentan la criminalidad de poder. Esta gana siempre. Pero gana más frente al vacío jurídico. 

Insatisfacción

Si en un código penal no existe la tipificación “asociación mafiosa”, ser mafioso no es un delito. La vaguedad o la ausencia de normas anti-mafia en la ley penal alienta a los mafiosos a emplear la categoría “mafia” para arrojarla contra otrxs, que no lo son porque no incurren en procederes mafiosos. Es el caso específico del macrismo: lxs mafiosxs son lxs demás, cuadros sindicales, cuadros políticos populares y en general opositores a su proyecto “altruista” (“altruista” en este caso quiere decir obtener utilidad de la utilidad de los demás). El último ejemplo llegó de la mano de Patricia Bullrich, en campaña para su candidatura presidencial: “Vamos a desregular y desmafializar”. La historia y las experiencias de lucha nos dicen que los grupos subalternos con su acción política radical pueden modificar las cosas. Entre ellas, también las leyes, las normas, el derecho, hasta la idea del Estado de derecho como bien universal que concierne a personas iguales, libres, soberanas, independientes. Esta posición de máxima comporta también la idea de que la ley debe ser modificada cuando es insatisfactoria o inadecuada. Es el caso del código penal nacional respecto de los fenómenos mafiosos. Esa carencia habla de por lo menos a una tolerancia respecto del hecho mafioso que concentra un poder bipolar.

^{El Cohete a la Luna - 12 de junio de 2022}