Ayer trascendió en los medios estadounidenses que la fiscalía de Nueva York inició la pesquisa para esclarecer si las empresas calificadoras cumplieron un acuerdo alcanzado en 2008 con el predecesor de Schneiderman, el actual gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. En ese momento, las agencias se comprometieron a modificar los mecanismos para valuar y calificar los préstamos hipotecarios residenciales y difundir sus criterios de evaluación. A cambio de esa mejora en la “transparencia”, Cuomo dejó de lado todas las investigaciones sobre el rol de esas empresas en el estallido de la crisis financiera internacional y abandonó la posibilidad de realizar cualquier acción legal contra las compañías.

El acuerdo de 42 meses venció en 2011 y ante los escasos avances observados en los compromisos asumidos por S&P, Moody’s y Fitch, la fiscalía de Nueva York está buscando irregularidades en el acuerdo que le permita volver a investigar a las empresas por su responsabilidad en la crisis. El equipo de Schneiderman aprovechó el escenario político facilitado por la demanda del gobierno de Estados Unidos y 16 estados individuales a S&P para activar su propia línea de investigación.

“La conducta de Standard & Poor’s es escandalosa y va al corazón de la reciente crisis financiera”, afirmó el martes el fiscal general Eric Holder al anunciar los cargos contra la calificadora y el reclamo por más de 5 mil millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos argumenta que S&P subestimó el riesgo de los Collateralized Debt Obligations (CDO, obligaciones de deuda colaterales que están estructuradas por tramos) e infló sus ratings otorgándoles las mejores calificaciones y así causó que diferentes instituciones perdieran miles de millones de dólares. La demanda no alcanza a las otras dos empresas Fitch y Moody’s. En cambio, la investigación de la fiscalía neoyorquina incluye a las tres firmas que controlan más del 80 por ciento del mercado de calificaciones.

Las calificadoras de riesgo jugaron un papel activo en el crecimiento de la inestabilidad financiera que detonó con la crisis de las hipotecas subprime. Las irregularidades y abusos cometidos por las principales empresas del sector están documentados en un informe de 2008 de Securities and Exchange Commision (la SEC, el ente de regulación del mercado bursátil de Estados Unidos) y las críticas investigaciones realizadas por la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera, creada por el gobierno y el Senado estadounidenses. Ambas investigaciones son insumos de la demanda realizada por el Departamento de Justicia contra S&P. Hasta ahora, el único lugar donde las calificadoras fueron juzgadas y sentenciadas por mentir es en Australia, donde un juzgado determinó que S&P había engañado a doce municipios, generándole pérdidas por más de 17 millones de dólares.

Pagina/12 - 9 de febrero de 2013