Objetivos

Cuando comenzaron las negociaciones para la reestructuración de la deuda con los acreedores privados el Presidente Alberto Fernández estableció tres objetivos clave:

• No someterse a la elaboración de un plan económico que implicase políticas de ajuste.
• Que sea un plan sustentable, en el marco de lo planteado en el punto anterior, lo que significa no realizar un arreglo que lleve a futuras refinanciaciones por ser incumplible, y que no altere un sendero de desarrollo de la economía nacional.
• Dejar las bases construidas para que se cierren los ciclos de endeudamiento de la economía argentina.

Este tercer objetivo merece una detenida reflexión, pues supone un cambio de época. Los ciclos de endeudamiento han sido el rasgo característico de la época del neoliberalismo. Deuda y fuga. En ritmo vertiginoso y catastrófico, los gobiernos que promovieron la apertura financiera, las políticas de consolidación y ajuste fiscal y la libertad de mercado como funcionamiento predominante de la actividad económica, provocaron el estancamiento, la regresividad distributiva y el endeudamiento. Mientras que aquéllos que asumieron con la vocación de disminuir la desigualdad y construir una Argentina con producción diversificada, tuvieron que lidiar con los compromisos externos contraídos por el bloque concentrado y financiarizado.

El giro del debate que pretenden hacer los economistas ortodoxos, los cuales respaldaron las políticas de liberalización y desintervención estatal, persigue enmascarar el verdadero problema que tiene el actual gobierno nacional y popular. Maniobran la discusión respecto al origen del endeudamiento, a su total improductividad, y sin ninguna contrapartida en términos de algún activo que lo justifique. Esta deuda es un pasivo sin existencia de ninguna obra, bienestar popular o ampliación del aparato productivo. ¿Dónde están las divisas que se deben? Se fugaron. Sin embargo, el enmascaramiento desplaza el debate sobre lo ocurrido:  si el gobierno negocia bien o mal la reestructuración del endeudamiento que dejó el neoliberalismo de Cambiemos. Para ellos el arreglo resulta un tema excluyente, y lo argumentan sobre la base de recomponer el acceso a los mercados internacionales de crédito. ¿Para qué? Para volver a endeudarse y vivir otro ciclo de apertura y fuga. Por eso desesperan en rogar al gobierno que no sea firme frente a los acreedores, y postulan que lo único conveniente es acceder a sus demandas.

El Estado

Las preocupaciones del Frente de Todos pasan por otros meridianos: cómo reconstruir una política de crecimiento autónomo, desarrollo, construcción de igualdad. Este proyecto requiere de la intervención del Estado, que ponga fin a la autorregulación mercantil.

La etapa histórica es diferente, pero hay una discusión necesaria en términos del proyecto que hizo posible varias fases de industrialización del país: la sustitución de importaciones. No para su reiteración, sino para pensar desde esa experiencia concreta la construcción de un proyecto económico social hacia el futuro.

María da Conceicao Tavares en su valioso texto De la sustitución de importaciones al capitalismo financiero, describe que durante la primera etapa de la sustitución de importaciones, la expansión de la economía residía en tres frentes: una mayor utilización de la capacidad instalada productiva, la producción de mercancías relativamente independientes del sector externo y la puesta en funcionamiento de empresas que producían bienes que previamente se importaban.

La dinámica descripta puede seguir hasta el límite del aprovechamiento máximo de los recursos internos. Ese aprovechamiento está condicionado a la existencia de divisas que sostengan la importación de bienes intermedios y maquinarias que participan en la producción de los bienes que sustituyeron a otros que antes se importaban. Dice Tavares que “la pauta de importaciones tiende a perder toda su flexibilidad, antes que el proceso de desarrollo haya adquirido suficiente autonomía por el lado de la diversificación de la estructura productiva» y advierte que «el proceso podría seguir mediante una selección rigurosa de divisas”. La autora hace una lectura crítica del proyecto de desarrollo por sustitución de importaciones de carácter piramidal, que comienza sustituyendo los bienes de consumo para avanzar “aguas arriba” hasta la producción de bienes de capital. La restricción externa sobrevendría previa e inevitablemente. Para Tavares la continuidad de una política de sustitución requiere de una posibilidad de previsión y decisión autónomas que sólo le son posibles al Estado, a algunos empresarios innovadores, o a la asociación de ambos. Pero advierte que en el caso de las inversiones de base, estas deben producirse —para evitar la restricción externa— con cierta simultaneidad con las distintas etapas de sustitución, y que las mismas requieren de decisiones gubernamentales, ya sea que el Estado las emprenda en forma directa, ya sea que las delegue en el sector privado.

Estas reflexiones de la intelectual brasileña llevan a desechar la idea de la inversión privada sin direccionamiento estatal como posibilidad de desarrollo, y más aún, del posible rol de los movimientos de capital financiero de corto plazo para financiarla. Privada, pública o mixta, las mismas surgen de la dirección del Estado del proceso económico.

En el régimen de sustitución de importaciones no sólo resulta necesario el impulso de la demanda mediante una mejora en la distribución del ingreso, ni tampoco alcanza  combinarla con una dinámica de crecimiento, sino que requiere de la dirección estatal que modifica los tiempos y los escalones del proceso productivo. Esa intervención no sólo requiere ser hecha en función de dilatar los problemas de falta de divisas, ni tampoco solamente para impulsar las industrias más complejas productoras de bienes de capital, sino también para garantizar una distribución del ingreso que resuelva un significativo cierre de la brecha de desigualdad, lo que provoca una producción de bienes de orden diferente a la de una sociedad con el ingreso concentrado. La redistribución debe ser previa al crecimiento porque si no el perfil productivo queda definido con carácter desajustado si la primera se efectúa con posterioridad. Los bienes que se producen para una distribución no son los mismos que para otra, ni cualitativa, ni cuantitativamente.

Al revés de como dicen los liberales para justificar las políticas de austeridad, no se trata de agrandar la torta para después distribuirla, sino lo contrario: distribuir mejor la tortita chica, para garantizar el crecimiento. Después habrá una torta más grande. Usando el lenguaje de la gente de a pie, como en estas épocas se acostumbra decir, para evitar el uso del concepto de pueblo, sancionado como anacrónico por los creyentes en el fin de la historia. La prioridad de la obsesión por el crecimiento, como variable fundamental del estudio de la economía, no se corresponde con la tradición clásica. Decía el economista más eminente de los fundadores de la disciplina, David Ricardo, que “determinar las leyes que regulan esta distribución (de rentas, beneficios y salarios) es el problema principal de la economía política”.

Los clásicos no omitían la real discusión que ocupa a la sociedad respecto de la economía: la disputa del ingreso. El modelo de crecimiento depende de quién tenga la hegemonía de poder para elegir uno u otro tipo de desenvolvimiento económico. En épocas de la financiarización, la valorización financiera es la forma mediante la cual, con la apertura financiera, el capital especulativo promueve las liberalizaciones para garantizar un vertiginoso ida y vuelta de fondos que extraen rentas con consecuencias de estancamiento económico y redistribución regresiva de ingresos y riquezas.

Final del juego

El valor del objetivo de establecer las condiciones que cierren el camino a nuevos ciclos de endeudamiento es el instituir las bases de una legalidad que evite que la Argentina vuelva a sufrir las políticas ortodoxas de fuga-deuda-cinturón fiscal. Esa institucionalidad tiene como insumo indispensable las otras dos condiciones que Fernández destacó. También depende de reconstruir una política de desarrollo. Esa política implica la recuperación de estrategias de sustitución de importaciones, engarzadas con otros dispositivos, en los cuales el papel estatal es más relevante.

Cuarenta años después del texto de Tavares, las condiciones de un proyecto nacional, popular y democrático de desarrollo no devienen sólo de su crítica, que planteaba la necesidad de la autonomía de la inversión en la industria de base respecto de la demanda sobre la misma, que implica la decisión estatal de organizarla. El desarrollo tecnológico, que se da en el contexto de una gran disparidad entre el centro y la periferia, acentuó las condiciones de dependencia de las naciones del segundo carácter. Dependencia es otra palabra que intentó ser archivada en el anticuario cuando hoy adquiere una vigencia dramática. Su determinación  mutó desde la posesión, por parte de los países centrales, de la industria de base —que ocupaba ese lugar hace unas décadas— al dominio de la tecnología por esas naciones desarrolladas. La deslocalización productiva primarizó y maquilizó la industria de los países subdesarrollados. El capital privado concentrado no resuelve esta situación en esos países periféricos. Su perspectiva es la reproducción de las especializaciones que sostienen la condición dependiente. Sus empresas articulan, en cadenas globales, las producciones nacionales en los eslabones más atrasados tecnológicamente. A su vez, se engarzan en la valorización financiera y las maniobras de precios de transferencia y fuga de capitales.

Más que ayer, hoy la condición del desarrollo tecnológico propio requiere de un complejo científico-tecnológico estatal con un presupuesto y un programa que se plantee la transformación productiva. Ese objetivo requiere de una participación decisiva del Estado en la decisión de lo que se va a producir en el futuro. El desarrollo con estas características no deviene como resultado de la autorregulación del mercado.

La apertura indiscriminada es incompatible con estos objetivos de independencia. Los dólares resultarán indispensables para emprender ese cometido de autonomía nacional. Una nueva gestión como la de Macri rifaría en cuatro años el esfuerzo que se podría emprender en veinte.

De allí la necesidad de una reforma institucional de fondo en los textos legales que evite que se produzca lo que ocurrió entre 2015 y 2019. Cambio en el régimen financiero, modificación en la legislación de inversiones extranjeras, régimen cambiario y de movimiento de capitales regulado, intervención del Estado en el comercio exterior, reforma tributaria. La pandemia ha revelado la injusticia neoliberal y tiene la conducción efectiva del gobierno de la grave coyuntura, abriendo la posibilidad para una organización adecuada de las transformaciones imprescindibles para hacer realidad la postulación más drástica de Fernández para salir del default en que dejó el gobierno UCR-PRO al país: que la presente reestructuración ponga fin a los ciclos de endeudamiento de la Argentina contemporánea.

^{El Cohete a la Luna - 28 de junio de 2020}