Por resolución de su Comisión Directiva Nacional reunida en el día de ayer, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) decidió impulsar de modo urgente una declaración de la emergencia del sector.

De los informes sectoriales, de la situación en las distintas delegaciones y la evaluación de los relevamientos propios, de consultores y centros de estudios, surge con claridad el grave estado del tejido Pyme.

Eduardo Fernández, de Apyme, y Ariel Aguilar, de la cámara de manufacturas del cuero, analizan ante Página/12 las propuestas económicas de los candidatos que compiten el 22 de noviembre. Advierten sobre las consecuencias de la devaluación y la apertura comercial.

Algunas estimaciones privadas y el discurso de la Presidenta de la Nación ante la Bolsa de Comercio volvieron a situar al tema de la inversión, esta semana, en el centro del escenario económico. En un año teñido por las expectativas del cambio de gobierno, y un viento del exterior que trae el aroma de nuevos desequilibrios financieros mundiales y anuncios de una prolongación de la recesión brasileña, la economía argentina vuelve a sorprender con un proceso de repunte de la inversión que ya cumplió siete meses. Repasando los datos que hizo públicos esta última semana la consultora Orlando Ferreres y Asociados –a los que Cristina Fernández aludió en la Bolsa–, la inversión real de los primeros siete meses (medida en términos físicos, es decir restando la incidencia de la variación de precios) aumentó en un 4 por ciento con respecto al mismo período del año anterior, alcanzando una nada desdeñable proporción del 20,2 por ciento del Producto Bruto.

Primero se sancionó; después se derogó parcialmente; más tarde se modificó; luego se aplicó, y finalmente la Justicia decidió no sustentar sus fallos en la norma.

Éste es el derrotero que tuvo en los últimos 40 años la ley cuya modificación empezará a tratarse hoy en el Congreso. Se trata de una de las normas sobre las que menos coincidencia hay respecto de su vigencia o no. Bajo el número 24.680, fue sancionada en 1974, poco antes de la muerte del entonces presidente Juan Perón, con el nombre de "ley de abastecimiento y represión del agro". El artículo 12 prevé que los funcionarios podrán allanar comercios o empresas y requerir el apoyo policial si fuera necesario; secuestrar documentación; intervenir la mercadería en infracción; clausurar establecimientos, y citar a los ejecutivos de una empresa.

Durante los casi doce años de desarrollo del proyecto kirchnerista se incrementó fuertemente el tamaño del mercado interno con dos objetivos convergentes: inclusión social y potenciación del desarrollo de la industria nacional. También se desarrolló, desde el lado estatal, un fuerte apoyo al sistema de ciencia y técnica (C&T), invirtiendo en el crecimiento científico y desarrollando instrumentos para promocionar la transformación de conocimiento científico en tecnología y en valor agregado de la producción nacional. El sector agroexportador aumentó su producción y los precios internacionales de los commodities agrícolas se mantuvieron en niveles altos.

Partamos que de por sí es un asunto complejo determinar un tipo de bocado o freno, y más colocárselo al caballo. Las más de las veces se le pone un bocado a un potro sin saber si es el adecuado, si está en el tiempo apropiado, sin examinar previamente la boca del animal, su dentadura, sin pasarlo por un proceso prebocado, sin tener el conocimiento pleno para distinguir un freno severo de uno más acorde y menos agresivo, desconociendo, además, que el freno está en el cerebro del noble animal, ya que su cerebro controla sus piernas, por lo que es con su cerebro con el que se debe trabajar. Jalar las riendas debe ser usado como una señal para detenerse pero no debe ser el mecanismo para parar.