Pero en la Argentina impactada por las dos pandemias: la de los 4 años de macrismo y la del coronavirus, las necesidades son tantas que nada alcanza, sumado a una gestión carente de audacia. La frustración ante tanta necesidad insatisfecha se manifestó en el resultado electoral, donde el mapa volvió a pintarse de amarillo, y ganó espacio un voto de bronca y desilusión que tuvo distintas expresiones.

Después de la derrota electoral en las PASO y el cimbronazo en el Frente de Todos, el Gobierno Nacional disparó una serie de cambios en el gabinete y prepara una batería de anuncios y medidas para intentar dar vuelta el resultado electoral en noviembre próximo.

Sin embargo, el Gobierno Nacional, de la mano del (de nuevo) nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, insiste en seguir haciendo concesiones a los sectores concentrados. De esta manera buscaron aliviar la tensión generada ante la restricción parcial de las exportaciones de carne, cuya liberalización disparó el precio interno; y sobre todo apuesta a aprobar en el parlamento una nueva Ley de Fomento a la Agroindustria. Una ley redactada sobre la base de las demandas del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que reúne a más de 60 cámaras empresarias y que expresa el corazón del modelo de agronegocios que desangra nuestros territorios y sociedad hace décadas.

Este proyecto lleva cocinándose entre el CAA y el Ministro de la Producción, Matías Kulfas, desde el inicio del gobierno actual. Con la crisis de la coalición y la entrada de Domínguez en reemplazo de Luis Basterra, todas estas negociaciones fueron asumidas por el nuevo ministro. Según trascendidos el proyecto contempla una serie de exenciones impositivas, y viejos reclamos vinculados a la propiedad intelectual. Este impulso busca que Argentina pueda llegar a exportar commodities por 100.000 millones de dólares anuales de los 65 actuales a mediano plazo. Según declaraciones del nuevo ministro esta ley “es la continuidad del PEAA” lanzado con bombos y platillos en agosto de 2013; “música para los oídos” de Héctor Huergo, editor de Clarín Rural.

Con el proyecto en la mano vendrá el análisis pormenorizado de cada anuncio, pero lo más relevante y donde está en énfasis de estas líneas, es en la tendencia: en vez de apostar a la potencia de nuestro pueblo organizado, a las experiencias concretas que permiten hoy mismo delinear escenarios de transición hacia una sociedad con más justicia social y ambiental, el gobierno acelera en un rumbo al abismo de la mano del capital concentrado.

Lejos parece haber quedado el compromiso del gobierno recién asumido en diciembre de 2019, de incorporar a su política los 21 puntos que el Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular le presentó a lxs funcionrixs entrantes con una enorme actividad en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA, de boca de los referentes de las principales organizaciones campesinas del país.

Pocos días antes a la asunción de Domínguez, la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT) realizó un acampe frente al Congreso exigiendo el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra, que fue presentada en octubre de 2020 por 3ra vez (!) y que contaría con el guiño para avanzar de importantes referentes del bloque oficialista, pero no tuvo avances hasta ahora.

También en la última reunión del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar (con la participación de la enorme mayoría de las organizaciones campesinas del país) se volvió a hablar de la “inminente” reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar (27.118) sancionada en diciembre de 2014 (con el mismo Julián Domínguez como presidente de la Cámara de Diputados), y que lleva casi 7 años sin reglamentarse. Según distintas fuentes estaría en discusión la partida presupuestaria correspondiente (lo que se le cercenó en aquellos días). Pero sea cual sea el número que el Estado le sigue retaceando al sector que produce el 60% de los alimentos que llegan a cada mesa cada día, está muy (muy!) lejos de los miles de millones que se apropian las grandes corporaciones: por ejemplo los 70.000 millones de pesos por mes que representan los intereses de las Leliqs que cobran los bancos sin mover un dedo.

Ni hablar de otra importante Ley de Fomento: a la producción hidrocarburífera. En vez de enfocarse en las transiciones económicas y de infraestructura que necesita asumir el mayor desafío que afronta la humanidad como es la crisis climática, el gobierno vuelve a abrazar la matriz fósil de la mano de las petroleras. Ni hablar de la transición agroecológica a escala que podría, en un proceso, representar una enorme fuente de divisas para el país en un mundo que demanda alimentos y forrajes en sintonía con la crisis climática y las demandas de las sociedades que han asumido que no quieren seguir conviviendo con los venenos de la agroindustria tóxica y transgénica. A pesar de las bravuconadas de un Domínguez que se declaró dispuesto a defender el trigo transgénico HB4 “a capa y espada”.

Con los anuncios con que el Gobierno Nacional busca relanzar su gestión (particularmente el impulso a una nueva Ley de Fomento a la Agroindustria) añorando dar vuelta la elección de noviembre, han desempolvando la muletilla de “primero los últimos” que suena a esos “discursos verdes” que Greta Thumberg acaba de desenmascarar con su ya célebre “bla bla bla”.

La cosa va por otro lado. Este gobierno le debe al pueblo argentino Tierra, Techo y Trabajo. La tarea sigue siendo construir las mayorías que lo hagan posible, y para eso necesitamos que los poderes concentrados retrocedan, no que se consoliden.

^{Huerquen - 30 de septiembre de 2021}