Dado que nuestro trabajo durante estos dos años ha sido impulsar la ley de Servicios Financieros, cabe reflexionar sobre esta estrategia del Poder Ejecutivo Nacional.

En principio, la modificación propuesta a la Carta Orgánica del BCRA le otorga gran cantidad de facultades que estaban consideradas en el proyecto de ley de Servicios Financieros. El proyecto del PEN establece como función del BCRA, entre otras, la regulación y orientación del crédito y la protección de los derechos de usuarios de servicios financieros y defensa de la competencia. Faculta a su directorio para dictar normas que preserven la competencia en el sistema financiero, y regular tasas de interés, como proponemos en nuestro proyecto, e incluso avanza más, ya que posibilita regular las condiciones de crédito en términos de tasas de interés, de plazos, comisiones y cargos, orientando su destino por medio de encajes diferenciales u otros medios.

También faculta al BCRA para promover la inversión productiva a largo plazo a través del otorgamiento de adelantos a los bancos para que los apliquen a este fin.
El proyecto también amplía las funciones del BCRA a promover, en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social, similar orientación a la que impulsamos con nuestro proyecto de ley de modificación a la Carta Orgánica del BCRA presentado en 2010.

En función de estos conceptos, apoyamos plenamente la sanción del proyecto elevado por el PEN sobre modificación de la Carta Orgánica y la ley de Convertibilidad, puesto que es un gran avance respecto a la legislación actual y trabajaremos en el debate legislativo para continuar aportando nuestra visión.
Pero este proyecto no satisface la totalidad de nuestras aspiraciones y de los cambios que creemos imprescindibles.

Hay una facultad para orientar el crédito, pero no hay una obligación para hacerlo, como está previsto en nuestro proyecto de ley de Servicios Financieros. En el proyecto del PEN, se habla de orientación general del crédito, y no existe referencia alguna a que el mismo se oriente principalmente a las pymes o a hipotecarios para vivienda.
No nos sentimos decepcionados, nunca dijimos que nuestro proyecto contaba con el aval oficial, lo que no frenó en absoluto el empeño en que se concrete.

En todo momento dijimos que el lobby al que nos enfrentábamos era poderoso, que se explicita a través de los titulares de los distintos medios de comunicación el día posterior al discurso: «Frenó cambios a la ley de Entidades Financieras y los mercados celebraron», Cronista Comercial; «Buena señal: advirtió a sus aliados que no es necesario reformar ley de Entidades Financieras», Ámbito Financiero.

De la misma forma se expresó el lobby español, que se enfocó en defender la totalidad de sus inversiones en Argentina. Creemos que esto ha influido para la mención de la Presidenta sobre el «mucho ruido».

Nosotros advertimos y podemos interpretar que el Gobierno evalúa que tiene varios frentes de conflicto abiertos y no desea ampliarlos, una estrategia que le compete específicamente.

Cuando presentamos el proyecto de ley de Servicios Financieros dijimos que el principal logro era la existencia legislativa del proyecto, que permitía instalar el tema en el debate parlamentario y en la opinión pública.

No creemos faltar a la verdad si decimos que nuestro proyecto contribuyó a generar las condiciones para que el Gobierno decidiera realizar esta modificación de la Carta Orgánica que es positiva.

La propia presidenta Kirchner expresó: «Yo siento que estamos transformando el país de hecho, pero no estamos plasmando en un plexo normativo lo que estamos haciendo». Creemos que la derogación de las leyes heredadas de la dictadura y del menemismo es una condición necesaria para plasmar ese plexo normativo al que se refiere la Presidenta. Se está avanzando con la reforma a la Carta Orgánica del BCRA, pero todavía queda la derogación de la ley de Entidades Financieras y de la ley de Inversiones Extranjeras, entre otras normativas, como la estabilidad fiscal a las mineras, o la definición de los propios contratos de explotación de los recursos naturales.

Nuestra definición ha sido acompañar a este gobierno en todos los cambios positivos que ha implementado, pero también bregar porque los mismos se sigan intensificando, promoviendo cada vez más la profundización del modelo iniciado en 2003. Por ello continuaremos con nuestra prédica y nuestros ideales, manteniendo viva la discusión de los principios que hemos venido sosteniendo, y seguiremos trabajando por la definición de la actividad financiera como servicio público, que es una reivindicación histórica de nuestro movimiento cooperativo y que la seguiremos defendiendo con el mismo empeño hasta que la relación de fuerzas permita que se convierta en ley.

También seguiremos sosteniendo como una bandera ideológica la derogación de la ley de Entidades Financieras que fue elaborada por la dictadura y es funcional al sistema de valorización financiera en desmedro de la producción impuesto por la dictadura y el menemismo.

En este camino nos impulsa el millón de firmas que dieron su apoyo a nuestro proyecto, como así también la multiplicidad de organizaciones sociales y legislaturas provinciales y municipales que adhirieron.
En síntesis, nuestro trabajo no ha sido en vano, la tarea realizada hasta aquí generó condiciones y aportó ideas que contribuyeron a plasmar el proyecto que el PEN ha elevado al Parlamento.

Revista ACCIÓN - Segunda quincena de marzo de 2012