En diciembre de 2000 yo era un joven fiscal que, por esas cosas del azar, trabajaba en un importante caso de corrupción. La investigación tenía muchos puntos para chequear. Demasiados. Sin embargo, una tarde de mucho calor el juez me pidió que lo visitara porque quería decirme algo personalmente. Rápidamente bajé las escaleras, toqué la puerta y la secretaria privada me hizo pasar sin la típica espera. Eso me llamó la atención. El juez me invitó a tomar asiento.

Tras pitar con mucha fuerza un cigarrillo, sin vueltas me dijo que estaba a punto de firmar una resolución X. Puse cara de espanto porque poco tenía que ver con el estado del expediente. Era una de esas decisiones que en la jerga jurídica se conocen como prematuras. De inmediato le dije que no estaba de acuerdo con eso, que no correspondía y que incluso en términos personales sería muy costoso para el magistrado resolver de ese modo. El juez, con pesar, me respondió que no era cuestión de estar o no de acuerdo, sino que era necesario hacerlo porque esa resolución la necesitaba “el sistema”.

No pregunté más. Él era mayor y más experimentado que yo. Me limite a darle una opinión, que no me había pedido. Luego de un saludo amable volví a trabajar. No le hice caso y apelé. Pero fue la primera vez que sentí en cuerpo y espíritu cómo algunos actores informalmente institucionalizados, cuyo rostro es invisible para los que no somos parte, inciden en la hechura de una decisión judicial. Y digo en cuerpo y espíritu porque jamás pensé que la “desobediencia” iba a generar tantas marcas en mí y porque al juez el sistema lo deglutió.

Nunca más un juez me habló en esos términos. Aprendí en ese momento que aun a riesgo de parecer parco y distante, había cosas que era mejor no saber porque saber nos convierte en parte y que la libertad de trabajo que no garantizan, como deberían, las instituciones hay que tratar de fundarla de manera individual pues nuestras instituciones en general —y las judiciales en particular—, carecen de la autonomía relativa propia del Estado Nación porque son demasiado porosas a intereses particulares; y el interés del Estado se supone que es el “general” y que, a su vez, es la composición inestable de nuestras preferencias colectivas que diseñamos a través de la política.

No obstante, ello no me impidió ver, escuchar y analizar cómo “el sistema” penetraba a la institución formal y cómo formateaba la subjetividad de los judiciales. En efecto, “el sistema” influía en la designación y remoción de empleados y funcionarios y también en las decisiones. Algo de ello describí en mi libro Injusticia, pero aquí me quiero detener en el sistema del que hablaba aquel juez para reflexionar sobre el caso D’Alessio y sostener que no cayó del cielo. En efecto, su génesis es anterior a aquel hecho del año 2000 y trasciende el escándalo que circula en el proceso de formación de la opinión pública por esos días. El problema más grave es que esta sedimentado en prácticas y naturalizada su existencia.

¿Qué es el sistema?

Es un conjunto de prácticas informalmente institucionalizadas que habitan el medio ambiente del sistema de administración de justicia, que tiene múltiples intereses que se renuevan en el tiempo, que no tiene un solo rostro visible, que tiene poder efectivo en la formación del campo judicial y en la hechura del expediente y que trasciende a los ocasionales intereses de la coalición que ocupa transitoriamente los roles de gobierno, aunque los interpreta a la perfección. Así como durante la dictadura la Justicia rechazaba los hábeas corpus, después toleró la espiral de corrupción. En otras palabras, el sistema es el conjunto de actores no reconocidos por la Constitución Nacional, pero que interviene en la administración de justicia.

Las actores informales pero institucionalizados son variados: políticos que juegan a la política partidaria con expedientes judiciales, funcionarios judiciales que hacen su trabajo en base a intereses particulares y no guiados solamente por los principios de la Constitución a la que juraron lealtad, empresarios que se sirven de la acciones judiciales para resolver disputas comerciales, periodistas que convierten la noticia real o recortada en una mercancía sujeta a oferta y demanda, servicios de inteligencia que con sus acciones tuercen la ley o la voluntad de quienes deben aplicarla. La enumeración no es taxativa, porque una necesidad específica puede ser receptada por estas prácticas, en tanto y en cuanto la cuestión nodal se vincula con que existe este sistema montado en derredor del aparato burocrático formal. Algunos extraen de él dinero. Otros, acumulación de poder. Y, algunos, reconocimiento social. No estoy diciendo nada nuevo. Cualquier lector medianamente atento a los diarios conoce esta dinámica, aunque obviamente sólo quienes son parte conocen detalles que no conocemos los que vemos y padecemos las acciones de estos actores informales cuya capacidad para anular los derechos es inconmensurable.

Y aquí yace la raíz del problema.

No hay democracia en las penumbras

Estas prácticas debilitan desde el subsuelo los cimientos de la apuesta democrática, porque la democracia no se puede disociar de la luz pública y de los comportamientos anclados en la ley positiva que produce el Estado en representación de todos nosotros. Nuestra principal contribución como ciudadanos pasa por resignar la chance de vengar agresiones y ceder ese derecho al Estado, cuyo lenguaje es el derecho. Se supone que nosotros participamos de la producción de la ley mediante la elección de legisladores y que indirectamente somos también representados en la elección de magistrados. Precisamente por eso, la existencia de actores no reconocidos por la ley en el proceso de diseño y aplicación de políticas públicas nos pone a todos en peligro. En efecto, la primera mirada apurada puede llevarnos a un error, pues podríamos pensar que el caso D’Alessio roza a un determinado grupo de personas que nos parece lejano. Pero no es así. Cualquiera de nosotros puede sufrir las consecuencias. Todos estamos en peligro cuando las decisiones autoritativas no dimanan solo de la ley, como bien sabían los filósofos políticos clásicos.

Algunos somos víctimas concretas de violencia institucional porque sufrimos el uso arbitrario y anómalo de la ley. A veces las consecuencias son colectivas, cuando algunos hechos delictivos que suponen la apropiación de dinero público permanecen impunes. En otras ocasiones se desnaturalizan algunas herramientas legales y se usan de modo no querido por la ley, como la prisión preventiva en clave de pena anticipada, o cuando se permite que un particular reemplace al Ministerio Público Fiscal a la hora de ejercer la acción penal. En fin, la lista de potenciales y/o concretos padecimientos no se puede enumerar de un modo completo. Debemos retener que permanecen latentes y cualquiera de nosotros puede caer en esa telaraña. Lo más importante, y peligroso, es que estas prácticas en su caótico conjunto significan la privatización de hecho de un rasgo distintivo del Estado Nación, porque el monopolio legítimo de la fuerza queda en manos privadas.  Pero no en cualquier mano privada, sino de las de quienes tienen poder para reemplazar al Estado.

La penetración del paradigma neoliberal

Quizá este entorno en el que se desenvuelven los actores de los casos como el de D’Alessio, revelan con nitidez el grado de penetración del paradigma neoliberal en nuestro ethos, ya que condensa la devaluación del espacio público como el escenario relativamente igualitario para interactuar con el otro y transforma la vida pública en una carrera desenfrenada por obtener prebendas a costa de los demás ciudadanos. Cada uno de sus movimientos alocados exhala un aliento que destroza los patrones culturales, en los que se cimenta el elenco de derechos con que nos dota la Constitución. Recordemos que el milagro de la democracia tiene que ver con que nacemos con los derechos como cartas de triunfo y que funcionan como prendas que nos protegen y también nos permiten realizar un plan de vida. Nuestro trabajo colectivo es hacer que esos derechos formales se conviertan en prácticas instituidas. El elemento para unir ese hiato es la palabra en el espacio público.

Cada uno de los actores formal e informalmente institucionalizados que interactúa en torno de la institución judicial, pero por afuera del marco previsto por las leyes, es probable que obtenga alguna ventaja contingente en el vertiginoso camino de un éxito de contornos difusos, pero, a la par, cada éxito equivale a un golpe que provoca hendiduras que nos aleja del esquema constitucional. La democracia se limita, así, a un procedimiento para elegir autoridades en determinados períodos, pero los mecanismos de mediación del régimen político quedan subordinados a una puja por recursos. Quien posee los más fuertes domina y el resto padece. Los mecanismos de mediación de la democracia como la palabra, la ley, la ciudadanía y la nación permanecen formalmente vigentes, pero las prácticas materiales se despliegan por el sendero de la ley de hierro del más fuerte.

Este momento de crisis del aparato judicial es también una oportunidad. Después de todo este sistema no es más que un conjunto de prácticas justificadas con palabras. Por lo tanto, su reemplazo inexorablemente se juega en nuevas prácticas instituyentes y en nuevos / viejos significados. La magnitud de la tarea es compleja, pero su complejidad se juega en el compromiso individual y colectivo de la gran mayoría que sufre las decisiones de una minoría. Es cierto que las responsabilidades en un trabajo de esta envergadura son diferentes. El ciudadano tiene en sus manos poderosos aguijones para acicatear, reclamar, pero también tolerar la aplicación de la ley. Aquellos que aceptaron responsabilidades institucionales deben estar a la altura de las circunstancias; sobre todo, los que se desempeñan en organismos cuya labor es contribuir a una justicia mejor. Ellos pueden transparentar los concursos de designación y remoción de magistrados, pueden crear incentivos para premiar a los leales a la Constitución y castigar a los que no lo son, pueden desarrollar mecanismos para obligar a que la Justicia y la sociedad se amiguen. Los judiciales también tenemos mucho por hacer. Ya sabemos que la mayoría son probos y buenos funcionarios. Pero es hora de decirlo y es tiempo de actuar. La cómoda zona de confort que se solidariza por lo bajo con la víctima ocasional de los actores informales, pero calla en público, es funcional al proceso de degradación. Aquellos que se prestan a enjuagues legales a cambio de ascensos también. Son igual de funcionales aquellos que, dentro de sus posibilidades, tienen la chance de servir a los demás y en cambio privilegian que el expediente esté prolijo y eluden embarrarse con las múltiples dimensiones de los conflictos.

El poder contagioso del buen ejemplo

A diferencia de aquel juez de hace tantos años, otros jueces me dijeron algunas cosas hace más tiempo aún que me parecen relevantes. La primera es creer en el poder contagioso de los buenos ejemplos, ya que nos hacen sentir bien. Básicamente, la sonrisa de la víctima o la contención al familiar de un detenido tienen ese poder. Para ello no hace falta ser juez o fiscal. Humanizar la justicia es un deber de todos los judiciales. Cuando vemos que la justicia se parece a esa descripción de Víctor Hugo en Los Miserables, todos podemos hacer algo y ese tipo de acciones nos va a devolver la credibilidad perdida.

En segundo lugar, la comunidad jurídica en particular debe dejar de convalidar con su silencio el uso de la ley como un arma privada o al servicio de intereses privados. La ley despojada de sus componentes morales y éticos pierde tanto su razón de ser, que ocurren cosas peculiares. Por ejemplo, la ley que nació para fundar cuerpos políticos a menudo funciona como un arma que destruye derechos. El silencio o la indiferencia solo reproduce esas prácticas.

En tercer lugar, cuando yo era un joven meritorio de la Justicia de instrucción había algo que detestaba: llevar expedientes al cuerpo de peritos contadores porque eran paquetes pesados, el edificio quedaba en la esquina de Sarmiento y Diagonal Norte y la gente de mesa de entradas era excesivamente lenta y fría para recibir la documentación. Ir era tedioso e insumía mucho tiempo. En mi juzgado éramos tres meritorios y nadie quería ir a los peritos. Un día nuestra jefa común, la secretaria, nos explicó que la demora de la Justicia también se relacionaba con nuestro trabajo de llevar y traer causas a distintas oficinas y nos hizo entender que esa acción micro impactaba en lo movimiento macro del expediente. Tenía razón. A veces pensamos que las revoluciones las hacen vanguardias y olvidamos que las relaciones sociales tienen la mágica capacidad de crear nuevas instituciones desde abajo y hacia arriba mediadas por la palabra, eso que en la antigüedad clásica se llamaba política.

El cohete a la luna | Marzo 2019