Horacio Rovelli, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional (UBA), fue asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados de la Nación y Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación entre 2009 y 2011. En esta conversación con Sangrre, habla acerca de los números y las consecuencias de la primarización y desindustrialización de la economía argentina impuesta por el modelo económico de Cambiemos, y sugiere algunas variables para pensar posibilidades de crecimiento bajo otras lógicas.

Durante la apertura de las sesiones ordinarias, el presidente mostró una serie de indicadores económicos, datos y números que no parecen reflejar lo que ocurre en la economía real. Por el contrario, entendemos que estamos frente a una política económica de reprimarización y desindustrialización de la economía argentina. ¿Cuáles son las principales características de este modelo económico?

El gobierno de Cambiemos es un modelo rentista en materia de política de financiamiento y tarifas. Desde su inicio hasta fines de abril de 2018 se basaba en un acuerdo con el capital financiero internacional, que venía atraído por las altas tasas de interés internas con respecto a la depreciación de nuestra moneda, lo que se conoce como carry trade. Esto es, a principios del año 2016 le ofrecían tasas de LEBAC (Letras de BCRA) al 38% anual y la depreciación cambiaria (luego del primer salto inicial del dólar de $ 9,60 a $ 13) fue en un año del 11%. La diferencia es la rentabilidad en dólares. Eso explica que en los años 2016 y 2017 hayan ingresado al país, por endeudamiento, unos U$S 71.000 millones.

En los Estados Unidos parecía que iban a subir la tasa de interés y cuando se acercaba al 3% anual en abril de 2018, los capitales financieros comandados por el JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Fintech y otros, se fueron. Esto provocó la corrida cambiaria de fines de abril hasta septiembre de 2018, con un incremento del valor en pesos de la divisa norteamericana de un 100%, y obligó al gobierno a acordar con el FMI.

El FMI es la quinta columna del capital financiero internacional y lo que pretende es que en la Argentina no se industrialice nada. Pretende que les compremos a los países centrales productos industriales que tienen trabajo incorporado y que vendamos al mundo lo que se extrae de nuestro suelo y lo que se puede cultivar o criar en él. Por esto se internacionalizan (es decir, dolarizan) las tarifas de gas, electricidad, combustible y, en el caso de los productos agropecuarios, que el mercado que fija los valores sea el de Chicago. Por ende, por ejemplo, una botella de 900cc. de aceite mezcla que se vende en el mercado de Ámsterdam a U$S2, en la Argentina su valor ahora ronda los $80. El valor de cada mercadería va a subir en proporción a lo que suba el dólar.

Obviamente, jugó a favor de la política de desindustrialización y de extranjerización de la economía Argentina que las empresas que tenían acceso al mercado de crédito internacional –como ARCOR de los Pagani, Los Grobo de los Grobocopatel, Techint de los Rocca, Longvie– colocaran obligaciones negociables en divisas. Ante la devaluación del año pasado y la volatilidad presente, están en graves problemas para cumplir con sus compromisos y quedaron seriamente endeudadas. Si a esto le sumamos su desvalorización en dólares (por la devaluación), resultan fácilmente comprables, total o parcialmente, por el capital extranjero.

¿Cuáles son los valores en los indicadores sobre desocupación y pobreza, mercado de trabajo, recesión, caída del consumo y tasa de inversión, cierre de establecimientos, que hacen palpable este modelo que describís?

El Gobierno informó los datos de desempleo del último mes del año 2018 y hubo 191.300 menos de trabajadores registrados que un año atrás. Los datos presentados en el Ministerio de Producción y Desarrollo indican que en diciembre de 2018 hubo 12.196.000 trabajadores registrados, lo que es un 1,5% menos que el mismo mes del año anterior, y se debe contemplar que además la PEA (Población Económicamente Activa) crece al 1,1% anual. El desempleo alcanzó el 9% de la PEA durante el tercer trimestre de 2018, y no llegó a los dos dígitos porque, por ahora, el grueso del ajuste se realizó vía licuación del poder adquisitivo del salario. A medida que la recesión y la caída de los ingresos se aceleran, más personas salen a buscar trabajo; y una parte lo encontró, pero informal, precario y de baja calidad, en servicios nuevos como entrega a domicilio o Uber.

Un empalme de series estadísticas entre el índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires y el INDEC definen que la inflación fue de 163% en los 36 meses que van desde enero de 2016 a diciembre de 2018, mientras que los asalariados registrados del sector privado tuvieron un incremento acumulado en el mismo periodo de apenas 121%.

La combinación de la caída del poder adquisitivo de los salarios y la desocupación y precarización laboral nos explica que el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina informara que la pobreza alcanzó a 33,6% de los habitantes urbanos del país, en el tercer trimestre de 2018.

Finalmente, el PIB (Producto Interno Bruto) cayó 2,6% en 2018, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Es la peor recesión en los últimos nueve años. Si a eso le sumamos que, según el INDEC, en 2016 la economía decreció en un 2,3%  y que en 2017 creció 2,9%, quiere decir que en el año 2018 se tiene menos PIB que en 2015 y con un 3,3% más de población. Lo que se agrava con la desigual distribución de la riqueza porque menos del 2% de la población se benefició por la renta financiera y tarifaria y, el resto, en mayor o menor medida, se perjudicó por la existencia de dichas rentas.

Desde el punto de vista estrictamente económico, el dato más preocupante que difundió el INDEC cuando culminaba 2018 es el desmoronamiento de la inversión. En el tercer trimestre del año pasado cayó 11,2% respecto al mismo trimestre de 2017 y 8,1% en relación con el segundo trimestre. Nadie apuesta a que esto vaya a recuperarse en el año electoral: el propio FMI, en el acuerdo firmado con el gobierno en octubre del año pasado, prevé una caída de 9,5% de la Inversión Bruta Fija para este año 2019.

A pesar de la profunda recesión, el gobierno no logra frenar la suba de la inflación. ¿Por qué se da este proceso?

La inflación –la suba generalizada de los precios– no es un fenómeno monetario. Aún más: cuando el gobierno restringe la cantidad de dinero, lo que hace es subir la tasa de interés y con ello encarece el costo de financiamiento. El mismo efecto se da con la suba de las tarifas. O sea, para garantizar la renta de las empresas energéticas y de los bancos, apuntala la inflación. Finalmente, el tercer agregado es que los empresarios tratan de subir sus precios (en la medida que puedan todavía vender) para estar en una posición de privilegio cuando asuma el próximo gobierno, y en defensa –según ellos– de la volatilidad cambiaria, es decir, no piensan en la tasa de ganancia en pesos, sino que solo piensan en dolarizarla.

Frente a esta desaparición del mercado interno, las políticas del gobierno plantean que los márgenes de ganancia solo son viables a partir de la flexibilización de las condiciones laborales para beneficiar la rentabilidad de las empresas. ¿Creés que es posible esa salida?

Obviamente no. Es más, se les achicaría aún más el mercado interno y la economía argentina, que destina el 75% de los que produce al mercado interno. Ante esa destrucción de puestos de trabajo, el Ministerio de Producción y Trabajo presentó en la última semana de febrero de este año un programa que propone flexibilizar el empleo y bajar las indemnizaciones para beneficiar la rentabilidad de las empresas. Ni las empresas quieren esa flexibilización: el mayor reclamo que hacen es para que se estimule el mercado interno y eso se logra con más trabajo y mejores salarios.

La discusión con las empresas está en que –sobre todo las más grandes, pero en mayor o menor medida todas– obtuvieron fuertes ganancias financieras (tasas de interés en pesos superpositivas, carry trade para asegurar la salida en dólares), y dejaron de invertir, de producir, para obtener renta financiera y después dolarizarse. Ahora pagan con la falta de mercado sostener un modelo rentista en materia de política de financiamiento y tarifas y piden “procesos preventivos de crisis” para pagar el 50% de las indemnizaciones.

Justamente, uno de los mayores aciertos de Néstor Kirchner es haber tenido la inteligencia para que las empresas hicieran esa ganancia produciendo. Para eso, aumentó los ingresos del pueblo: “Sin consumo no hay inversión ni producción, y sin producción no hay crecimiento de exportaciones y, por lo tanto, tampoco crecimiento económico” (Néstor Carlos Kirchner). El contraste con su primer mandato, por ejemplo, y este primer mandato de Cambiemos es claro y tajante: crecíamos a una tasa del 9% anual promedio y apenas 10% de inflación por año.

Al mismo tiempo, aunque este modelo primariza su economía, tampoco centra su política fiscal en la renta de los grandes propietarios de la tierra. Constituida sólo por 1.303 familias, los dueños de la tierra más fértil pagan menos que los que viven en el segundo y tercer cordón bonaerense. ¿Cómo repercute esto sobre el modelo económico?

El tema impositivo es de una inequidad peor que en la época de la dictadura de Videla. No solamente no se le cobra impuestos a los que compran divisas, sino que no se le pone ningún límite de compra (a fin del gobierno de CFK era de U$S2000 por persona y por mes). El 60% de la recaudación de impuestos vigentes es al consumo: IVA, Internos, Combustible, Crédito y Débito Bancario, aranceles. En el impuesto a la propiedad que cobra la Administración Nacional, que es el Impuesto a los Bienes Personales, se excluye expresamente a la propiedad rural. O sea, si tenés un departamento o una casa en la ciudad pagás el tributo, si es un campo no. Pero es en las provincias donde la recaudación del impuesto inmobiliario rural es, como dice la pregunta, menor que la recaudación del impuesto inmobiliario urbano. En la provincia de Buenos Aires, la tierra más fértil del mundo, la recaudación del impuesto inmobiliario rural es solo el 0,4% del PBG (Producto Bruto Geográfico) provincial y, si tomamos la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural para todo el país, es solo el 0,2% del PIB.

¿Cuáles serían los vectores, los lineamientos en materia de política económica que deberían modificarse en perspectiva de la reconstrucción de otro modelo económico industrializador, que pondere el mercado interno y la defensa del trabajo y la producción nacional?

Este modelo benefició y beneficia al capital financiero y a los grandes comercializadores y productores del campo, a la minería, a los petroleros y a los proveedores “amigos” de servicios públicos. Se debe constituir un modelo que, partiendo del trabajo, defienda al mercado interno y la producción nacional. Para eso, habría que pensar en suspender los pagos de deuda externa, aumentar los salarios, las jubilaciones y pensiones de todo tipo, desdolarizar las tarifas, que las tasas de interés sean menores que el incremento de los salarios y de los precios, cobrar impuestos a las conspicuas manifestaciones de riqueza y plantearse una nueva integración comercial con la región y con el mundo, partiendo de la premisa de comprarle a los que nos compran (economías complementarias).

^{Sangrre - 12 de marzo de 2019}