El pasado jueves 12 de febrero, el mundo retrocedió un poquito más y la baja de la edad de punibilidad recibió media sanción en la Cámara de Diputados de Argentina. Esta medida deja atrás el piso de 16 años que contiene el régimen vigente desde 1980. La misma fue aprobada con 149 votos afirmativos frente a 100 negativos. Ahora, el proyecto impulsado por el oficialismo deberá ser tratado por el Senado.

El texto deroga las leyes 22.278 y 22.803 y propone un nuevo marco normativo, ya que -según el gobierno libertario- el actual quedó desactualizado. Bajo el lema de Patricia Bullrich “delito de adulto, pena de adulto”, la baja de la edad de punibilidad lleva a que los adolescentes a partir de 14 años puedan estar presos, asimilando la Argentina a otros países de la región. El proyecto es una conjunción de distintas iniciativas que se habían presentado en la cámara baja, entre las cuales estaba la del Ministerio de Seguridad en 2024, que planteaba dejar la edad de punibilidad en los 13 años. En el nuevo texto, la pena máxima llega hasta los 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro y se prohíbe dar prision perpetua.

Según UNICEF, tres de cada diez adolescentes privados de la libertad habían vivido en situación de calle antes de su detención; la mitad estaba fuera del sistema educativo y, en promedio, habían comenzado a trabajar antes de los 14 años, obviando que la delincuencia es un fenómeno multicausal, más aún en un país donde el 50 % de niños, niñas y adolescentes vive en la pobreza.  

El Grito del Sur habló con Mónica Macha, senadora de la Provincia de Buenos Aires, feminista y psicóloga, quien manifestó su rechazo al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo. “La verdadera intención del gobierno de Milei no es una mejor justicia, sino alimentar una campaña sustentada en políticas represivas y buscar la consolidación de un Estado autoritario y policial, desmantelando el sistema democrático de derechos y garantías en el que descansa nuestro ordenamiento jurídico”, aseveró.  

¿Por qué aumentar las penas no va a bajar la cantidad de delitos?

Yo estoy en contra de bajar la edad de punibilidad porque estamos hablando de adolescentes, no de jóvenes, como se dice a veces, que tal vez es un término más amplio. En la adolescencia hay una influencia de numerosos factores: desde la educación, la perspectiva jurídica y la neurobiología -que habla del desarrollo del cerebro a esa edad-. En cuanto a la psicología, que es el punto donde me voy a anclar por mi formación, sabemos que un pibe de 14 años que toma un arma entiende que esto puede generarle la muerte a otra persona, pero el nivel de anticipación de consecuencias de un adolescente todavía está en formación. Yo puedo saber teóricamente una cosa, pero para poder entenderla en términos emocionales, tiene que ver con las experiencias. Todas estas cosas en ese momento de la vida están en plena construcción. Si lo pensamos haciendo un recorrido por las trayectorias de esos pibes, generalmente vienen de familias donde los límites están muy desmarcados. 

¿Qué consecuencias podría haber si se sanciona la ley?

Uno de los temas es que si las organizaciones delictivas hoy toman a pibes menores de 16 porque no son punibles, ahora van a ir a buscar a chicos de 11, 12 o 13 años. Lejos de aminorar la inseguridad, se va a agravar y profundizar la situación. Sin duda había políticas que reformular y que no eran totalmente eficaces, pero éstas mínimamente tenían una inversión en educación y salud. Con la llegada de Milei se desfinancia todo esto y los pocos lugares que pibes y pibas encontraban algún sostén por parte del Estado se les quita y encima se les manda presos. No solo es el lugar donde van a estar presos, sino que tampoco van a estar los equipos necesarios para acompañarlos, que también requieren de una inversión. No va a haber instancias socioeducativas de inclusión social, de trabajo con las familias, a las que hay que tener en cuenta porque estás hablando de casi niños. Todo eso no está en el proyecto y no va a estar, porque no es la lógica del Gobierno. Me hace pensar que la cárcel va a ser un depósito de pibes y lo que va a hacer es reforzar la carrera delictiva. Nuestro sistema penitenciario no está pensado para ver cómo las personas se reinsertan, sino que está pensado como un castigo. Con esta lógica tenemos un panorama muy difícil por delante. 

^{Mónica Macha}

Además, la ley tiene un sesgo de clase, porque los que terminan en la cárcel común generalmente son los pibes y las pibas de sectores populares. 

Por supuesto. Los chicos de clases medias no tienen problema para acceder a un psicólogo o un abogado. Los chicos de los sectores populares no, porque están en los servicios de salud pública o no están. El desguace que hicieron con el Bonaparte es una muestra de que les importa muy poco la salud mental. A mí me parece que todo esto está atravesado por la salud mental, por el consumo problemático, por muchas cuestiones que hablan de una sociedad que se está disgregando. Este fenómeno no empezó con Milei, pero se está profundizando. La ley tiene un sesgo de clase, está pensada para los pibes de sectores populares. Sin embargo, si ellos logran implementar la ley esto va a afectar a todas las clases sociales, porque lo que hace es profundizar los conflictos. Una conflictiva social entre adolescentes, que requiere de una intervención pensada especialmente, puede terminar con un proceso penal. Nosotros cuando decimos «no a la baja de la edad» no estamos planteando que no pase nada, estamos abogando por otras medidas, porque tenemos como objetivo la transformación de esas subjetividades. Eso no se va a lograr teniéndolos en una cárcel, se va a lograr con laburo, con equipos que puedan trabajar con los chicos y que tengan un trabajo territorial que tal vez tarde muchos años, porque son poblaciones que vienen con mucho maltrato. La ruptura de los lazos sociales, los pibes que están a la deriva, vienen de por lo menos cuatro generaciones: quizás sus propios padres también tuvieron adolescencias conflictivas o de abandono. Para eso está el Estado, para acompañar a quienes no pueden criar con lo que vivieron. Es una conflictividad tan difícil que no se puede analizar desde una mirada simplista, donde lo que impera es la lógica del castigo. 

¿Qué otras posibilidades no punitivistas existen frente al delito juvenil? 

Yo creo que una salida es pensarlo desde la justicia restaurativa, donde hay que poder responsabilizar a los pibes de lo que hicieron. No estamos de acuerdo con la impunidad, sino con la responsabilización, que el adolescente que cometió un delito que le hizo daño a otra persona pueda hacerse cargo -a través de un proceso terapeútico- de por qué realizó ese daño, cómo eso se anuda con su propia historia, cómo hay que hacer para repararlo. Claudia Cesaroni, que es una de las personas que más sabe del tema, dice que hablamos de un Régimen Penal Juvenil, pero deberíamos hablar de un sistema de responsabilización adolescente. La sanción para reparar algo que estuvo mal es necesaria, pero no la línea del castigo. Esta ley no reconfigura las cosas, sino que impone el mismo castigo desde una edad mucho más temprana. 

Argentina es uno de los países con menor cantidad de delitos de la región y por ahora con la edad de punibilidad más alta. ¿Qué diferencias hay con otros países latinoamericanos?

Este es un punto importante porque nosotros lo que analizamos en los datos duros es que el porcentaje de chicos de menos de 16 años que están involucrados en delitos contra personas es muy mínimo y viene bajando. Además, los delitos tienen que ver más con el robo de cosas materiales. El año pasado, cuando discutimos este tema, muchos compañeros de las provincias nos decían que para ellos esto no es un problema. Ese es otro fallo de la ley: no plantea un presupuesto, sino que deja todo en manos de las provincias y de los gobernadores y las gobernadoras. Eso es una actitud irresponsable por parte del Gobierno.

¿Qué vínculo hay entre el modelo económico excluyente neoliberal y la baja de edad de punibilidad?

Yo creo que algo que va de la mano con este sistema neoliberal es el reforzamiento del sistema punitivo. Es una respuesta simplista frente a problemas complejos. El objetivo del Gobierno está puesto en bajar la edad de punibilidad, no en dar contención. La parte que habla de la educación está mal escrita, es poco específica. Además, le da mucha responsabilidad al juez: es discrecional, arbitraria y moralista. En términos económicos, es una vía libre para todas las organizaciones delictivas que no son sancionadas. Se pone el acento en el eslabón más débil de esta cadena, en el soldadito. Las organizaciones delictivas nunca van a estar en los barrios carenciados, ahí están los pequeños agentes del narcomenudeo. Por otro lado, nuestro país tiene un enorme problema de lavado de dinero y ahí está el neoliberalismo, que es un sistema deshumanizante, donde los pibes del barrio humilde son totalmente descartables. Eso también es extractivismo, que no me importen los pibes de nuestro país. 

Por último, ¿qué sucede con la reincidencia o la idea que de la cárcel nunca se sale?

Primero hay que aclarar que, hoy por hoy, los pibes cuando cometen un delito y tienen menos de 16 años no vuelven a la casa, como dice la tele, sino que van a un instituto de menores. Estos lugares tienen un sesgo carcelario, entonces ya están encerrados de alguna forma. Cuando un pibe está privado de la libertad empieza esta “carrera delictiva”, que no termina cuando cumple esa condena. En nuestra cultura, la persona que tuvo una condena sigue estando condenada por muchísimos años. Por eso muchas veces cuando salen rápidamente vuelven a caer, porque no encuentran afuera una instancia que los incluya. Es un tema muy complejo y resulta necesario poder hablar de estas cosas. Dostoievsky decía: “para poder conocer una sociedad tenés que conocer sus cárceles”. Si no se dan diferentes pasos hacia la reinserción, es muy difícil sobrevivir porque el afuera es muy hostil. Además, hay que evaluar el delito: una cosa es la persona que viola, pero otra es una que cometió un robo. Hay que evaluar eso para volver a tejer el entramado social. Las cárceles no ofrecen reinserción, son un rejunte de gente que está cada vez peor, con menos recursos estatales.

^{Fuente: El grito del sur - Febrero 2026}