Históricamente, los gobiernos conservadores hicieron de las provincias un mero apéndice del poder central y, en consecuencia, las subordinaron al sistema de acumulación del capital y a la distribución de la riqueza bajo la estricta lógica del mercado mundial. En este esquema de inserción, propio de una economía abierta como la argentina, existen grandes operadores que fijan los precios de todos los bienes y servicios, incluidos los factores de producción. En síntesis: el capital concentrado manda.

Esos capitales reconocen una sola lógica: la de generar la mayor tasa de ganancia en el menor tiempo posible. De esta forma determinan lo que vamos a producir y la forma en que lo haremos; pero también cómo juega en ese proceso nuestra fuerza de trabajo. Condicionan nuestra inserción en el mundo, nuestro presente y nuestro futuro; incluso, nuestra lectura del pasado.

Es una lógica primaria: maximización de ganancias y minimización de costos. Solo así están dispuestos a permanecer en el país.

En ese esquema, la tasa de interés es decisiva. Solo se emprenderán los proyectos de inversión que superen la tasa de interés. La economía real queda así subordinada a la renta financiera. La situación se torna más grave cuando -medidas en dólares- la tasa de interés de la deuda contraída es mayor que la tasa de crecimiento de la economía. El resultado es obvio: el inexorable aumento del peso de la deuda sobre un PIB estancado.

Con este telón de fondo, y sin lluvia de inversiones, la única fuente legítima de divisas es el comercio exterior. Cabe preguntarse entonces qué proyecto de balance comercial positivo hay detrás de cada financiamiento que alegremente obtiene el gobierno. La pregunta no es ociosa. Sin superávit comercial no se podrá pagar la deuda contraída. Menos aún las importaciones necesarias.

El modelo deviene en insustentable. Durará mientras no se deba hacer frente a los servicios de una deuda cada vez más asfixiante.

La lógica “mercadista” de los conservadores encierra falta de patriotismo e incapacidad para entender lo que significa la defensa del mercado interno. Se subordinan como socios menores y aceptan mansamente las decisiones de las grandes corporaciones. Dibujan un país dependiente, donde una minoría tiene un nivel de vida semejante a los países desarrollados mientras una inmensa parte de la población enfrenta serios problemas de supervivencia.

En lugar de industrializar para generar trabajo y mejorar la productividad, nos llevan a una creciente concentración y extranjerización. Un horizonte donde mandan grandes empresas que tienen estrategias propias que no coinciden, ni tienen porqué hacerlo, con el desarrollo y la sustentabilidad de nuestro país.

Cambiemos alienta el corto plazo. El ciclo es conocido. El capital se posiciona en divisas, aprovecha las altas tasas de interés en pesos y el atraso cambiario para obtener ganancias que luego fugan al exterior, o ponen a resguardo en lugares secretos. Lo dijo el propio Mauricio Macri: “Teníamos que escondernos”.

La especulación propiciada y alentada seguirá su curso hasta que un derrape cambiario marque el final del ciclo. Mientras tanto, en un terreno adverso, las pequeñas y medianas empresas, dependientes del gran capital, seguirán sin posibilidades de integrarse y desarrollar los eslabones faltantes en nuestra matriz productiva.

El país que no miramos

No hay una sola Argentina. Las grandes ciudades, los conurbanos y la economía rural configuran tres realidades con rasgos bien diferenciados.

Los grandes conglomerados urbanos se distinguen por la producción de servicios y bienes industriales de mediana y alta complejidad. Suelen tener buena infraestructura y una parte considerable de su población alcanza niveles de vida relativamente altos con respecto al resto del país. El panorama cambia en los conurbanos. Allí prima la producción de bienes y servicios de bajo valor agregado. Se trata de sectores que requieren de apoyo estatal. En el primero de los casos, el apoyo abarca la provisión de energía y de mano de obra capacitada y disciplinada, pero también implica la protección del mercado interno mediante la restricción de las importaciones. El caso de los servicios, desde el comercio hasta la venta ambulante, presenta una gran heterogeneidad y un alto grado de informalidad.

El interior rural y las ciudades pequeñas constituyen un entramado basado en la explotación de los recursos naturales y del capital humano. La matriz incluye no solo la producción de bienes primarios, sino también su elaboración. Hoy, más de la mitad de la industria argentina tiene como base esos recursos. Si a la producción primaria se suma la industrialización, las economías rurales representan el 65 por ciento de nuestras exportaciones. Una característica saliente de estas economías son los eslabonamientos productivos hacia atrás y hacia adelante. En general se trata de actividades que se encuentra bien insertadas en el mundo desde el punto de vista tecnológico y comercial.

Sin embargo, el “campo” no es homogéneo. Puede dividirse en dos subsectores. Por un lado, el que produce cereales, oleaginosas y animales. Actividades tradicionalmente asentada en lo que se conoce como la Pampa húmeda, pero que se han extendido a amplias áreas del interior como consecuencia de las fuertes inversiones realizadas para ampliar la frontera productiva. El otro subsector es el extra pampeano. Lo que suele rotularse como economías regionales. Allí manda la producción de uva, maní, olivo, cítricos, tabaco, caña de azúcar, algodón, yerba, te, pera, manzanas, duraznos, ciruelas, frutilla, arándano y un largo etcétera.

La desproporción en entre ambos es notable: 20 de las 32 millones de hectáreas cultivables que tiene la Argentina están sembradas con soja.

Esta radiografía no puede excluir el importante grado de concentración y extranjerización de la tierra. Grandes extensiones son propiedad de empresas de capitales nacionales e internacionales. Basta con recordar al inglés Joe Lewis, en cuya propiedad que encierra el Lago Escondido suele hospedarse Macri cuando viaja a El Bolsón;  o las 900 mil hectáreas de la firma Benetton, la mayor empresa foránea propietaria a través de la Compañía de Tierras Sud Argentino. Hay otros ejemplos, como el estadounidense Ted Turner, el suizo y dueño de Nestlé Jacob Suchard y el inversionista de origen húngaro George Soros; por mencionar algunos.

El consenso fiscal

La dependencia de los gobiernos provinciales es doble. Si por un lado están subordinados al poder central, al mismo tiempo se muestran incapaces de cobrar impuestos a los sectores más ricos. La imposibilidad es clara. El total del Impuesto Inmobiliario Rural recaudado en un país como el nuestro, que cuenta con la tierra más fértil del mundo y produce el mayor rinde por hectáreas de soja, maíz, trigo, cebada y girasol, representa menos del 0,2% del PIB.

Vale la pena analizar el caso de la Provincia  de Buenos Aires. La recaudación impositiva hasta octubre acumuló 178.825 millones de pesos. La suma incluye Ingresos Brutos (68,87%) y Sellos (9,7%). En concepto de Impuesto Inmobiliario, el fisco bonaerense recaudó apenas unos 12.849 millones (7,18%), de los cuales solo 3.342 millones de pesos corresponden al Inmobiliario Rural. El 1,8 por ciento del total. En ese marco, las provincias -con la excepción de San Luis- firmaron con la Nación el acuerdo donde se comprometen a reducir la supuestamente alta presión tributaria y disminuir hasta eliminar la alícuota de sus dos principales fuentes de recursos: Ingresos Brutos y Sellos.

Cronograma acordado en materia de Ingresos Brutos, según el Consenso Fiscal. Plan de reducción de la alícuota.

El dislate de lo firmado no se compensa ni mínimamente con los compromisos asumidos por la Nación, que consisten principalmente en la eliminación del artículo 104 del Impuesto a las Ganancias, cuyo 20 por ciento se destinaba a la Anses y ahora irá a las provincias. Unos 104 mil millones de pesos. De allí que el Gobierno nacional haya decidido avanzar con la modificación de la fórmula por la que se actualizan jubilaciones y pensiones. El objetivo es ahorrase esa suma.

En síntesis: el pacto fiscal no implica ningún logro. Desfinancia a las provincias y las obligadas a endeudarse para cubrir sus gastos. Las hace cada vez más dependientes y subordinadas al gobierno central. Ni Bartolomé Mitre llegó a tanto. Los gobernadores firmaron. Ahora, habrá que ver qué dice la población.

SOCOMPA - 29 de noviembre de 2017