El plan de acción abarca una veintena de áreas, que incluyen desde la erradicación de la pobreza hasta los bosques y la biodiversidad, pasando por seguridad alimentaria, ciudades, océanos, montañas y minería, entre otras. Pero queda muy corto en relación al tamaño del desafío; sobre todo cuando no cuenta con recursos para su implementación, puesto que la propuesta del G77 de crear un fondo de 30 mil millones de dólares fue rechazado por los países más ricos que se negaron a asumir nuevos compromisos financieros.

El hecho de que el documento final refleje una solución de compromiso, con cierto equilibrio entre las posiciones planteadas por los países desarrollados y aquellas del G77 más China (que agrupa a más de 130 países en desarrollo y economías emergentes), es sin duda un reflejo de la nueva correlación internacional de fuerzas, donde países como Brasil, China e India están haciendo valer su nuevo peso económico en la política internacional.

No cabe duda que Brasil, como país sede, jugó un rol clave para conseguir la aprobación de la Declaración la víspera del inicio de la Conferencia, luego de que, a partir del viernes 15, asumió la presidencia de las negociaciones, con una postura de propiciar consensos, pero con firmeza frente a las presiones de los países desarrollados. Así se evitó un escenario bochornoso como el de las negociaciones del clima en Durban (en diciembre pasado).

Entre los temas en los cuales el G77 no cedió está el de la economía verde, que algunos actores pretendían que sustituya al concepto de desarrollo sostenible (consagrado por Naciones Unidas hace 20 años en la Cumbre de la Tierra Rio 92). Si bien se la incluye como capítulo de la Declaración, queda reducida a una simple herramienta del desarrollo sostenible. Estos países incluyeron, además, una seria de salvaguardas destinadas a proteger sus procesos y formas propias de desarrollo, como la soberanía sobre sus recursos naturales, o el fortalecimiento de la población indígena y el respeto a sus enfoques no mercantiles.

La propuesta de la economía verde es un concepto vago, impulsado por el sector empresarial y sus gobiernos aliados, con el patrocinio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA-. Pretende que las medidas de protección ambiental puedan convertirse en una actividad altamente rentable, lo cual repercutiría en mayor inversión privada en ellas. Por ello, sus defensores la presentan como una solución, no sólo a la crisis ambiental, sino también a la económica. Pero muchas voces críticas han develado que el poner precio a todo, representa una justificación para la mercantilización a ultranza de la naturaleza. (1) Ahora, por lo menos, será más difícil utilizar la Declaración de Río como justificación para el proyecto de mercantilizar la naturaleza bajo el paraguas de la economía verde.

Este pequeño logro mucho se debe a la campaña de denuncia y rechazo de la economía verde desarrollada en el último semestre por una diversidad de movimientos sociales a través del mundo, que le restó legitimidad. Toda vez, no se puede cantar victoria. Con este u otro nombre, el proyecto de la "economía verde" y los intentos de colocar a toda la naturaleza bajo las leyes del mercado, proseguirán por otros caminos. Justamente, en el marco del Foro Corporativo Sustentable, como parte de la Conferencia de la ONU, el sector privado presentó su “Declaración de Capital Natural”, suscrita por ejecutivos de instituciones bancarias, compañías de seguros y agencias de inversiones, según la cual, lo que llaman “activos”, como el agua, el aire, el suelo y los bosques, representa un “capital fundamental”, que atañe a los negocios de las empresas.

Además, los enfoques empresariales constan en varios párrafos de la Declaración de la Conferencia, que contiene frecuentes referencias a las "alianzas público-privadas" para financiar el desarrollo sostenible, que implica una virtual privatización de la cooperación internacional. También se habla reiteradamente de "crecimiento económico sostenido, incluyente y equitativo", que resulta contradictorio con el concepto de sostenibilidad ambiental.

Agenda de luchas renovada

El otro gran evento de Río + 20 fue la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental (15-22 de junio). Como la mayoría de Cumbres sociales, si bien se abordó la reflexión teórica, no fue tanto para profundizarla, sino para socializarla con miras a establecer enfoques comunes; como también para compartir y concertar temas, estrategias, luchas y campañas.

“La Cumbre de los Pueblos es el momento simbólico de un nuevo ciclo en la trayectoria de luchas globales, que produce nuevas convergencias entre movimientos de mujeres, indígenas, negros, juventudes, agricultores/as familiares y campesinos, trabajadores/as, pueblos y comunidades tradicionales, quilombolas, luchadores por el derecho a la ciudad, y religiones de todo el mundo”, señala la Declaración de la Cumbre.

Los actores sociales presentes convergieron en plenarias temáticas, seguidas de asambleas para poner en común sus análisis, propuestas de solución y agendas de lucha. Los debates abordaron temas como derechos, defensa de los bienes comunes contra la mercantilización, energía, industrias extractivas, soberanía alimentaria, empleo y trabajo digno. De las cinco plenarias, se desprende una visión bastante coincidente de las causas de las crisis actuales -que la Declaración resume como: “el sistema capitalista patriarcal, racista y homofóbico”- y el rechazo a las falsas soluciones.

La agenda de luchas y campañas, bastante amplia y diversa -como no podía ser de otra manera en un encuentro tan heterogéneo-, enfrentará el reto de aterrizar en algunas acciones y metas de mayor envergadura. Entre ellas podemos mencionar la campaña global para confrontar el poder de las corporaciones transnacionales y sus crímenes contra la humanidad, cuyo lanzamiento se realizó en la Cumbre. La campaña es impulsada por un abanico de redes y coordinaciones sociales de distintos sectores, bajo el lema: “Desmantelemos el poder de las transnacionales y pongamos fin a la impunidad”.(2)

Uno de los hechos destacados de la Cumbre fue la gran marcha del 20 de junio (día del inicio de la Cumbre oficial) en la participaron, según estimaciones, entre 50 y 100 mil personas que desfilaron por la zona céntrica de Río, y que, a pesar de la distancia de 40 km, resonó en la conferencia oficial. Para los movimientos brasileños, la marcha fue sin duda un hito histórico que, según dirigentes sociales del país, tendrá un impacto en la política nacional.

Un segundo hecho destacado fue la solidaridad con Paraguay, particularmente en la asamblea final del viernes 22 -cuando ya corrían rumores del inminente fallo del Senado para derrocar al presidente constitucional Fernando Lugo-, en la que se condenaron las pretensiones golpistas contra la democracia y los procesos de cambio en América Latina.

En términos más formales, el contacto de la Cumbre con el espacio oficial se concretó mediante un diálogo de una hora con el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, donde una delegación entregó las propuestas de la Cumbre y expresó la frustración y decepción frente a los pobres resultados de la Conferencia oficial.

Avances y retrocesos

Muchas voces están denunciando el fracaso de Rio + 20, y desde la perspectiva de la urgencia de las crisis que enfrenta el mundo, sin duda logró muy poco. No obstante, hubiese sido mucho más grave el no haber logrado ningún acuerdo, o el haberse impuesto la versión inicial de la economía verde. Bien o mal, a pesar de la disminuida credibilidad que tiene actualmente Naciones Unidas, las conferencias mundiales siguen figurando entre los pocos espacios donde los gobiernos del mundo pueden contraer compromisos y definir políticas comunes en temas globales, como la sobrevivencia del planeta.

El documento contiene algunos avances conceptuales, como un reconocimiento (escueto) a la idea de derechos de la naturaleza (mas no se dio paso a la propuesta de elaborar una Declaración mundial de la ONU en esta materia); también hay referencias a una visión holística del desarrollo, y a distintos enfoques, visiones, modelos y herramientas. Se reconoce la relación especial entre pueblos indígenas y diversidad y su rol en su conservación. Y si bien aún no se han fijado nuevas metas de desarrollo sostenible a partir de 2015, para dar continuidad a las metas del milenio, sí se puso en marcha un mecanismo para su elaboración. Tampoco se definió la nueva institucionalidad de la ONU para el manejo del tema ambiental; pero si se acordó crear un foro político intergubernamental de alto nivel para discutir el tema y vigilar la aplicación de los planes de desarrollo sostenible.

Es de anotar también que el marco de las negociaciones fue bastante más transparente que en algunas conferencias anteriores, con acceso a los documentos, incluso para los observadores, sin las consabidas reuniones a puertas cerradas de algunos países para imponer decisiones a los demás.

Sin duda hay muchos otros temas ausentes o insuficientemente desarrollados en el documento. Pero no valdría por ello perder de vista los retos en adelante: esto es, impulsar la implementación de lo que los gobiernos ya han comprometido, a la vez que profundizar los compromisos. Para ello, será clave el encaminamiento de las propuestas y agendas concertadas en la Cumbre de los Pueblos, que abren nuevas perspectivas.

ALAI, América Latina en Movimiento - 27 de junio del 2012