«Con lo que les va mal es con el agua, porque cuando van a las marchas los bañan. Si los tiran de los aviones, no saben nadar. Y si se tiran en algún lado, ahí por el sur, también se ahogan solos”. El que habla, en un bloque del streaming Ánima, es Alfredo Gammariello, excandidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, excustodio de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Las carcajadas son de la diputada Lilia Lemoine. Alguno de nosotrxs ¿hablaría así? “Con lo que les va mal es con las camas, les explotan bombas mientras duermen”. ¿Combinaríamos de esta forma las palabras, con desparpajo, con goce, soltando la larga risa que no tuvimos estos años?

A Hebe de Bonafini le decían loca. No el loca de la Plaza de los dictadores sino el de los demócratas, condescendiente: “viste cómo es Hebe”. Tenía dogmas que ordenaban su palabra pública. Uno era Aparición con vida. Impugnaba la búsqueda en los cementerios, las exhumaciones, las fotos de los huesos apilados que convertían a los desaparecidos en muertos. Enfrentó a jueces, políticos, organismos de derechos humanos, a otras madres, a hijos. Vociferaba. No era la única. En 1982 grupos de mujeres impidieron la remoción de las sepulturas en distintos lugares del país. Otro principio de Hebe fue rechazar las reparaciones económicas que el Estado -a partir del gobierno de Carlos Menem- instrumentó para sobrevivientes y familiares. En la Marcha de la Resistencia de 1998 tendió pancartas que decían El que cobra la reparación económica se prostituye. Marta Dillon escribió entonces que las opiniones de Hebe eran lacerantes, una cachetada. Muchísimos tramitaron indemnizaciones y pensiones, derechos en medio del desierto. Recuperar los cuerpos de los desaparecidos se convirtió en demanda; acariciar los huesos encontrados, en alivio, y el conocimiento que se construyó para hacerlo posible, en un legado. Sin embargo, la consigna Con vida se los llevaron, con vida los queremos, gritada por primera vez en Buenos Aires en octubre de 1978, todavía recorre el mundo porque conserva la capacidad de hacer audible ese arrebato irreparable. Y cuando nos inundan, ellos, con el asunto del verdadero número de desaparecidos, es imposible no pensar en ella, en Hebe, gritándonos que había que impedir que el desenlace fuera un conteo de cadáveres. Cada una tendrá sus opiniones sobre los dogmas de Hebe, pero lo que nos preguntamos aquí es si hay en su gesto algo que nos ayude a responder la pregunta que hoy se cierne sobre nosotros: ¿cómo se discute con la derecha un exterminio?

Son treinta mil. No son treinta mil. Hace diez años, el macrismo decidió que la cantidad de desaparecidos era el talón de Aquiles que ayudaría a secar el extendido rechazo social a la dictadura, fact-checking por qué no. Nosotros intentamos armar un dique con el lugar común, más o menos sofisticado según el portavoz: es el Estado el que tiene que decir cuántos son. Ellos, una flecha más: la inflación de la cifra y el cobro de las reparaciones son el curro de los derechos humanos. Habría que ir más lento y detenerse en ese momento en el cual figuras relevantes de la familia macrista fueron parte necesaria de lo que vendría después, una fuerza política del régimen democrático que legitimó el discurso procesista. Luego, los radicalizados hasta entonces marginales tendrían condiciones de escucha más favorables. Pero sigamos, que diga el Estado cuántos son los desaparecidos.

La desaparición de personas es forma y fondo. La produce un dispositivo estatal complejo que ya no captura pero tampoco libera lo que se tragó en el pasado. Tienta la metáfora del monstruo, pero no, se parece más a El castillo de Kafka, el soporte material de un poder disperso, en el que la sola tarea de distinguir complots de casualidades puede llevar toda una vida. Entre 1976 y 1983, las Fuerzas Armadas y las policías gestionaron un circuito que succionó a mujeres y hombres de todas las edades y los desapareció. Transcurridas cinco décadas, no sabemos aún si ya logramos reconstruir la totalidad de las formas de destrucción y ocultamiento de los cuerpos que utilizaron.

A lo largo de los años, nuestros relatos sobre las prácticas militares se fueron haciendo cada vez más generalistas. Herederos del cuestionamiento al show del horror de los primeros ochenta y ocupados en escolarizar la narración para educar a las generaciones posteriores evitamos el sensacionalismo. Sin fotos. ¿Quién vio las imágenes de los cuerpos tirados desde aviones y devueltos por el mar? Están en el Archivo Nacional de la Memoria, alguien decidió que podemos mirarlas pero no copiarlas. ¿Y las de los cuerpos dinamitados después de un fusilamiento? ¿Las manos cortadas para impedir la identificación? Nosotros no reproducimos imágenes del terror. Alisamos con palabras la textura de lo que ellos hicieron. Lo volvimos tolerable. Sigamos.

Muchas de las formas de desaparecer a lxs revolucionarios requirieron estructuras estatales civiles. La más ramificada en todo el territorio nacional: el poder judicial que registró en cientos de expedientes el hallazgo de cuerpos en ríos, baldíos, playas, caminos, y rechazó habeas corpus. Los gobiernos municipales enterraron en sus cementerios miles de esos cuerpos. Terminó la dictadura. Esas estructuras estatales permanecieron intactas. En 1984, los papeles que se habían acumulado en juzgados, organismos de inteligencia, cementerios, morgues, registros civiles no fueron recolectados ni procesados por el naciente Estado democrático. Muchos cuerpos de desaparecidos se perdieron en ese momento, por decisiones estatales de los primeros años de la transición: fueron a osarios, llevados y traídos en bolsas entre dependencias periciales, mezclados con otras generaciones de muertos. Algunos militares hablaron, sin entregar datos precisos, sobre los capturados. No fue Adolfo Scilingo el primero en dar detalles sobre las aeronaves: un copioso historial de integrantes de las Fuerzas Armadas lo había hecho antes sin revelar ni un nombre, y sin mayor repercusión. Las planillas de los aviones Skyvan, conservadas por la Prefectura Naval Argentina, fueron analizadas por primera vez en 2010. La desaparición de personas vivas, las hijas y los hijos robados a las familias de combatientes, tiene una historia similar: un ensamblaje entre lo militar y lo civil, que dejó residuos que recolectar.

El Estado dictatorial dijo que no iba a responder cuántos eran los desaparecidos, ni los muertos ni los vivos. El Estado de la transición ofreció un número: el que construyó con las denuncias de los familiares que optaron por presentarse, sin haber hecho una recuperación sistemática de la información, ni peinado lo que en ese momento hubiera sido posible recuperar.

La última versión pública del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado es de 2015. Son dos documentos PDF (de la A a la K, de la L a la Z), 1315 páginas de información en orden alfabético. Personas que en los últimos diez años fueron encontradas y restituidas a sus familias aparecen como desaparecidas. Personas que fueron denunciadas como desaparecidas desde 2015 no están informadas. Las fotos son diminutas, de allí no se pueden recuperar para multiplicarlas.

Después de 50 años, la respuesta del Estado realmente existente sobre cuántos son los desaparecidos es esta: por un lado, una nómina incompleta, desactualizada, basada en el aporte de las familias, inusable con fines de investigación; por el otro, una dispersión de miles de documentos judiciales y administrativos que registraron los crímenes y el hallazgo de los cuerpos que nunca estuvieron sistematizados ni disponibles para la sociedad.

La desaparición es un dispositivo complejo, nunca del todo desarraigado del Estado argentino. La desaparición fue una respuesta del poder a la rebelión que, además de eliminar a los sublevados, trasladó la rendición de las cuentas a los derrotados. La desaparición es un dispositivo para ganarle al fact-checking. ¿Cuántos son los desaparecidos? No sabemos. ¿Cuántos desaparecidos tienen ellos? Según el informe producido por la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, en su libro Los otros muertos: ninguno. Una verdad con huecos; otra, completa.

La desaparición es un umbral para la sociedad argentina. Eso explica la intensidad que ponen en minimizarla. No tenemos que olvidar entonces que ellos produjeron nuestros espectros, y en el mismo acto los suyos.

No podemos estar definiendo cada término antes de producir un enunciado porque el discurso se haría imposible, un Funes el Memorioso de la precisión. Pero. No hay política sin violencia. No es esta una idea de izquierda, ni demasiado compleja, sino algo que internalizamos desde que somos niños. La política es una forma de administración de la violencia, a través de mediaciones que la procesan, muchas veces sin anularla. Judith Butler escribió: “La violencia del Estado y otros poderes regulatorios llaman “violencia” a aquello que se opone a su propia legitimidad, de modo que esa práctica nominativa se convierte en una manera de promover y disimular su propia violencia”.

Lo que, en cambio, sí está abierto a la discusión es la ética de la violencia política. Un atentado en un tren que termina con la vida de cien personas que estaban yendo a sus trabajos no es lo mismo que matar a un tirano. Las dos son expresiones de violencia política y es muy sencillo concluir que es imposible agruparlas con el mismo sustantivo. No toda violencia política implica matar. Preservar la vida del otro, del enemigo, puede ser vector de una ética de la violencia política. No faltarle el respeto a la muerte del enemigo, también.

¿Las organizaciones revolucionarias que actuaron en los años 70 fueron terroristas? ¿Cometían ataques indiscriminados contra la población civil? ¿Qué pasó cuando, como consecuencia de sus atentados, murieron civiles que no eran parte del enemigo? ¿Podemos nosotrxs expresar nuestro dolor por esas víctimas sin ser echados de la plaza? Al igual que respecto del plan sistemático de exterminio, muchas veces aceptamos que en la conversación pública reine la generalidad. ¿Cuáles, con precisión, fueron los actos de las guerrillas que hoy una ética militante que lucha por la igualdad consideraría inaceptables? ¿Cómo se combina la rapidez con la que se rechaza que los combatientes argentinos hayan matado con el instantáneo fervor memético por Luigi Mangione, el joven ítalo-estadounidense que le disparó por la espalda al CEO de una empresa de salud?

L os estudios históricos y jurídicos discuten si las guerrillas argentinas fueron terroristas. También cuestionan el sintagma “terrorismo de Estado” que se impuso como la forma coloquial más extendida de llamar a los hechos, dado que, escribió Gabriela Águila, “ha invisibilizado tanto el carácter selectivo de la represión y de sus víctimas como la variedad de acciones y dispositivos represivos (que incluyeron no únicamente prácticas clandestinas, sino dispositivos y prácticas legales o cuasi-legales, normativizadas, visibles)”. El engranaje discriminaba a través de la información de inteligencia, y de la obtenida a través de una prolífica batería de métodos de tortura. Hace unos años esta conversación sobre el uso de las categorías podía ser tildada de un vano regodeo de cientistas sociales.

En los albores del Proceso de Reorganización Nacional, cuando la dictadura hablaba de sí misma decía que su propósito era luchar “contra la subversión”. Ese sujeto, el subversivo, fue difuminado, para que todo el espacio lo ocupara el terrorista. El subversivo es capaz de generar admiración porque transmite la valentía de oponerse a algo, de querer cambiarlo. El terrorista solo puede infundir miedo. La subversiva está enfocada en perturbar al poder. La terrorista no distingue al destinatario de su violencia, amenaza a todos.

En algún momento una narración de los setenta se volvió verdad oficial. Hubo juicios, museos, monografías, una política de comunicación basada en efemérides multiplicada por cada municipio de la Argentina. Lo aceptamos, expresaba el consenso de la sociedad. Lo discutimos y fuimos tildados de troskos, lo discutimos despreciando la importancia que para algunos tenía el reconocimiento, tuvimos nuestro propio y patético juego de la mancha. Hubo películas que llenaron los cines, hubo dibujitos animados. Pensamos que la pugna por la memoria podía clausurarse si nos aferrábamos a los trazos gruesos de ese consenso. Que no había que ir a la televisión a discutir con Cecilia Pando. Que el sistema político funcionaba como un cordón sanitario. Que aunque cambiaran las relaciones de fuerzas el Estado nunca volvería a decir que un militante que prende fuego un tacho de basura es un terrorista cuya expulsión del país del Derecho está justificada. “Seguirá habiendo relatos múltiples y encontrados, y prevalecerán aquellos que sean más acordes con las relaciones de poder actuantes en la sociedad”, escribió Pilar Calveiro en 2016 cuando los discursos procesistas durante años marginales empezaban su camino hacia el centro de la conversación pública. Lo que está en juego es cuál violencia es más tolerable, la del poder o la de los desposeídos.

Dejar pasar; aceptar que cualquier violencia social sea impugnable con el mismo argumento y en igual medida; no discutir que terrorista sea el adjetivo universal para cualquiera que ejerce su derecho a rebelarse contra una realidad insoportable; eludir la conversación difícil que no admite polos sino que requiere detalles; postear que los pibes luchaban por el boleto estudiantil; no ser solidarios con aquellos de nuestros contemporáneos que deciden no irse de la plaza cuando las mediaciones políticas solo los empujan a una vida peor; dar pasos hasta chocar la espalda contra la pared.

En febrero de 1999, Charly García planeó arrojar muñecos de tela desde un helicóptero sobre el Río de la Plata para cerrar un show organizado por Darío Lopérfido, quien años después sería el protagonista del cuestionamiento al número de desaparecidos. Hebe se opuso y acusó al músico de estar montando un show. Charly cambió de idea, después de decir: “Vos no entendés, Hebe. Mi dolor también vale”. ¿Quedará alguna persona viva que haya visto a los cuerpos caer? Charly quería hacer visible lo que está en un hueco. No todo lo que se ve es un espectáculo.

La lengua del poder es una trampa, incluso cuando los que la usamos somos nosotros. O más bien, sobre todo cuando los que la usamos somos nosotros. Los subversivos desaparecidos nos acechan. A nosotros, los que los perdimos. Y a ellos, los que todavía les temen.

^{Fuente. Revista Crisis - Marzo 2026}