La informalidad en las unidades productivas es una problemática global que afecta, según la Organización Internacional del Trabajo, al 80,9% de las empresas a nivel mundial y el 76,3% en América Latina. Organismos como el Banco Mundial y la OCDE atribuyen esta informalidad a la complejidad de los procedimientos establecidos por los Estados y proponen reducir requisitos y controles para fomentar su crecimiento.

En este sentido, según la OCDE, en Argentina los procedimientos para crear empresas son complejos y largos. En respuesta a estas problemáticas, el país adoptó entre 2016 y 2019, reformas estructurales como la creación de sociedades por acciones simplificadas (SAS). A través de este nuevo tipo de empresas se buscaba facilitar la creación de firmas mediante procesos electrónicos con bajos costos y pocos requisitos formales. 

A pesar de la proliferación de SAS, la información disponible revela que su adopción no ha sido inocua. Esta forma societaria se ha convertido en el vehículo legal preferido para la criminalidad económica, utilizado para la evasión tributaria a través de facturas apócrifas, lavado de dinero, información errónea, incumplimientos contables y fraudes aduaneros. A pesar de informes elaborados por distintos organismos de control como la AFIP, la IGJ y la UIF, la reacción de las autoridades ha sido limitada. 

Esta investigación a cargo de Tomás Lukin y María Eugenia Marano, identifica y detalla las diversas maniobras abusivas vinculadas a las SAS y aborda la necesidad de reformas normativas para evitar que la simplificación de procedimientos se consolide como un vehículo para la criminalidad económica. En resumen, la adopción de las SAS en Argentina, destinadas a fomentar el desarrollo emprendedor, ha sido problemática, siendo explotadas con frecuencia para actividades delictivas.

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^{Fuente: FES Argentina - Marzo 2024}