Sin embargo, el aporte energético a la República de las corporaciones y del fin del Estado de Derecho no se hizo esperar: dos días después del referido acto, la punta del iceberg de la ultra-neoliberal reforma energética en ciernes salió a flote. Hoy 1 de noviembre de 2017, se publicó en el boletín oficial el Decreto 882. Se lee (subrayado es nuestro): "… resulta conveniente transferir ciertos emprendimientos energéticos en los que el Estado Nacional tiene participación, a empresas del sector privadoque posean las capacidades técnicas y financieras suficientes para garantizar, en su caso, una eficiente finalización de las obras y/o la operación y mantenimiento, permitiendo al Estado Nacional asignar sus recursos a otros fines prioritarios". En sintonía con las reformas anunciadas por el macrismo el pasado 30 de octubre; en sintonía con la flamante designación del presidente de la Sociedad Rural en calidad de ministro de agroindustria, se precipita la liquidación del patrimonio público nacional por parte de los tradicionales poderes sociales y económicos de la Argentina oligárquica, corporativa y mercantilista. En el caso particular de la reforma energética pergeñada en el Decreto 882, cabe recordar que buena parte de las acciones estatales a ser vendidas se habían obtenido con la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (eran acciones de las AFPJ). En fin, la presencia del Estado y sus empresas en franca extinción también en materia energética, en un proceso que, luego de doce años de interrupción y reversión kirchnerista viene dar continuidad -y coronación- a la etapa de privatización, extranjerización, desregulación y desguace del patrimonio público entre 1976 y 2001. La reforma energética de Macri en una frase que sintetiza historia, presente, modalidad, objetivos y, sobre todo, perseverancia conservadora: "Nada de lo que heredamos estatal seguirá en manos del Estado". Listamos en este informe las consecuencias que, desde el punto de vista de este Observatorio, la mencionada normativa acarrea. 
 

El célebre fallido de Roberto Dromi, anunciando el "Decálogo menemista de la reforma del Estado" y su primer mandamiento.

Privatización absoluta de centrales térmicas -y posible mayor extranjerización-
1) Venta al sector privado (no se aclara si involucra también al capital extranjero) de la participación accionaria estatal en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano, José de San Martín (Central Timbúes), Vuelta de Obligado, Guillermo Brown, Güemes, Central Puerto, Central Dique y Centrales Térmicas Patagónicas.

2) Venta al sector privado (no se aclara si involucra también al capital extranjero) de la participación accionaria estatal en las centrales térmicas en construcción Ensenada de Barragán y Brigadier López, así como el proyecto Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II.

Privatización de las represas sobre el Río Santa Cruz -y posible extranjerización-
1) Se otorga a la nueva empresa INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (resultado de la fusión ENARSA/EBISA pero controlada por ENARSA) tanto la continuidad de las obras de construcción como la concesión para la generación de energía eléctrica correspondiente a las centrales hidroeléctricas "CONDOR CLIFF" y "LA BARRANCOSA" (renombradas así a partir de este decreto).

2) INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA "deberá prever la posibilidad de la transferencia de dicha concesión al sector privado". No figura ninguna restricción al capital extranjero.

Es totalmente esperable que la propiedad de las represas, en una decisión que contradice el supuesto federalismo del que se jacta Macri, caiga en poder de los mismos dueños del sector termoeléctrico. De ser así, el golpe será doble y vendrá dado por la integración vertical entre fuentes de generación, por un lado, y el acaparamiento en un mismo dueño de una fuente más costosa que habrá de someter a la más barata (la hidráulica). Nada más interesante para justificar nuevos ajustes de la tarifa.

Posible privatización de ENARSA (o significativa reducción de la presencia estatal)
En el decreto se resume la ley de creación de ENARSA. Se enfatiza que (subrayado nuestro): "… por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica, como así también realizar actividades de comercio vinculadas con bienes energéticos y desarrollar cualquiera de las actividades previstas en su objeto, tanto en el país como en el extranjero".

Luego se pasa a describir, según la misma ley, el capital social: "Que el artículo 5° de la mencionada ley establece que el Capital Social de ENARSA estará representado por Acciones de titularidad del Estado Nacional, Acciones Clase "A", ordinarias e intransferibles, y representarán el CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (53%) del Capital Societario, Acciones Clases "B" y "C", ordinarias escriturales, que representarán hasta el DOCE POR CIENTO (12%) del Capital Social y serán de titularidad de las Jurisdicciones Provinciales que las suscriban, Acciones Clase "D", autorizando la oferta pública de esta clase de Acciones, que representan un total del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del Capital Social".

Habiendo hecho esto, se lee entre los muchos considerandos del Decreto 882 (subrayados nuestros): "Que con el propósito de racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública relacionada con actividades del sector de la energía, limitando la participación del Estado a aquéllas obras y servicios que no puedan ser asumidos adecuadamente por el sector privado, se estima necesario efectuar las adecuaciones pertinentes respecto de las sociedades de capital estatal que desarrollan actividades del sector energético".

Si bien los firmantes del 882, señores Aranguren y Marcos Peña, nos aseguran "Que las medidas dispuestas en el presente no significan una disminución de la participación accionaria del Estado Nacional en ENARSA", hay en esta frase total ambigüedad. ¿Por qué? Porque el capital social de ENARSA al día de la fecha se distribuye de la siguiente manera: cerca del 98% es propiedad del Estado (53% Clase A + 35% Clase D + restante porcentaje Clases B y C). El 2% remanente se reparte entre varias provincias.

Entonces, la venta a actores privados del paquete de acciones B, C y D hoy en poder del Estado no modificaría el piso del Capital Social del 53% en Acciones Clase A propiedad estatal establecidas en la ley de creación de ENARSA.

Es que, en realidad, el problema no pasa por un Estado argentino reduciendo su participación. Con Macri, y al igual que sucede con YPF, ENARSA dejó de estar en función del Estado nacional y su pueblo. Pero una cosa es un Estado cooptado al frente de una empresa clave -a partir del decreto fundamental al sector energético nacional- y otra cosa es una presencia privada directa y determinante en ella.

A propósito, dos consideraciones. La primera: debe tenerse en cuenta que el directorio de la compañía será refrendado una vez concretada la fusión con EBISA -para formar la nueva empresa INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA, controlada por ENARSA-; y la segunda: en la presidencia de ENARSA, desde la asunción de Macri, está el Ing. Hugo A. Balboa, quien entre muchas funciones en Shell fue durante 3 años Gerente de Desarrollo e Integración de Negocios para Latinoamérica de la angloholandesa (2003-2006). Antes de asumir en ENARSA, fue Expansion Project Director (sic) de Axion (septiembre de 2013 a diciembre de 2015). ¿Se opondrá el presidente de ENARSA al camino emprendido y profundizado por el CEO-ministro Juan José Aranguren, a la sazón firmante del Decreto 882? No sólo no lo hará, sino que para eso fue elegido en el cargo en el que está.

Privatización de todas las obras energéticas en construcción como proyectadas -y posible extranjerización-
La piedra angular de este desplazamiento masivo del Estado del sector energético reside en la creación de la empresa INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (ENARSA+EBISA), pero cuya sociedad controlante es ENARSA. Como vimos en el apartado anterior, el sector privado podría llegar a conseguir cerca de la mitad del Capital Social de esta última.

Pues bien, sucede que a partir de ahora las obras públicas actualmente a cargo del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA (listadas al final de este párrafo) como "toda otra obra pública a ejecutarse en el ámbito de dicho Ministerio" (sic) serán continuadas por INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. Entre las obras públicas citadas, el decreto específicamente menciona: Central Térmica Río Turbio; Gasoducto Regional Centro II - Esperanza / Rafaela / Sunchales; Gasoducto Sistema Cordillerano / Patagónico; Gasoducto Cordillerano y Gasoducto de la Costa.

Reprivatización del sistema de transmisión en extra alta tensión (500 kV) -y posible extranjerización-
Según se describe en el portal de Pampa Energía, controlante de Transener, esta última es la "concesionaria de la red nacional de transporte de energía eléctrica en extra alta tensión, integrada por 20.648 kilómetros de líneas de transmisión y 56 subestaciones transformadoras, a los que deben adicionarse los 6.159 kilómetros de líneas y 93 subestaciones que componen la red de su controlada, Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la provincia de Buenos Aires ("Transba S.A."), de la cual Transener posee el 90%, de manera que opera el 85% de las líneas de alta tensión del país".

CITELEC SA es la sociedad controlante de Transener. Y CITELEC es a su vez 50% propiedad de Transelec Argentina S.A. y 50% de propiedad de ENARSA.

Sucede que Transelec es controlada por Pampa Energía. Como el decreto en cuestión instruye al Ministerio a que "proceda a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia" de la participación accionaria de ENARSA en CITELEC, a partir de este momento el 100% del paquete accionario de CITELEC, controlante de Transener, estará en manos privadas, muy probablemente las de la propia Pampa Energía. No se aclara si capital extranjero podrá participar de la compra.

Pérdida de soberanía en el sector nucleoeléctrico nacional
El decreto ordena la transferencia de las acciones Clase "C" de DIOXITEK SOCIEDAD ANÓNIMA, en poder de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) al Ministerio de Energía "a los fines de su posterior enajenación en el proceso de venta correspondiente".

Debe recordarse que el paquete accionario de DIOXITEK es un 99% titularidad de la CNEA y 1% de Nuclear Mendoza Sociedad del Estado. Ese 99% se compone de un 38% Clase A y de un 51% Clase C.

Por tanto, se pondrá en venta el 51% del paquete accionario de Dioxitek (acciones Clase C). ¿Qué significa esto? El objetivo primario de esta empresa consiste en garantizar el suministro de dióxido de uranio necesario para alimentar las centrales nucleares argentinas.

La privatización de Dioxitek significa que este insumo, vital para la fabricación de los combustibles nucleares, a su vez etapa básica del denominado "ciclo del combustible nuclear", dependerá de la decisión de un actor privado. Si dicho actor privado, por ejemplo, decidiera abastecer a las centrales con dióxido de uranio importado los costos del sector nucleoeléctrico dispararían afectando así la promoción y el sostenimiento de la capacidad autónoma y soberana del desarrollo científico-tecnológico ligados al Plan Nuclear Argentino relanzado en 2006. Esto asestaría un golpe letal a los proyectos de construcción de nuevas centrales basadas en este tipo de tecnología.

Posible privatización de la comercialización de electricidad de Yacyretá y Salto Grande
INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA (ENARSA+EBISA) tendrá a su cargo la comercialización de la energía eléctrica proveniente de los aprovechamientos binacionales en los que el ESTADO NACIONAL le hubiese asignado esa función a EBISA.

Posible privatización de los intercambios eléctricos con países vecinos
INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA tendrá a su cargo las interconexiones internacionales con Uruguay, Paraguay y Brasil.

La presencia del Estado y sus empresas en franca extinción también en materia energética, en un proceso que, luego de doce años de interrupción y reversión kirchnerista viene dar continuidad -y coronación- a la etapa de privatización, extranjerización, desregulación y desguace del patrimonio público entre 1976 y 2001. La reforma energética de Macri en una frase que sintetiza historia, presente, modalidad, objetivos y, sobre todo, perseverancia conservadora: "Nada de lo que heredamos estatal seguirá en manos del Estado".

Bibliografia
Decreto 882
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/173965/20171101

Memorias 2015 - ENARSA
https://www.enarsa.com.ar/wp-content/uploads/2017/02/enarsa-memoria-2015...

Balboa, presidente de ENARSA
https://ar.linkedin.com/in/hugo-balboa-00847923

Transener
http://www.pampaenergia.com/Paginas/transmision.aspx

Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) - 1 de noviembre de 2017