En el mediodía de este jueves, en la sala de convenciones Gala de la ciudad de Resistencia, se conoció la sentencia del Juicio por la Verdad que comenzó hace precisamente un mes en el que dieron su testimonio sobrevivientes, familiares de sobrevivientes, referentes e investigadores de las comunidades, periodistas, historiadores, antropólogas y juristas.

La titular del Juzgado Federal Nº1 de Resistencia, Zunilda Nirempreger, junto a intérpretes de las lenguas qom, moqoit y wichi dio por probado que “existió responsabilidad del Estado nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”.

A pesar de no tener un correlato en condenas a los responsables políticos y materiales de la Masacre de Napalpí, sucedida el 19 de julio de 1924 bajo el gobierno radical de Marcelo T. de Alvear en el denominado Territorio Nacional del Chaco, la sentencia tiene un carácter histórico por ser el primer juicio por la verdad por crímenes contra una comunidad originaria en el país.

^{Foto: Corresponsal La Izquierda Diario}

Tuvo también el mérito de exponer abierta y públicamente durante las seis jornadas las atrocidades cometidas contra los pueblos originarios y las condiciones de vida inhumanas a las que eran sometidos.

Los testimonios reunidos a lo largo del juicio dejaron en evidencia que la Masacre de Napalpí no fue un hecho aislado, sino que se inscribe en una trama histórica de explotación y represión sistemáticas a las comunidades originarias por parte del Estado y del poder económico. En ello se inscriben por ejemplo la llamada Campaña del Desierto, la masacre de Rincón Bomba.

Antes del veredicto, fueron escuchados los alegatos de las querellas y la fiscalía federal, quienes coincidieron en calificar los hechos como crímenes de lesa humanidad, encuadrados en los tipos penales de reducción a la servidumbre, en función de las condiciones de explotación a destajo a las que eran sometidas las comunidades originarias del Chaco central al momento de los hechos analizados en este debate.

En su sentencia, la jueza indicó que “Por impacto de la balacera cayeron muertos entre 400 y 300 integrantes de estas etnias, varones, mujeres, niños y ancianos. Los y las heridos y heridas fueron ultimados y ultimadas de las formas más crueles posibles, con entierros en fosas comunes”, y resaltó que el hecho necesitó de “un grado de preparación que supuso una distribución de roles, traslado de tropas, gran cantidad de armamento y alimentación durante le acampe, además del auxilio de una avioneta previa del hecho”.

“Tales hechos ocurrieron en la Reducción de Napalpí con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio con la explotación de las comunidades indígenas en condiciones de vida deplorables, sin educación, ni paga, siendo obligados y obligadas a trabajar extensas jornadas para la reducción. Eran frecuentes los abusos en condiciones análogas a la esclavitud, lo que originó la protesta”, agregó la jueza.

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En el punto número 2 de la sentencia, Nirempreger declaró “como hecho probado que existió responsabilidad del Estado Nacional argentino de en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en los delitos de homicidio agravado con ensañamiento con impulso de perversidad brutal".

Finalmente se establecieron una serie de medidas “reparatorias”, entre ellas ordenó “la publicación de la sentencia por el término de un año en la página web oficial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y dela Provincia del Chaco y sus traducciones en las lenguas QOM y Moqoit”, la “proyección íntegra del Juicio por la Verdad en la Televisión Pública”, además de ordenar “que Ministerio de Educación de la Nación que incluya dentro de los diseños curriculares a nivel nacional en los niveles Primario, Secundario, Terciario y Universitario el estudio de los hechos probados en la presente sentencia”.

Por otra parte, el fallo manda la construcción de un “museo y Sitio de Memoria en Napalpí” y de un “reservorio y archivo digital de la memoria” conformado por la documentación existente sobre la masacre que deberá ser financiado por el Estado nacional. También se dio lugar a la medida solicitada por el Ministerio Público Fiscal, acerca de cambiar el nombre de la actual Colonia Aborigen por otro, a plebiscita en el marco del Instituto Aborigen Chaqueño.

El punto 11 de la sentencia resulta al menos paradójico, ya que ordena “al Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Provincia del Chaco que incorpore a la instrucción y capacitación de las fuerzas federales y provinciales un módulo sobre respeto a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, como así los hechos probados en la presente causa”. Poder cumplir esa orden implicaría desconocer el carácter represivo y de clase que tuvieron, tienen y tendrán las fuerzas represivas del Estado.

Nada se mencionó sobre la restitución de las tierras robadas a los pueblos preexistentes ni del incumplimiento de la ley 26.160 (que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país) por parte de los gobiernos nacional y provinciales, que entre otras cosas, imponen a muchas comunidades desalojos sistemáticos.

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Los testimonios que prueban la masacre y las condiciones de vida inhumana

Durante las seis jornadas los testimonios de sobrevivientes, familiares e investigadores fueron conmovedores y contundentes. Se pudo confirmar que en Napalpí fue la primera vez que se utilizó un avión para el ataque a una población en Argentina, sobre la base del relato oral, y de pruebas documentales por el Archivo General de la Nación sobre la cual se describe el funcionamiento de la reducción de las comunidades originarias.

Rosa Grilo, la única sobreviviente viva, de 114 años y aún vive en Colonia Aborigen (nombre actual del sitio donde sucedió la masacre de Napalpí) fue quien relató que “un avión de arriba tiraba bolsas y caían al piso y ahí los mataban. Mi abuelo y mi mamá gritaban ¡disparemos, disparemos! No sé por qué mataron a niños, a grandes, mucho sufrimiento hubo".

Cuando le preguntan qué era para ella lo que tiraban desde el avión, recuerda: “Creímos que eran caramelos lo que había en las bolsas, era para que vayan los chicos a agarrar. Muchas cosas tristes sufrimos, hasta ahora”, se lamenta.

“Fue la primera vez que en Argentina se utilizaba el artefacto avión con armamento de guerra sobre civiles indefensos, se abrió la puerta para Rincón Bomba, el bombardeo a la Plaza de Mayo y los vuelos de la muerte durante la dictadura”, testimonió el piloto e investigador Alejandro Covello.

Salustiano, de 84 años, y Matilda Romualdo, de 90, ambos nietos de Lorenza Molina, declararon lo que su abuela sobreviviente de la masacre les relató muchas veces: "Murieron muchos, mocovíes, y tobas. Nos querían hacer desaparecer. Nuestros hermanos fueron masacrados, pero nosotros somos sobrevivientes". Dieron testimonio también sobre las vejaciones a las mujeres y como sobrevivieron en el monte comiendo frutos y pescando mientras eran perseguidos.

No hubo testimonio de familiares donde no se hablara del horror de la masacre, los disparos a mansalva por parte de las fuerzas estatales y de un sector de criollos, y es generalizado en los relatos el temor a contar los hechos o a hablar y enseñar su lengua por el miedo a las represalias, la persecución y la discriminación.

Se pudo conocer también que la persecución estatal que derivó en la masacre tuvo como origen un reclamo laboral. El investigador del Conicet y miembro de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina, Marcelo Musante, declaró como testigo y denunció que “la causa de la huelga era porque querían vivir mejor, más dignamente. Pedían una mejor paga. Ocurrió un crimen de lesa humanidad por la cantidad de hermanos, tíos y abuelos que dejaron la vida defendiendo la identidad. El único responsable fue el Estado”.

En su testimonio definió como “paupérrimo” el estado sanitario de las comunidades en las reducciones y aseguró que los informes son contundentes. “Existen imágenes de las condiciones físicas. Les sacaban fotos desnudos que son inmostrables por la violencia".

Indicó también que "las condiciones materiales de existencia de las poblaciones indígenas encuentran similitudes entre 1924 y 2022 y el Estado no puede pretender una reconciliación, tiene que avanzar en políticas de reparación y reconocimiento”.

Durante los testimonios presentados por investigadores y de descendientes y familiares de sobrevivientes y testigos de aquella fecha se fue construyendo la responsabilidad del Estado en la planificación y realización de la masacre, como también la posterior negación de su responsabilidad en la masacre, así como el rol de los medios de comunicación en aquellos sucesos.

Se establecieron también las relaciones en la intención del estado, como representación de la clase dominante, de escarmiento y sometimiento de la clase trabajadora, y, en particular en el caso de la masacre de Napalpí, mano de obra semi esclava, que diera mayores ganancias a la producción del algodón. Estas relaciones se establecen en la historia en un ciclo de fuertes represiones desde 1918, que incluyen La Forestal (Santa Fe), el Ingenio Las Palmas (Chaco), en la Patagonia, hasta la represión en la fábrica Krieger-Vasena, en Buenos Aires.

Como hemos señalado durante toda la cobertura que La Izquierda Diario realizó de este Juicio por la Verdad, este juicio es histórico por haber puesto ante los ojos de miles lo que ocurrió en Napalpi hace casi cien años, pero también es preciso señalar que en la actualidad los pueblos originarios siguen siendo desplazados de sus territorios, viviendo en condiciones de extrema pobreza, sufriendo los efectos del desmonte y las fumigaciones indiscriminadas, perseguidos y criminalizados por todos los gobiernos que llevan adelante políticas por acción u omisión al servicio de la burguesía terrateniente.

Para ver la jornada de este jueves y la sentencia:

^{La Izquierda Diario - 19 de mayo de 2022}