Más de 2.300 millones de personas leen al menos un periódico al día. A ellas hay que sumar los que ven la televisión, escuchan la radio o se informan a través de la red. Tan sólo los españoles consumen de media más de seis horas al día delante de algún medio de comunicación, incluyendo Internet. Por ello, se dice que vivimos en la “sociedad de la información”. Sin embargo, también en la información, unos somos más iguales que otros.

En los últimos años se ha producido en Estados Unidos un avance espectacular en la monopolización de los medios. Se puede tomar como punto de partida de este proceso la Ley de Telecomunicaciones (“Telecommunications Act”) de 1996. Esta ley levantó las restricciones que existían sobre la propiedad de estaciones de radio. Con anterioridad a esa fecha, una compañía sólo podía ser propietaria de dos emisoras de radio AM y dos FM dentro del mismo mercado y no más de 40 a escala nacional. Con el cese de esta limitación se desató una ola de consolidaciones.

Hace tres años fue aprobada la Ley 26.522. Los primeros nueve meses estuvo frenada por dos medidas cautelares. Hasta hoy no se pudo aplicar el ya célebre artículo 161 de adecuación. Se acerca el 7 de diciembre y la discusión gira en torno de lo que sucederá el día después. Sin embargo, la ley de servicios de comunicación audiovisual es mucho más que el 7-D.

La creciente concentración mediática constituye un factor que distorsiona la percepción de la realidad e impide la formación de un pensamiento crítico, reflexivo, que pueda operar en favor de la transformación económico-social del país. Una nueva ley de radiodifusión, actualmente en debate, debe apoyarse en el derecho constitucional a la información de todos los ciudadanos.