Hace poco más de un mes Petroquímica Río Tercero (PR3) notificó a sus trabajadores sus intenciones de cerrar la planta productora de Diisocianato de Tolueno (TDI), principal área productiva de la empresa. Al momento ya lleva 130 trabajadores despedidos y 130 suspendidos. El 14 de octubre pasado comenzaron a llegar las notificaciones e inmediatamente se pusieron en marcha las medidas de fuerza que continúan hasta hoy. El cierre de la Petroquímica afecta directamente a Fabricaciones Militares Río Tercero, que además está sufriendo las consecuencias de la política oficial de vaciamiento de las empresas del Estado a través del retiro voluntario del 20% de los trabajadores y una fuerte reducción productiva. Entre ambas industrias, hay más de 500 puestos de trabajo en peligro. 

Enterarse por la radio

Los trabajadores de la Petroquímica Río Tercero llevan 36 días en lucha. Cesar Ávila, Secretario de Prensa del Sindicato de Químicos y Petroquímicos (SPIQyP) de Córdoba, dice que el conflicto inició “de un día para el otro” y explica: “La fábrica pidió un recurso preventivo de crisis diciendo que tenía que cambiar un transformador general. Cambiarlo iba a llevar quince días, entonces en ese tiempo los trabajadores se quedaban en su casa con el 100% del sueldo, y después retomábamos las tareas tranquilos”. Pero pasados los quince días los trabajadores se enteraron a través de la radio que la fábrica iba a cerrar: “Cuando íbamos a volver en un medio local, una radio amarillista donde la empresa tiene pauta, hablaron de los despidos”. Al acudir a la planta en busca de respuestas, los empleados se encontraron con todas las puertas cerradas con candado: “En el mismo portón se hizo una asamblea con todos los trabajadores de la empresa y se decidió ir al paro total de actividades y un acampe en el ingreso al polo industrial de la ciudad. Ese acampe sigue hasta hoy, lleva 36 días”, relata Ávila. 

En un primer momento, la empresa alegó estado de crisis y se amparó en el Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo establece que en los casos en que el despido se deba a “causas de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo”, el empleador está habilitado a pagar el 50% del monto indemnizatorio que marca la ley. El 15 de octubre la delegación del Ministerio de Trabajo de Córdoba en Río Tercero llevó adelante una audiencia que contó con la presencia de ambas partes en conflicto. En la reunión, el Ministerio exhortó a la empresa a presentar los balances que justifiquen el estado de crisis y a disponer el cese inmediato de los despidos “debiendo en el plazo máximo de 48 horas restituir de manera efectiva a todos los trabajadores a sus tareas normales y habituales”. Sin embargo, la Petroquímica no acató ninguna de las dos disposiciones. No presentó ningún balance y optó por atenerse al Artículo 245 según el cuál el pago indemnizatorio se debe realizar al 100%, además de no dar marcha atrás con ninguno de los despidos. “Desde la fábrica siguen desestimando las acciones del mismo Ministerio así que decidimos llevar adelante actividades gremiales y de visibilización del conflicto. Desde marchas en la ciudad, hasta ollas populares y en cada audiencia que hay en Ciudad de Córdoba marchamos también hacia el Ministerio de Trabajo”, enumera Ávila. 

Lo que dicen los CEOs

Fundada en 1981, la Petroquímica de Río Tercero es la única productora de TDI de Latinoamérica y pertenece a la compañía de colchones Grupo Piero. El TDI es un componente fundamental para la fabricación de gomaespuma, que la PR3 utiliza para su propia producción de artículos de descanso y vende a empresas automotrices. La decisión de dejar de producir el componente para comenzar a importar la gomaespuma le quita autonomía a la industria nacional frente a las posibles contingencias de este mercado. Juan Pablo Ceballos, CEO de PR3 ratificó que la decisión ya está tomada y es irreversible. Desde la compañía esperan el cese del conflicto para retomar con el resto de las actividades de la planta. 

Los directores de la empresa sostienen que, debido a la apertura de importaciones propiciada por el Gobierno, a la crisis en el mercado global del sector y a la multiplicación de empresas de origen chino que producen a menor precio, la fábrica ha perdido competitividad y por ello buscan detener la producción para importar el producto. “Primero adujeron una crisis que nunca existió, porque nunca presentaron los papeles, y finalmente dijeron que habían decidido cerrar porque les convenía mucho más importar desde una oficina”, repasa Ávila. Además de los 130 despedidos y 130 suspendidos de la PR3, preocupan los efectos que el cierre tiene en otros cientos de puestos de trabajo. “Aparte de los químicos, hay 80 familias de trabajadores de la UOCRA que quedan en la calle, a lo que se suman los empleados de empresas tercerizadas que trabajan por fuera pero le producen a la fábrica. Estamos hablando de 250 puestos de trabajo menos”, explica Ávila. 

Vaciamiento, mentiras y silencio 

En ese sentido, la fábrica más afectada por el cierre de PR3 es Fabricaciones Militares Río Tercero, que produce el ácido nítrico utilizado para hacer el TDI. Con el paro en la producción de este compuesto por parte de la Petroquímica, la fábrica pierde a su principal comprador y con ello se reduce en un 70% su facturación.  Pero además, la fábrica militar está sufriendo políticas de vaciamiento, se redujó un 20% su personal y esta semana renunciaron el presidente y el vice. Hugo Pascarelli, quien era el presidente de la fábrica hasta el pasado miércoles y Carlos Pérez Aquino, vicepresidente, habían asumido sus cargos hace once meses, con el cambio de gestión de la administración estatal. 

“Desde que asumió la nueva gestión Fabricaciones Militares se está manejando con un alto nivel de hermetismo”, dice David Salto, Secretario General de ATE Río Tercero. “Nos cambiaron la figura jurídica por el decreto de Milei, de ser Sociedad del Estado nos pasaron a ser una Sociedad Anónima Unipersonal. Pero extraoficialmente nos comunican que la llegada de inversores está complicada,  porque entienden que va a haber más crisis en el país y no están las condiciones para producir por la liberación de importaciones”. Salto explica que además de la falta de inversores, la fábrica sufre las consecuencias de las política de vaciamiento: “No solo se da un achicamiento del personal a través de retiros voluntarios, también en términos productivos. Hubo una licitación de reparación de vagones y no se presentaron, por ejemplo. ¿Qué nos dijeron a nosotros? Llegamos tarde a la licitación. Una mentira más grande que una casa. Está clarito que no quieren agarrar trabajos”. 

El miércoles 13 de noviembre,  camiones militares se llevaron todo el material de trabajo que el Ejército brinda a la fábrica. Para Salto hubo “una falta de voluntad política” ya que nunca se generó una orden de trabajo,  por lo que el tiempo se venció.”. Lo que sucede, entonces, es que desde la misma Dirección de Fabricaciones Militares se está atacando su productividad. “Achicaron el 20% del personal a través de los retiros voluntarios, achicaron  un montón de gastos en las herramientas para que la fábrica funcione y además no nos permiten producir. Lo que están haciendo es una reducción productiva”. Para Salto, el accionar de los directores de la fábrica está en línea con la gestión nacional: “ Esto es parte del plan de Sturzenegger de achicar las empresas del Estado a la mínima expresión. Se generan las condiciones de achicamiento del personal para que sea seductor para los compradores, o se generan las condiciones para el cierre, como lo hicieron con la Fábrica Militar de Jáchal que está cerrada.” 

Por otro lado, se refiere a los efectos que el cierre de la Petroquímica Río Tercero tiene en Fabricaciones Militares: “Cerró Petroquímica y recién ahora están viendo si consiguen clientes para vender el ácido. Teniendo en cuenta que Milei no tiene parte del presupuesto destinado a los salarios de las empresas del Estado, una fábrica que no produce y que no factura se va a ver no complicada, complicadísima”. 

Algunas cifras de la gestión Milei 

El cierre de la Petroquímica Río Tercero y el vaciamiento de Fabricaciones Militares responden principalmente a la apertura indiscriminada de importaciones y a la desregulación de la economía por parte del gobierno de Javier Milei y sus ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger. La desregulación de las importaciones se acompaña de una nula política de promoción y protección de la industria nacional, que deja a las empresas locales en notable desventaja en el mercado mundial. Al mismo tiempo, las empresas estatales sufren una desfinanciación que genera bajas en su nivel de rendimiento. 

De acuerdo a un análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde que Milei ganó en el ballotage hasta julio de este año, si se compara el número de empleadores que declararon trabajadores, se deduce la pérdida de 12.872 empresas y más de 260.000 trabajos registrados en unidades productivas. 

Por otro lado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el desempleo creció 1, 4% en un año, ubicándose en 7,6%. 

Protestas

Frente a esta situación, los trabajadores de la Petroquímica Río Tercero están realizando acciones en conjunto con Fabricaciones Militares. Organizaron dos  marchas en la ciudad que contaron con un fuerte acompañamiento de la comunidad. “Creo que el acompañamiento tan grande tiene dos motivos, el cierre de Petroquímica  que le hizo dar un baño de realidad a la sociedad en general, que ya viene pagando tarifas exorbitantes y se empieza a dar cuenta que los ajustes fueron al pueblo y no a la casta”, analiza Salto. “Y después pasa que Río Tercero creció alrededor del polo químico, entonces hay una cuestión de historia y de pertenencia también”.  

Las acciones que están realizando los químicos y petroquímicos en Ciudad de Córdoba cuentan además del acompañamiento de ATE y otros sindicatos y con la adhesión del estudiantado. Por su parte, los trabajadores también participan de las asambleas y actividades que realizan los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. “Estoy más que convencido de que la unidad es el único método que tenemos hoy de resistencia contra estas políticas de ajuste. Hace 20 años trabajo en la fábrica y nunca vi algo así. Entonces si no nos unimos ahora a pelear en todos los campos, tanto el obrero como el estudiantil, estamos fritos porque vienen por todos”, sostiene Ávila. 

Sin respuestas por parte del gobierno ni de la empresa, los trabajadores de Petroquímica Río Tercero continúan el acampe tras 36 días de lucha. El próximo martes 19 tendrán una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Córdoba, a la cual asistirán marchando por el centro de la ciudad, concentrado en Avenida Colón y General Paz donde realizarán una olla popular a la espera de la decisión que tomen las autoridades. Por su parte, los trabajadores de Fabricaciones Militares cortarán la ruta 9, con el acompañamiento del SPIQyP. En estado de alerta y movilización, a la expectativa de cómo se desarrolla el conflicto, no descartan una toma de la fábrica.

^{Fuente: ANCOMM - Noviembre 2024}