Las conclusiones surgen de una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que lidera Roberto Bacman. En total se entrevistaron mil personas de todo el país, respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social. El sondeo se realizó por teléfono entre los días 15 y 17 de diciembre.

Del trabajo realizado por Bacman queda claro que existe un respaldo a iniciativas como la planteada por el senador Aníbal Fernández, quien presentó un proyecto de ley para penalizar a los policías que abandonan el servicio. El texto, que se tratará en sesiones extraordinarias, penalizará con multas y uno a tres años de prisión a los efectivos que abandonan el servicio, pero las penas trepan incluso hasta los ocho años de prisión cuando se pierdan vidas o se produzcan serios destrozos. Lo que se ve en el sondeo es que el 71,7 por ciento de los consultados están de acuerdo con la siguiente frase: “Los policías no pueden extorsionar y tomar de rehén al resto de la sociedad, abandonando las calles a los delincuentes hasta que se cumplan sus exigencias salariales”. Expertos en seguridad como León Arslanian han dicho que no ven con malos ojos que los policías tengan su sindicato como para tratar con las autoridades sus reclamos, incluso que tienen todo el derecho a plantear sus reclamos salariales, pero que de ninguna manera se pueden permitir las huelgas policiales porque desprotegen a la sociedad.

La palabra extorsión aparece con nitidez en la encuesta. Es que cuando a la gente se le pregunta sobre el carácter de los saqueos, siete de cada diez personas le contestaron al CEOP que había vínculos entre los policías que no prestaban servicio y los que impulsaban los saqueos. Hubo policías detenidos en Tucumán y Entre Ríos, por ejemplo, a quienes se les encontraron elementos robados en sus domicilios. Eso seguro que pesó en la opinión pública.

Pero aun sin esos hallazgos, el ciudadano común tiene claro que hubo una metodología en los hechos. Los policías pararon y al mismo tiempo mediante mensajes de texto y llamadas por celular ponían en marcha a pequeños grupos, que por lo general se movieron en motos, y hacían punta en los saqueos. La sospecha quedó más que instalada en Córdoba, pero se ve que abarca todo el territorio nacional porque los encuestados –en un 69,5 por ciento– sostienen que hubo vínculo entre policías y saqueadores.

En sintonía con todo el diagnóstico anterior, para la gran mayoría queda claro que los hechos ocurridos en este diciembre fueron organizados, no espontáneos. Casi ocho de cada diez personas consideran que los saqueos no surgieron de la nada, por arte de magia, sino que hubo una organización detrás. El primer paso, el de los policías, pero luego se sumaron –según sostienen los encuestados– “sectores políticos que quieren desestabilizar al Gobierno”; “grupos de delincuentes organizados” y en la enumeración casi no aparece la alternativa de que se trató de personas necesitadas.

La cuestión policial aparece continuamente en el centro de la escena. El puntapié inicial de este año se produjo en Córdoba, que venía justamente de la caída de toda la cúpula de la policía provincial por sus vínculos con el narcotráfico. En la provincia mediterránea, para colmo, también se les había cedido a los uniformados el Ministerio de Seguridad, ya que el titular de esa cartera, Alejo Paredes, también era policía, lo mismo que el titular de la fuerza, Ramón Frías. En la encuesta del CEOP, el 60 por ciento de los consultados dicen tener mala imagen de la policía provincial de su respectivo distrito. Es que, al igual que en muchos otros países, está instalada la idea de que las fuerzas policiales están muy vinculadas con el delito. En este terreno es que pesa la opinión, por ejemplo, del juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, que en este diario insistió en la necesidad de reformar las policías y lo planteó como una de las deudas de los 30 años de democracia. En la otra punta hubo un 80 por ciento de los encuestados que dijeron tener una opinión positiva de la Gendarmería, una fuerza que está menos mezclada con el quehacer diario y la gente la percibe todavía alejada de los arreglos que están en el trasfondo de las actividades delictivas.

La conclusión tácita del sondeo, pero también de los expertos, es que la seguridad no puede quedar en manos policiales, sino que debe haber un gobierno firme y un estricto control por parte de las autoridades políticas. Esta cuestión de fondo ha sido planteada siempre por el gobierno nacional, pero en muchísimos distritos existe la idea de que “dejando hacer” a los uniformados se logra una especie de paz con la delincuencia, se pacta un statu quo que evita desbordes. Los últimos hechos y lo que se percibe en la encuesta es que en la cuestión de seguridad los gobiernos se tienen que meter cada vez más y que no puede haber pactos.

Página/12 - 22 de diciembre de 2013