La deuda en democracia

El presidente, Raúl Alfonsín, asumió al gobierno de nuestro país el 10 de diciembre de 1983, pero no puede afirmarse que detentara el poder ya que la mera participación formal del voto mayoritario no significó el armado de una alianza social que lo respaldara. En efecto, en el comienzo del gobierno se tenían claros los objetivos de fortalecer las pequeñas y medianas empresas industriales y transferir la abultada renta agraria a fin de generar un fuerte mercado interno, democratizando así la economía y la sociedad, pero no se contempló que el poder económico se había concentrado, centralizándose y extranjerizándose mucho más que en la década de los años sesenta, como tampoco tuvo en cuenta que la ciudadanía beneficiada por  la apertura democrática se encontraba en extrema debilidad dependiendo y subordinándose a las grandes empresas.

Bernardo Grinspun, el primer Ministro de Economía de la democracia, propuso investigar la deuda externa y separar la legítima de la ilegítima, esto es, investigar y saber en qué se había endeudado el Proceso de Reorganización Nacional, cuestionando de esta manefra los seguros de cambio de las empresas residentes en el país, que habían contribuido al endeudamiento. Estos “seguros de cambio” se habían generado desde 1981 cuando, ante la falta de divisas por un comercio deficitario y un egreso mayor que los ingresos reales (turismo, fletes, royalties, comunicaciones) y financieros (intereses, giros de utilidades), el Estado nacional comenzó a hacerse cargo de la deuda privada.  Ciertamente, el problema fue que la devaluación de nuestra moneda fue mucho mayor que el ajuste de la deuda en pesos, produciendo una transferencia de la deuda externa del deudor privado al Estado. A esa estafa,Bernardo Grinspun no quiso pagarla.Sin embargo, los grandes grupos económicos comoTechint, Eurnekian, Pérez Companc, Bulgheroni, Fortabat, Pagani, Macri, Madanes Quintanilla,Bagó o Ledesma, junto al sector agroexportador, presionaron para que no se investigara la deuda heredada de la dictadura militar,de unos 46.000 millones de dólares, exigiendo además, no sólo su reconocimiento, sino el pronto y mayor pago posible de los servicios de la misma.El 18 de febrero de 1985, Bernardo Grinspun echó del Ministerio de Economía a Joaquín Ferrán, representante del FMI en la Argentina,  Al día siguiente, el Presidente Alfonsín le pidió la renuncia al ministro. Se ponía en marcha el plan de legitimar toda la deuda externa acordando con los grupos económicos locales.

La deuda externa era de tal magnitud y sus intereses tan altos que durante el período 1985-1988, para intentar pagarla se empleó todo el superávit comercial (U$s 8.530 Millones); sin embargo, por los altos intereses, la deuda externa pública creció a U$s 63.200 millones.  Más pagábamos, más debíamos.

El 6 de febrero de 1989 el Presidente del BCRA, José Luis Machinea, anunció que no tenía más reservas disponibles[1], así que con el pretexto de la crisis, el ya nuevo presidente Carlos Saúl Menem hizo aprobar las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica que esbozaban un amplio plan de privatizaciones y dotaban al Ejecutivo de amplias facultades para racionalizar el gasto público. Éste era el verdadero objetivo de grandes empresarios nacionales y extranjeros: mediante privatizaciones a precio vil, lograr restablecer el pago a los acreedores externos.

Al absorber la deuda de las empresas que se habían privatizado, por un lado, el Estado nacional las dejó“saneadas”y por otro, acompañó este proceso con planes de retiro “voluntario”, jubilaciones anticipadas, despidos y cesantías. Esto ocasionó, inmejorables condiciones para la obtención de renta en dichas empresas, perfilando una importante regresión del ingreso y expulsando trabajadores a la desocupación y a la pobreza[2].

Con los ingresos en divisas, el gobierno de Menem fortaleció las reservas del BCRA y aplicó un rígido plan de convertibilidad en la que nuestra moneda “valía” un dólar por unidad de peso.Obviamente, la Argentina no tiene la capacidad productiva de los EE.UU., por lo que consecuentemente se tornó más barato importar que producir. Así, mientras que en 1974 nuestra industria representaba el 22,9% del PIB, al fin de la dictadura fue el 19,2% y, durante el período de Menem-Cavallo hasta el año 2002, representaba sólo el 15,4% del PIB, reflejándose esa brutal desindustrialización en una tasa de desocupación y de pobreza de dos dígitos. Paralelamente, la deuda externa nacional había pasado de U$S 52.739 millones (1991) a U$S 88.259 millones  (2001) y el stock de capitales de residentes argentinos en el exterior,  de U$S 54.936 millones a U$S 137.806 millones durante el mismo período.

La crisis del año 2001 fue el final de la apertura de la economía, de la paridad cambiaria del peso con el dólar y de la convertibilidad de nuestra moneda. Con una recesión que terminó en saqueos, 39 muertos, la caída del gobierno, cinco presidentes en doce días de desorden generalizado y, la mayor moratoria de una deuda soberana (para esa época) de casi 100.000 millones de dólares.  El 19 de diciembre de 2001 renunció el Ministro Domingo Cavallo, y el 20, el entonces presidente, Fernando De la Rúa. Finalmente, asumió la Presidencia de la República el Dr.Eduardo Duhalde, quien nombróMinistro de Economía a Jorge Remes Lenicov, mas, como éste reconociera posteriormente, fue condicionado a devaluar nuestra moneda y a dejar a las grandes empresas nacionales deudoras como las únicas beneficiadas con la pesificación asimétrica[3].

Lo cierto es que produjo una brutal transferencia de ingresos de los asalariados, jubilados y pensionados a favor de aquellas empresas endeudadas, principalmente las del Grupo Clarín, Techint, Ledesma, Pérez Companc, Eurnekian, Bulgheroni, Macri,  Werthein, Roemmers, Aluar, La Anónima y Coto, todas ellas, como se explicó anteriormente, endeudadas en dólares que pagaron en pesos al convertirlos a la paridad 1=1.Por lo tanto, teniendo en cuenta que en abril de 2002 el valor del dólar oficial era de $ 3.- y el del paralelo de $ 4.-, a los empresarios se les redujo la deuda a un tercio del monto real, en tanto que el Estado quedó a cargo de la diferencia, acrecentado así la deuda pública.

Como contraparte, en un marco en el que el PIB había descendido un 10,9%, aumentaron drásticamentelos los niveles de pobreza, desocupación y marginalidad, debidos a la transferencia de recursos hacia los sectores más favorecidos. En mayo de 2002, la tasa de desempleo fue del 21,5%, es decir, la mayor que se tenga registro.

En ese contexto, el descontento de la población se manifestaba en las calles de todo el país y, el 26 de junio de 2002, la policía federal asesinó a Maximiliano Kosteki y a Darío Santillán, además de generar decenas de heridos y más de un centenar de arrestos. Ése fue el fin del gobierno de Eduardo Duhalde, quien debió convocar a elecciones, en las que resultó electo Néstor Carlos Kirchner.

El verdadero kirchnerismo

Según un informe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), entre 2003 y 2008 la Argentina redujo la tasa de desempleo urbano abierto en un 53,8 %. Desde 2003 se verificó un incremento exponencial en la cantidad de beneficiarios que participaban en las políticas activas de empleo y formación profesional que llevaba adelante el MTEySS (Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social de la Nación). Justamente, se había pasado de apoyar a alrededor de 16.000personas en 2003, a más de 900.000 en 2014[4] pues, a fines de ese año, la estrategia había sido la de poner en marcha el Plan Integral para la Promoción del Empleo "Más y mejor trabajo". En efecto, para reducir la desigualdad social a raíz de la pobreza, la creación de empleos era una de las premisas del proceso iniciado por el gobierno de Néstor Kirchner, con lo que los índices de pobreza y de desempleo disminuyeron notoriamente. El salario mínimo que, con un dólar oficial de $ 3,50 en 2003 era de $ 360.- (equivalente a unos 103 dólares), con un dólar de $ 2,90 se elevó a $1.240.-  en 2007. (Unos 428 dólares).

En el período 2003-2007 la industria argentina creció a un promedio anual del 10,3% en términos del IVF (Índice de Volumen Físico), acompañando la dinámica de la economía en su conjunto. La persistencia del avance del sector manufacturero constituye una característica que sobresale en relación a otros períodos de crecimiento industrial. Valga como ejemplo que en julio de 2004, se firmó un Acta compromiso para reflotar el astillero Río Santiago y, en 2005 fue firmado el contrato que estableció la construcción de dos buques de 47.000 toneladas cada uno. Así, merced a los contratos firmados con la República Bolivariana de Venezuela para la construcción de buques petroleros, el astillero pudo ser reactivado, lo cual implicó la incorporación inmediata de 250 nuevos operarios.

Néstor Kirchner tenía muy claro que el crecimiento sostenido de China, India y otros países emergentes configuraba una nueva realidad internacional, de la que nuestro país debía saber sacar provecho, vendiendo cada vez más productos con mayor cantidad de mano de obra y tecnología nacional. Kirchner pensaba que, a medida que los países asiáticos aumentaran sus ingresos, correlativamente incrementarían su consumo. Por eso para él, el país debía ser soberano en lo fiscal, en lo monetario, en lo cambiario, con fuerte intervención en resortes claves como la energía y el transporte, y con acuerdos comerciales, productivos y financieros en la región que permitieran emplear tecnología propia a fin de que la Argentina definitivamente pudiera integrarse al mundo. Financió la política de igual a igual con los “dueños” del país, renegociando inteligente y patrióticamente la deuda espuria (con fuerte quita del capital de la misma), creando puestos de trabajo, haciendo crecer el producto y mejorando la distribución del ingreso nacional. También incorporó al sistema de jubilaciones y pensiones a todos aquellos que el menemismo había dejado sin trabajo y sin aportes; estableció relaciones fraternales con los países de la región; se opuso al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas)  impulsó el Mercosur, la Unasur y la CELAC.

En el marco dela Presidencia de Néstor Kirchner, la tasa de crecimiento del PIB que había estado en torno al 9% anual en sus más d ecuatro años de gobierno, a raíz del conflicto con el campo y luego del comienzo de la crisis internacional de subprime[5], el PIB del año 2008 se incrementó sólo en un 4,1% generando un aumento de los precios internos.  Siendo Ministro de Economía Amado Boudou, en el segundo semestre de 2009, se recupera la economía, pero se frena desde 2012 en adelante durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

La vuelta del endeudamiento externo

Si dijimos que Néstor Kirchner había saldado la deuda con el FMI, la administración de Cambiemos que asumió el gobierno nacional en diciembre de 2015, volvió a  incrementarla sideral y terminantemente, porque las necesidades financieras del Tesoro Nacional habían dejado de atenderse principalmente con fuentes domésticas y en pesos y comenzaron a cubrirse a través de un proceso acelerado de endeudamiento externo.

En diciembre de 2015, la deuda externa Argentina era equivalente a 222.703 millones de dólares, de los cuales el 60% era intra sector público, es decir, en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, entre otros; el 9% con organismos internacionales[6]  y, 31% con el  sector privado[7]. Estamos, en condiciones de afirmar que la deuda externa en poder de organismos internacionales y bonistas privados era de 89.081 millones de dólares. Sin embargo, en  diciembre de 2019 pasó a ser de 320.630 millones de dólares, el 40% de la misma intra sector público, el  22,7% organismos internacionales, mayormente al FMI por un equivalente a 44.599 millones de dólares y, el 37,3% al sector privado.  Es decir, la deuda se incrementó en aproximadamente de 100.000 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos,  en que a su vez, desmejoró sensiblemente su distribución y la perentoriedad de los plazos. Así, tomando la fecha, por ejemplo, al 30 de septiembre de 2023[8], la deuda bruta ascendió a 406.603 millones de dólares de los cuales, en moneda extranjera, es de 266.933 millones de dólares (incluye 74.731 millones de dólares con organismos internacionales de créditos, principalmente el FMI).  Pero la deuda en moneda nacional que era equivalente al tipo de cambio oficial de esa fecha, a 139.670 millones de dólares, en su mayor parte es ajustada por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia, que se basa en la inflación medida por el IPC del INDEC) y/o por dólar linked (ajuste del dólar oficial).

La situación de endeudamiento empeora en la administración presidida por Alberto Fernández:

 a) No se investigó la deuda dejada por la administración de Cambiemos[9]:

b) Al precio oficial, se vendieron 28.472 millones de dólares  a las empresas privadas, para que ésta paguen supuestas deudas[10] con reservas internacionales del BCRA y merced a un superávit comercial que en los  años 2020 a 2022 superó los 34.000 millones de dólares. 

c) Por la justificada asistencia a la población debido a la pandemia del covid-19, el déficit fiscal heredado se profundizó financiándose con la colocación de títulos de deuda en pesos en el mercado interno, títulos ajustables por inflación, por dólar oficial o por ambas cosas (Bonos dual) a un monto total de $ 57,5 billones[11], todo ello teniendo en cuenta que  se había heredado deudas en pesos por un monto mucho menor[12].  

d) Se contrajo más la deuda con los importadores a quienes se les permitió comprar del exterior[13]al los que el mismo gobierno del Frente de Todos[14]le consintiósuscribir letras (Lediv) en pesos a tipo de cambio oficial con cobertura dólar linked el cual se ajusta de acuerdo al precio del dólar oficial cuando nuestra moneda, no bien asumió el gobieeno de Javier Milei, se devaluó en más de un 100%.[15]

Alberto Fernández que en su discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación del 1 de marzo de 2020, había prometodo investigar el endeudamiento y las condiciones de la toma de la deuda externa generada por el macrismo, aceptó la totalidad de la misma acordando con los tenedores privados locales y extranjeros por 105.000 millones de dólares, los cuales se canjearon por títulos que generan intereses y, empezó a amortizar capital desde el segundo semestre de 2024, con vencimientos escalonados desde este año hasta  2041.

 Asimismo, acordó con el FMI para transformar un crédito stand by a tres años por un Plan de Facilidades Extendidas por el que cada vencimiento de capital se refinancia a diez años. De esa manera, cumpliendo con todos los pagos y las condicionalidades impuestas por el FMI, la deuda con el organismo internaconal de crédito se cancelaría en septiembre de 2034.

Como resultado del incremento de la deuda externa, del aumento de la pobreza y de la indigencia,  gran parte de la  población eligió al libertario anarco capitalista Javier Milei como Presidente de la República, quien dice profesar la defensa del libre mercado, en el que sólo se contempla a los que tienen capacidad para comprar los bienes y servicios al precio que aquél determine, bajo la premisa que si un producto no se vende en el mercado interno, se lo exporta y si no se puede exportar, se deja de producir. 

No bien asumió el nuevo gobierno, éste devaluó nuestra moneda en más de un 100% y liberó los precios. Simultáneamente impuso el DNU 70/23 asumiendo plenos poderes y facultades y envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley (Mensaje 7/23) con el fin de avasallar derechos laborales mediante una reforma que anula el sistema de indemnizaciones y restringe el derecho a la huelga, convalidando así una alta tasa de desempleo. Asimismo suspendió la movilidad previsional. Convierte sociedades del Estado en sociedades anónimas; anuló las leyes de abastecimiento y de góndolas; modificó la ley de alquileres permitiendo su contratación en divisas; derogó la ley 26.737 de tierras rurales para permitir su extranjerización; modificó la ley 24.523 de minería; modificó al Código Aduanero; el uso de cielo abierto y un sinfín de etcéteras.Todas medidas altamente ruinosas para nuestro país.

Tanto el DNU70/23, como el mensaje 7/23 y proyecto de Ley “ómnibus”fueron  redactados por grandes estudios de abogados[16] y contables[17]en beneficio del gran capital que opera en la Argentina para el gobierno de Cambiemos, aunque  derrotada Patricia Bullrich, el improvisado gobierno de Javier Milei lo adoptó como propio. A su vez, funcionarios de su gestión, encabezados por Luis Caputo y Nicolás Posse, el 11 de enero de 2024 junto al equipo del FMI, dirigido por Luis Cubeddu, Director Adjunto del Departamento del HemisferioOccidental, acordaron una revisión del acuerdo que había sido firmado por Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger el 20 de junio de 2018. En esta revisión se fijó para 2024 la meta de alcanzar un superávit fiscal primario del 2% del PIB que, en pesos, es equivalente a unos 10.000 millones de dólares. Simultáneamente, con respecto al año pasado las reservas internacionales netas del BCRA deberán incrementarse en 9.700 millones de dólares.

El gobierno devaluó nuestra moneda a fin de favorecer las exportaciones y encarecer las importaciones, pero al hacerlo también liberó los precios, lo cual ocasionó una escalada inflacionaria del 25,5% sólo en el mes de diciembre de 2023, y en los primeros 8 –ocho- meses del año 2024 acumula un incremento medido por el IPC del INDEC de 94,8%. Todas estas medidas hicieron que la devaluación no recompusiera en términos reales el poder adquisitivo de las divisas en la Argentina, por lo que, divide una vez más a los empresarios entre los devaluacionistas, encabezado por los productores agropecuarios, acopiadores y comercializadores, que liquidan lo estricto y necesario para cubrir sus costos fijos, los miembros locales del Club del Petróleo, los extractores de litio y minerales raros, y otros exportadores (siempre que no esten regidos por el capital financiero inetrnacional), por un lado. Y los bonistas (principalmente el capital financiero internacional), que trajeron dólares y compraron títulos públicos en pesos para financiar principalmente el déficit fiscal que dejó la administración anterior que, según la Cuenta de Inversión[18] 2023 fue del 4,7% del PIB (es en pesos, pero esos títulos de deuda pública que se emitieron, dieron lugar a que ingresaran al país unos 22.560 millones de dólares para comprar títulos públicos en pesos, mayoritariamente ajustados por inflación), bien a esos bonistas se les prometió que hasta el 20 de enero de 2025 la devaluación de nuestra moneda va a ser a una tasa del 2% mensual o menos, y que la inflación medida por el IPC del INDEC va a superar ese porcentaje, con lo que van a seguir obteniendo una renta positiva en dólares.

En este contexto, es incompatible cumplir con las metas fiscales y, paralelamente con el acrecentamiento de las reservas internacionales del BCRA, tal como lo impone el FMI.  Al devaluar tanto al Estado nacional como a las provincias, así como  al recaudar en pesos, resulta cada vez más honeroso obtener dólares.  Como agravante, la inflación  “licúa” el gasto en pesos (salarios, jubilaciones y pensiones), a lo que se suma la suspensión de gran parte de la obra pública. Hasta octubre 2024, la población soporta estoicamente todas estas medidas que la perjudican de raíz. Esto facilita la probabilidad de cumplir la meta fiscal, más no la cambiaria, máxime cuando en 2024 el Tesoro debió afrontar vencimientos en moneda extranjera por 16.698 millones de dólares. Y suma similar para el año 2025.

En el 2024:

1. Al Fondo Monetario Internacional: 7.258 millones de dólares (Intereses: U$s 2.798 millones y Capital: U$s 4.460 millones, que se renueva si se cumplen las metas como hizo hasta septiembre 2024).
2. En títulos públicos: 4.440 millones de dólares (cerca de la mitad está en manos del sector público).
3. Al Club de París y otros organismos internacionales de créditos: Entre capital e intereses aproximadamente 5.000 millones de dólares

El gobierno de Milei podrá renegociar una parte de la deuda externa pero, con los ingresos netos del erario público no podrá comprar los dólares necesarios para pagar las obligaciones externas y, simultáneamente, acrecentar las reservas netas del BCRA en 9.700 millones de dólares.

Alternativas propuestas a la crisis

El gobierno de Milei reinicia el ciclo de endeudamiento con el capital financiero extranjero y una política económica que prioriza el ajuste económico y fiscal, con ello la depresión económica, para aumentar los saldos exportables y conseguir el superávit fiscal primario para pagar la mayor parte de la deuda posible.

El mismo gobierno de Milei estima, en el proyecto de ley de presupuesto nacional 2025, que en el año 2024 se suscita un descenso del PIB de 3,8% y, la IBIF (Inversión Interna Bruta Fija) cae en el año 2024 con respecto al año 2023 en un 22,2% (uno de los mayores descenso de toda nuestra historia económica), generando perdida de puestos de trabajo, de remuneraciones, de cierre de establecimientos que venden al mercado interno y, con ello, provoca el aumento de la pobreza y la indigencia, como lo demuestan los indicadores del INDEC del primer saemestre 2024 con 52,9% de pobres y 18,1% de indigentes.

Por lo tanto, ante ese camino incluso propuesto en el proyecto de presupuesto 2025 de cambiar la regla fiscal y anteponer el ahorro de las cuentas públicas para pagar los servicios de la deuda sobre cualquier otro gasto. Deuda que no se investigó. 

Porque se debe admitir, como afirma la UNICEF, que en la Argentina de Milei un millón de chicos se van a dormir sin comer nada a la noche (y no se sabe que comen durante el día) y se debe priorizar pagar los servicios de la deuda cuando nuestra Constitución Nacional desde el Preambulo dice que el Estado debe garantizar el bienestar general, no hay bienestra en la pobreza.   

Es imprescindible reabrir la investigación de la deuda contraída desde diciembre de 2015 a la fecha pues es inaceptable que, habiendo cerrado aquel año con una deuda pública bruta de 222.703 millones de dólaresy teniendo en cuenta que a partir de entonces nuestro país ha ido decreciendo en su producción de bienes y servicios (PIB), hayamos llegado a una deuda de 458.507 millones de dólares[19] al 31 de agosto de 2024.

Para ello es necesario, tal como lo han hecho otros países

1. Que el Congreso de la Nación, la Justicia, y el Poder Ejecutivo, se aboquen a la tarea que es de su responsabilidad: Investigar como se generó la deuda.
2. Levantar el secreto fiscal y bancario, imprescindible para una investigación integral.
3. Sancionar a los evasores, solicitando colaboración tributaria a los demás fiscos.