Sobre el primer aspecto parecen contradecirse las opiniones de expositores y lecturas que sirvieron de base para el presente comentario. Para el presidente de la CSJN, Rosenkratz[1], El Poder Judicial, (para él la justicia) es una burocracia estatal. Tiene una misión específica, determinada por reglas institucionales, que consiste en aplicar el derecho en el contexto de procedimientos preestablecidos a controversias entre partes enfrentadas. Sorprende esta definición tan liviana, dura, lejana de todo concepto de servicio público y prestación para los habitantes.

En otro orden, y con una postura que coincido, la Diputada Vanesa Siley habla de un servicio de justicia como un paradigma abarcativo no solo del Poder Judicial tal como se encuentra en el diseño constitucional y legal, sino también contemplativo del Ministerio Público tanto en su costado fiscal como de la defensa. De ahí que algunos expositores la consideran un servicio esencial, dentro de las calificaciones que la pandemia hizo de las actividades humanas.

Así pues, partiendo de una u otra mirada, que por cierto están simplificadas debido al objeto de estudio, es que podemos ver distintas necesidades que frente a la pandemia se generaron, o mejor dicho, se magnificaron. Si para uno la justicia es solamente la aplicación de un procedimiento formal para resolver una controversia es lógico que frente a la imposibilidad de aplicar ese procedimiento y los principios que de él surgen, no funcione el Poder Judicial. Visto de otro modo, si el servicio de justicia es una función esencial de un Estado democrático, las formas importan y mucho, pero no condicionan el fondo, como pareciera desprenderse de la visión del Juez de la Corte Suprema. Primera conclusión: la justicia es un servicio que debe estar a disposición de los ciudadanos, aún en el marco de la pandemia por Coronavirus.

En torno al segundo aspecto de la temporalidad es inevitable reconocer que para la mayor parte de los argentinos y argentinas de pie la justicia llegó, llega y llegará TARDE siempre y aún más en este contexto de crisis sanitaria. Esto implica que a los ojos de la ciudadanía los procesos no son eficaces ni eficientes.  Podemos afirmar que las estructuras vetustas y alejadas de la vida común y actual no sirven para atender los problemas de la gente y los solucionan, si es que llegan a hacerlo, tarde, muy tarde.

Segunda conclusión: la justicia debe ser oportuna para ser tal, debe llegar a tiempo y resolver el conflicto con la mayor celeridad y garantías posibles.

Pues bien, todo lo expresado es un análisis prepandémico que surge de un estudio empírico de las principales causas de descrédito sobre la justicia que existe en nuestro país.

Pero en marzo de 2020, llegó la pandemia del COVID y todo lo que pensábamos normal se modificó, las costumbres, los tiempos, los viajes, las tareas de cuidado, etc y surgió la imperiosa necesidad de cuidarnos y cuidar a los demás por medio del aislamiento primero y el distanciamiento después.

Pensemos que para la justicia que ya era vieja, lenta y poco efectiva, el cambio de paradigma fue más marcado y abrupto. La señora justicia ahora se tenía que poner barbijo, alcohol en gel y reinventarse de la manera que pudiera, con los recursos y personas con los que contaba y sin tiempo de adaptación.

Ya arrancaba en desventaja, porque los intentos de reformas y modernización de la justicia siempre fueron truncados por el statu quo dominante y los distintos intereses en pugna en cualquier sociedad que busca ampliar derechos y limitar la distancia entre ella y los poderes gobernantes.

Todo lo cual nos lleva a pensar que frente a este contexto lo que hizo la justicia fue profundizar los problemas, tuvo que salir a apagar el incendio sin tener muchas herramientas para hacerlo y lo hizo de manera improvisada, desprolija, con resultados disimiles y eficacia aún no cuantificada, dando manotazos de ahogado.

Como expresa Graciana Peñafort con preocupación la justicia improvisó y continúa improvisando. No existió planificación, no se estandarizaron ni protocolarizaron las acciones, cada Cámara fue dueña de decidir la modalidad a implementar, no se generaron canales de capacitación ni de información ni se automatizó democráticamente el sistema.

Las consecuencias fueron una mayor desigualdad y un escollo más frente al derecho constitucional de acceso a la justicia. Como explica Gil Laavedra se quedó más lejos aquel que siempre estuvo más desfavorecido y a quién siempre le fue difícil, caro, engorroso y limitante acceder a la justicia.

Por eso se menciona la desigualdad como una consecuencia directa de la pandemia en el servicio de justicia, y quizá no solo en este. Las barreras tecnológicas, la falta de acceso al derecho humano a la conectividad, las barreras económicas, geográficas, culturales y de género son solo algunas de las muestras de esa desigualdad que se acentuó. Y esto se debió a la falta de gradualidad en la materia, a la nula planificación, a una cerrada resistencia cuasi pétrea de un poder judicial corporativo y vitalicio, donde solo selectos grupos sociales y familiares llegan a las instancias de decisión y donde la democratización real está lejos de ser posible.

La deshumanización del Poder Judicial se radicalizó en la pandemia y se materializó en miles de presos sin condena hacinados, un Ministerio Público de la Defensa sin recursos, un Procurador General interino pero eterno. Si la foto la hacemos en el interior, la justicia federal tuvo nulas posibilidades de desplazamiento, conectividad y ejercicio de la magistratura. La deuda de la justicia se siente más en el resto del país, con las distancias irrisorias, las apelaciones en otras provincias y los escasísimos recursos materiales y presupuestarios, ya que los únicos ricos son los Supremos y algunos más.

Pero como en toda crisis existe una oportunidad y es innegable que la pandemia ha calado profundamente en prácticas enraizadas y que lo poco que sea el avance siempre será positivo si sirve para modernizar el sistema, acercar la justicia a la gente y permitir que el Estado dé respuesta a las demandas de todos y todas sin importar de que sector social provienen.

El derecho al acceso a la justicia no es una entelequia es un principio democrático que tenemos que defender y esperemos que con las reformas fácticas y jurídicas que se están lentamente impulsando podamos encontrar una forma de hacer justicia más humana, de cara a la sociedad, para todos y sin tantas burocracias como las que definen al Poder Judicial según el Juez de la Corte.

[1] https://www.lanacion.com.ar/politica/el-poder-judicial-no-abandono-sus-responsabilidades-nid2379506

^{Revista PPV - 22 de febrero de 2021}