Se trata de operaciones exentas de regulaciones, que son consideradas simples acuerdos entre privados. Para darse una idea de la magnitud del negocio, se puede señalar que las operaciones con derivados alcanzan un valor anual de 700 billones de dólares, es decir, 10 veces el producto interno bruto (PIB) mundial.

Un tipo particular de derivados son los Credit Default Swap (CDS). Consisten en un convenio entre una parte A que, teniendo bonos soberanos emitidos por los Estados o empresas privadas, toma un seguro con otra parte B, para que, en caso de que el Estado o la empresa entre en suspensión de pagos, la parte B pague a la A el valor del seguro. En 2012, el monto de CDS era de 22,5 billones de dólares, equivalentes a una vez y media el PBI estadounidense. Al tratarse de una operación con derivados, ningún organismo público las controla y, por tanto, no se le impone al "asegurador" ninguna norma de solvencia. Los intentos por establecer algún tipo de regulación, como los realizados en el Congreso estadounidense en 1974 y 1978, siempre fracasaron.

Ahora bien, también estaba permitido que, sin tener los bonos, se pudiera contratar el seguro, lo que se llamaba "CDS desnudos". La perversión del mecanismo es evidente: en ese caso, el interés de quien toma el seguro es que el Estado o la empresa entre en default. En diciembre de 2011, luego de los ataques de los especuladores que poseían "CDS desnudos" de Grecia y la aseguradora norteamericana AIG, la Unión Europea prohibió este tipo de operación dentro de su jurisdicción.

Los fondos buitre utilizan habitualmente los CDS para sus operaciones especulativas. ¿Cómo operan? Cuando un país entra en suspensión de pagos, los buitres compran los bonos defaulteados al 10 o 15% de su valor. Algunos de los que tienen esos bonos los venden porque creen que es mejor recuperar algo que nada. Articulados con estudios de abogados muy expertos e importantes compañías de lobby, a veces con el apoyo de personalidades importantes, los buitres, radicados casi siempre en paraísos fiscales, lanzan juicios contra los países en default y rastrean sus activos por el mundo en busca de embargos que sumen presión.

El caso argentino es emblemático. El país había comenzado a endeudarse a partir de la última dictadura y en 2001 declaró el default más importante de la historia. Cuatro años después, en 2005, y luego nuevamente en 2010, reestructuró la deuda con el 92,4% de los acreedores, pagando puntualmente, desde ese momento hasta hoy, 190.000 millones de dólares. Este último año, además, resolvió su litigio pendiente con Repsol por la expropiación de YPF, con el Ciadi y con el Club de París.

Los fondos buitre no aceptaron entrar en esa negociación. Compraron deuda argentina por 325 millones de dólares y están reclamando 3250 millones; es decir, 1000% de interés en siete años. Un juez de Nueva York ya ha determinado que al fondo buitre NML se le debe pagar el total al contado, e incluso ordenó al Banco de Nueva York, sede del pago a los acreedores que aceptaron reestructurar la deuda, embargar las transferencias y utilizar ese dinero para pagarle. Algunas versiones indican que, como suele suceder, el fondo buitre NML tenía CDS sobre los bonos argentinos. Se trata de un juego win win: si el fallo es positivo, cobra, y si hay default, también.

Lejos de ser entidades abstractas, los fondos buitre tienen dueños y empleados, abogados y lobbistas, pero no son como las personas corrientes que cada día dedicamos buena parte de nuestro tiempo a estudiar, a la investigación científica, a la creación artística o a trabajar en el campo o en la ciudad. Viven lejos de todo eso, alienados, desconectados de la realidad, imaginando muy creativamente la mejor manera de multiplicar su dinero a través de productos financieros que dañan al conjunto de la sociedad. Podríamos decir, con Freud, que son psicóticos sociales.

Thomas Piketty ha revolucionado al mundo con su libro El capital en el siglo XXI, con estadísticas de los últimos 210 años y una conclusión resumida en una fórmula (r>c=+d) muy concreta: si la renta del capital es mayor que el crecimiento del PIB, la desigualdad aumenta. Imaginemos, por ejemplo, qué sucedería con un país que crece al 3% anual y tiene que pagar una renta de capital del 145% anual, que es exactamente lo que la Argentina les debe pagar a los fondos buitre. Sería un mundo imposible. Pero lo peor es que puede que nos acontezca si, como dice Felipe González, los países no establecen leyes de gobernanza internacional sobre el sector financiero, que permitan controlar el proceso creciente de financiarización de la economía que acentúa las desigualdades.

Los fondos de cobertura, algunos de los cuales disponen de un capital superior al PIB de un país desarrollado, han capturado una parte importante del dinero que los bancos destinaban a la producción y a la creación de empleo, orientándolo en buena medida a operaciones de compra y venta de dinero. En 2008, algunos millonarios americanos encabezados por George Soros presentaron una ponencia en el Congreso estadounidense en la que advertían el riesgo que representan los fondos de cobertura para la economía mundial.

La solución inmediata no consiste en ejercer una crítica moral para que recapaciten. Lo más efectivo es aplicar lo que nos duele a todos: una fiscalidad que quite rentabilidad a este tipo de operaciones, una fiscalidad que debería pensarse globalmente de modo que los fondos especulativos no encuentren refugios en donde operar y prohibir que los bancos comerciales actúen como bancos de inversión tal como promulgó en 1933 el Parlamento de los Estados Unidos.

Ningún país desarrollado con una deuda de entre el 80 y el 120% de su PIB, que es el peso de la deuda en la mayoría de los países de Occidente, puede pagarla sin ayuda, porque no genera el superávit fiscal necesario para eso.

Como una familia con una hipoteca que, si no ahorra, no puede afrontar los vencimientos, los países dependen de la confianza del mercado y de la renovación de los créditos para seguir funcionando. Así como tuvieron éxito con la Argentina, Perú, el Congo, Panamá y Grecia, cualquier país, aun los más desarrollados, puede ser una víctima de estos depredadores en el futuro.

La Nación - 02 de julio de 2014