Veamos otras circunstancias clave. No se puede entender la cuestión mapuche sin conocer su historia, desde antes del “descubrimiento de América” y a “ambos lados de la frontera”. Con barbaridades para “salir del paso” como las que leemos a diario en algunos medios masivos –del tipo de que “son chilenos”– uno no puede ni asomarse a la complejidad del conflicto. Las luchas de los mapuches no son de este milenio, ni comenzaron durante los 200 años de vida independiente de Argentina y Chile, ni siquiera en los 300 de previa colonización hispana. Vienen de más atrás, quizás tangan más de dos milenios de antigüedad. Comenzaron cuando los ascendientes primeros de los mapuches lograron imponerse a otros pueblos prehispánicos que habitaban al norte y al sur de sus territorios; entre otros, en su momento, los presionados por avanzadas incaicas desde el norte y los que, en la dirección contraria, dominaban la región del actual Puerto Montt, la isla de Chiloé y partes de las tierras continentales del hoy sur chileno. Luego supieron hacerle frente a los “godos”, que nunca pudieron conquistarlos y, después, vinieron los sempiternos conflictos con los “huincas” criollos, “independizados” a ambos lados de la cordillera. Después de esta larga historia y dadas las raíces y cultura de esta gente (se trata de personas que constituyen un pueblo de firme personalidad), con el “dinosáurico” discurso “antiterrorista”, de “seguridad nacional”, con el que el actual gobierno argentino encara hoy el problema nunca se va a poder entender ni resolver. La peor forma de abordarlo, es mi convicción, es la que ha adoptado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, siguiendo las indicaciones del “Comando Sur” de los EE.UU. Los actuales gobiernos de los Estados de Chile –éste con matices; Bachelet no es Macri– y de Argentina y buena parte de nuestras “sociedades civiles paquetas” (diría mejor, “pacatas”) adoptan enfoques y modos de proceder con los que el conficto no tendrá solución sino que puede “escalar” sin remedio. Además de violar –cosa que a la mayor parte de estos actores les nefrega– compromisos universales establecidos acerca de los derechos humanos y, en particular, en relación a las “poblaciones originarias”, también se incumple con claros preceptos constitucionales y leyes nacionales. Entre estas últimas, la ley 26.160 –sancionada en 2006 y prorrogada en 2009 y 2013– que reconoce la emergencia en materia de “posesión y propiedad” de las tierras que “tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. Esta ley establece en su artículo 2º la suspensión de la “ejecución de sentencias o actos procesales o administrativos”, que tengan por objeto “el desalojo o desocupación de las tierras contempladas” en la norma. Su vigencia vence el próximo mes de noviembre y parece obvio señalar que debe ser prorrogada nuevamente por el Congreso Nacional hasta que el Estado cumpla con las importantes obligaciones que, de cara a las “comunidades originarias”, esta ley le fija.

En cuando a los muy recientes sucesos, bastan las filmaciones de la represión de la Gendarmería en cuyo transcurso habría desaparecido el ciudadano argentino Santiago Maldonado para tomar cuenta de su patetismo. Decenas de gendarmes equipados y armados hasta los dientes, con una base en la estancia de Benetton (y cientos de efectivos de respaldo en sus “retaguardias” de Esquel, El Bolsón y otras guarniciones de la región), para desalojar a una decena de manifestantes mapuches que bloqueaban de a ratos una ruta nacional, para repartir volantes a un puñado de ciudadanos que circulaban por ella cruzando las inmensidades patagónicas.

Una vez atacados, los mapuches respondieron a pedradas lanzadas con hondas de mano y Santiago Maldonado, un solidario acompañante de la protesta, “desapareció”. Un mes después de su desaparición, el gobierno de Argentina sigue acusando a la víctima, a su familia desesperada y a sus compañeros mapuches. Por ello todos tenemos que preguntar, en voz muy alta y firme: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”, hasta que lo encontremos.

* Economista.

Página/12 - 2 de septiembre de 2017