Alicia Bárcena dijo en París que había llegado con ganas de lanzar propuestas un tanto provocadoras y no decepcionó. Ante el Foro América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la jefa de la CEPAL reclamó la legalización de la droga como parte de la solución a los problemas económicos y sociales de una región que hoy en día deja, recordó, a gran parte de su juventud más vulnerable a merced de los carteles.

“Llegó la hora de plantearnos seriamente la legalización de la droga y de no entregarle el bono demográfico, 165 millones de jóvenes que hoy se los estamos entregando al narcotráfico en charola de plata porque no tenemos empleo ni instituciones”, dijo la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

“¿A quién le conviene la legalización de la droga? ¡A América Latina y el Caribe, por Dios! Porque la ilegalidad es lo que está matando a la gente”, exclamó la mujer a la que el candidato presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador querría nombrar como embajadora ante la ONU.

Para la mexicana, esta propuesta forma parte solo de un planteamiento básico más amplio: que la región tiene quizás que empezar a buscar su propio camino y soluciones a problemas propios. América Latina, afirmó, “tiene la madurez suficiente para buscar sus propios caminos y construir instituciones más apegadas a nuestras realidades, porque estamos adhiriéndonos a estándares que provienen de otros contextos, y está bien, porque son buenas prácticas en algunos casos. Pero lo que tenemos que comprender a fondo es cuáles son nuestras desigualdades profundas, porque estamos copiando modelos institucionales de realidades que no son iguales”.

En un foro en el que el fantasma de la corrupción planeó nuevamente durante todo el evento y los mensajes políticos, Bárcena llevó a París una idea que ya ha lanzado en un reciente estudio la organización que dirige: que para acabar con la corrupción, fuente principal de la desconfianza ciudadana en las instituciones, como venía de alertar justo antes el jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el también mexicano Ángel Gurría, hay que terminar antes con la “cultura del privilegio”.

“América Latina tiene dos problemas: la falta de productividad y la desigualdad, que es el problema de fondo, porque en nuestra región prevalece la cultura del privilegio, que naturaliza la desigualdad y hace que la gente sea discriminada por raza, por género, por religión, por estado socioeconómico”, afirmó Bárcena. Según recordó, el 80% de la población latinoamericana piensa que hay corrupción en sus gobiernos. “La corrupción, la evasión fiscal nos está matando, y todo esto resulta de la cultura del privilegio. Llegó la hora de terminar con la cultura del privilegio (…) movámonos hacia la cultura de la igualdad”, propuso, porque “una sociedad igualitaria es también una sociedad más productiva”. La desigualdad, insistió, “es ineficiente, es mala económicamente, no solo éticamente”.

Y es solo de un problema de productividad, aunque este es un punto en el que la región tiene que hacer hincapié si quiere mejorar un crecimiento insuficiente en los últimos años, como advirtió el vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Santiago Levy, otro de los posibles integrantes del gabinete de un López Obrador presidente.

Se trata sobre todo, acotó por su parte el jefe de la OCDE, de una cuestión de confianza ciudadana en las instituciones sin la cual no se puede garantizar un sistema democrático. Y las cosas no van en la buena dirección, advirtió Gurría.

“Hoy tres de cada cuatro latinoamericanos tiene poca o ninguna confianza en sus gobiernos, en contraste con el 55% de hace apenas seis o siete años”, recordó. Además, alrededor del 80% de los latinoamericanos y caribeños considera que sus gobiernos son corruptos, 15 puntos más que en 2010. Otro dato preocupante más: solo cuatro de cada diez de los latinoamericanos están satisfechos con la salud pública y menos de seis de cada diez con la educación.

“Todos estos indicadores se están moviendo en la dirección equivocada y a gran velocidad”, subrayó Gurría, para quien esto demuestra una “desconexión entre ciudadanos e instituciones que debilita el contrato social” que hace que más de la mitad de los ciudadanos latinoamericanos vea justificable, a causa de la corrupción, no pagar impuestos.

Y el problema no acaba allí. Porque esta situación lleva a una no menos peligrosa “trampa institucional”, advirtió Gurría: “La caída de la confianza en instituciones, la menor predisposición a pagar impuestos limita la capacidad recaudatoria de los Estados. Y sin los recursos necesarios, la calidad de los servicios públicos no puede elevarse a la altura de las demandas ciudadanas”.

Un círculo vicioso del que es difícil salir sin un “andamiaje institucional sólido, eficiente y confiable” que requiere un fortalecimiento de las instituciones. “Necesitamos Estados más confiables con un sistema fuerte y transversal de integridad en todos los niveles de gobierno”, resumió Gurría.

El País - 28 de mayo de 2018