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Hay reuniones para tomar decisiones cruciales sobre el curso de la lucha contra la Covid-19, entre gobernadores, jefes de gabinete, ministros de Salud, de Seguridad, pero no está el Ministerio de las Mujeres; como si la perspectiva de género no fuese indispensable en esta emergencia.

En el sistema científico y tecnológico anotamos que por primera vez en su historia al CONICET lo preside una mujer, la doctora Ana Franchi. Aunque en su Directorio (producto de la elección democrática de les investigadores de la institución), de los ocho miembros una sola es mujer.

La Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la provincia de Buenos Aires, en sus 64 años de vida jamás fue presidida por una mujer. En su actual directorio de cinco miembres no hay ninguna mujer y en las Direcciones regionales, de cinco miembres una sola es mujer. Podríamos afirmar que las instituciones van muy detrás de la realidad cuando vemos, todos los días, que las científicas están al frente de importantes descubrimientos, innovaciones y desarrollos tecnológicos, por ejemplo en la lucha contra la pandemia que nos azota. 

En la más grande universidad pública nacional, la UBA, solo hay un 23 % de mujeres en los órganos de conducción. Y a nivel nacional, en lo que respecta a autoridades de organismos del sistema de investigación científica en Argentina, las mujeres ocupan —tan solo y por ahora—  el 14 % de los cargos. En una clara señal de los nuevos tiempos que las luchas feministas están abriendo nos regocijamos porque el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la Agencia de Promoción, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, ha creado un área de Política Transversal de Género y Diversidad Sexual, con composición igualitaria de género en su Directorio. El propósito de la misma es que convocatorias y oportunidades de financiamiento de las investigaciones sean elaboradas con perspectiva de género.

En la Comisión de Seguimiento de la Covid-19 del Consejo Interuniversitario Nacional-CONADU (Federación de Docentes Universitarios), hay mayoría masculina por fuerte incidencia de rectores varones en las universidades nacionales.

Los comité de crisis ante la Covid-19 son abrumadoramente masculinos. Habiendo un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades a nivel nacional, otro en  provincia de Buenos Aires, ¿por que no integran los comités? Estaría bueno probar —también en esta área— cómo la perspectiva de género incide en la óptica y las medidas gubernamentales que se tomen.

Extendamos la mirada a otros casos –paradigmáticos— que están por fuera del Estado. Miremos un plenario de la conducción de la CGT: ni una sola mujer. Plenario de Secretarios Generales de la CGT, escasísimo número de mujeres.

En la conducción del fútbol argentino (AFA): una sola mujer (presidenta del Club Banfield). El caso del fútbol es una vitrina de lo acontecido en otros campos: la demanda de las mujeres por reconocimiento legal del fútbol femenino avanzó lentamente, consiguiendo resultados positivos hace pocos meses, al cabo de décadas de lucha.

Ahora que sí nos ven

La apropiada decisión del Presidente Alberto Fernández de decretar el Aislamiento Social Obligatorio para frenar la onda expansiva del contagio masivo del virus Covid-19 hace centro en los conceptos CUIDADOS, CUIDAR, CUIDARNOS, CUIDARTE. No podríamos entonces dejar de enfatizar que los mismos fueron jerarquizados en el orden del día de la política argentina por la irrupción nacional masiva de los feminismos en la callea partir del #NiUnaMenos del 3 de junio del 2015. De la mano de la lucha contra los femicidios,  ocuparon la escena las demandas por el cese de la antiquísima desigual distribución sexual de las tareas de cuidado, la recuperación de la soberanía sobre el cuerpo femenino, la interrupción voluntaria del embarazo y la reivindicación de la igualdad de géneros.

La acertadísima consigna QUEDATE EN CASA debe asegurar que sea CON DERECHOS, para que la convivencia no agudice las violencias de género y sobre niñes y adolescentes. Porque tenemos –según cifras oficiales— siete niñas que paren en aislamiento cada día y aproximadamente seis denuncias cada hora por violencia machista. Para hacer la denuncia ahora las víctimas pueden transitar libremente hacia la comisaría más próxima, lo cual es bueno; aunque debería facilitarse el más amplio y universal conocimiento de esta ventaja, partiendo de la idea de la gran desigualdad existente en la conectividad que afecta a la población femenina, trans o travesti de los sectores populares. Las desigualdades también se manifiestan en buena parte de nuestro país, donde el patriarcado alcanza hegemonías cuasi absolutas.

Por caso: ¿qué hacer con sujetos como el diputado tucumano Bussi —digno hijo de un genocida— que dice que el feminismo es una “ideología extraña a nuestra sociedad”? (Los genocidas dictatoriales calificaron de “ajenas al sentir nacional” las ideas de sus víctimas.) Idea que va en el sentido de la marcha de los barbijos contra la vuelta del comunismo.

Este sujeto no está solo, tiene consensos nada inocentes. Tucumán fue declarada por el Parlamento provincial —en medio del tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hace tres años— como «territorio pro-vida”.

Aunque, como el movimiento feminista ha venido marcando agenda, hace pocos días ese mismo parlamento aprobó por intensa mayoría la Ley Micaela.

La violencia de género ocupa el tercer lugar en las preocupaciones de les encuestades del AMBA. Hablamos no solo de violencia física, sino también de violencia psicológica y económica hacia mujeres, trans y niñes y adolescentes (ver informe del ICO y UNGS).

Gobiernos de diferentes niveles alquilan espacios para mujeres víctimas de violencia de género, pero ¿no sería mejor que los violentos sean apartados del domicilio para que la víctima no deba peregrinar con bártulos e hijes en busca de residencia? Se acentúa la imperiosa necesidad de focalizar más en el varón agresor.

En este contexto evitamos caer en la trampa del artificial debate “salud versus economía”,  instalado por los medios hegemónicos voceros de la derecha que, entre otras consecuencias, soslaya a la violencia machista como variable que amenaza la reproducción de la vida. 

Aun con todas las leyes y medidas protectoras conquistadas por nuestro movimiento, la cifra de mujeres asesinadas por su condición de género permanece cuasi constante. Por eso enfatizamos que —más allá de la pandemia— necesitamos dejar de contar les muertes y pasar a contar los casos en los cuales la denuncia, los protocolos y otros instrumentos efectivamente salvan la vida de une compañere.

Nueva normalidad

Se habla en todo el mundo sobre la emergencia de una nueva normalidad, cuando la pandemia se retire. De contornos sumamente difusos por ahora, su definición dependerá en mucho de la capacidad de los pueblos oprimidos y saqueados por el capitalismo financiero global de alterar el rumbo de la humanidad en un sentido emancipador. De lo que no tenemos dudas es que las mujeres, trans, travestis, los feminismos populares buscamos ocupar un rol sustancial en dicha construcción.

Y en este terreno hay otros protagonistas, además de los Poderes Ejecutivos de todo nivel. Nos referimos al rol insoslayable de la acción del Poder Legislativo y a la responsabilidad del Poder Judicial.

El Presidente Alberto Fernández prometió —y está cumpliendo— el envío a las Cámaras para su ratificación, de la Resolución 190 (Protocolo para Prevención y Acción contra la Discriminación, Acoso y Violencia por Razones de Género contra las Mujeres y Personas LGBT por Razones Laborales) y la Recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo; a la que se sumará la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En la Cámara de Senadores aguarda para su aprobación la Ley Contra el Acoso Callejero. Ya está demostrado que el Parlamento puede sesionar y sancionar leyes en tiempos de pandemia; a menos que los patriarcas encuentren, una vez más, pretextos excusatorios.

Ni qué decir del Poder Judicial, que es uno de los mayores reductos machistas. La profunda, inmediata y necesaria reforma judicial deberá contemplar que las sentencias se escriban con perspectiva de género y no podrá eludir el acortamiento de los tiempos de los procesos judiciales; que se carguen —en su memoria— en tiempo y forma las mismas y que toda la pirámide judicial reciba la formación sostenida y adecuada para tratar todos los delitos vinculados a las cuestiones de género. Y que esa formación se haga con expertes no pertenecientes al Poder Judicial. Asegurar que quienes sufran abusos por razones de género no sean victimizades una y otra vez en los procesos, abandonando la discriminatoria práctica de hacer pericias psiquiátricas solo a les denunciantes y no a los denunciados. Y teniendo la certeza de que el papel firmado por un juez no disuade a quien ejerce violencia, habrá que plasmar en ley y vigilar la aplicación de todas las medidas que aseguren los derechos y la integridad física, psíquica y económica de las víctimas mujeres, trans, travestis, niñes y adolescentes. También creemos indispensable asegurarnos de que no quede librada a voluntad de jueces y dudosos informes del servicio penitenciario la excarcelación de condenados por femicidio.

Podríamos enumerar otras denuncias y más demandas que compondrían facetas de lo que bautizamos como “nueva normalidad”; pero somos conscientes de que la misma tendrá un rumbo y una dinámica resultantes de la acción colectiva. 

La flecha está en el aire. Seguiremos peleándola porque —como reza el proverbio africano—,  “si las mujeres bajaran los brazos, el cielo se caería”.

^{El Cohete a la Luna - 14 de junio de 2020}