El endeudamiento externo que registra nuestro país y condiciona las decisiones de política económica es la contraparte del proceso de fuga de capitales que limita nuestras posibilidades de desarrollo. Se trata de un círculo vicioso que propicia el Presidente Javier Milei al considerar que quien fuga dólares es un “héroe”, que “no importa de dónde venga la plata” y que es “mejor” que se compren “en negro” para no pagar impuestos.

En ese círculo vicioso el Estado se subordina a los pagos de capital, intereses y comisiones al sector financiero, en detrimento de las obligaciones que le fija la Constitución Nacional asociadas a los derechos humanos como el acceso a la energía y el agua, la alimentación, la vivienda, las condiciones laborales, la previsión social, la salud, la educación, la infraestructura, la seguridad y la defensa. En consecuencia, crece el déficit fiscal y cuasi-fiscal, se quiebra el orden de las cuentas públicas, en tanto se condena la posibilidad de planificación integral del desarrollo.

Entre 1976 y 2023 la deuda externa acumuló 286.000 millones de dólares y la fuga de capitales al exterior 351.900 millones de dólares, mientras que en el mismo período el déficit fiscal primario –que incluye el consolidado de Nación, Provincia y Municipios– ascendió a 99.400 millones de dólares, lo que resalta la magnitud de este problema, consecuencia de la estrategia transnacional de valorización financiera que ejecutan las principales corporaciones empresarias locales y extranjeras.

En la estimación oficial de más de 430.000 millones de dólares de activos externos de argentinos, que sigue incrementándose en los últimos meses, se oculta la fuga sistemática de grandes capitales hacia el exterior generando un gigantesco perjuicio a la recaudación tributaria y la solvencia fiscal.

Las grandes corporaciones exteriorizan firmas y capitales en guaridas fiscales, evaden y/o eluden tributos, subfacturan exportaciones –dejando el saldo en negro en el exterior– y sobrefacturan importaciones, quedando el excedente en cuentas en el exterior y reingresando a través de blanqueos, precios de transferencia o negocios financieros presionando sobre el tipo de cambio.

Importa señalarlo cuando el Senado está tratando la ley Bases que contiene un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que facilitará esa fuga, eximiendo a los futuros beneficiarios de ingresar al país el 100% de las divisas que se obtienen por exportación transcurrido el tercer año (artículo 195), reduciéndoles notoriamente los impuestos, retenciones, derechos de exportación, etcétera (artículo 180 y siguientes) o admitiendo la libre importación de bienes de capital e intermedios –maquinaria, tecnología, insumos, servicios– (artículo 187 y siguientes), sin control de impuestos y garantizando el acceso a las divisas en el mercado local para pagarlas (artículo 197).

El RIGI garantizará la entrada y salida de capitales a la medida de las grandes corporaciones interesadas en la extracción y exportación de materias primas, al permitir la no diferenciación de precios locales de los internacionales en producciones locales con menores costos (rentas diferenciales), inhibiendo tanto la accesibilidad a éstas por parte de los consumidores como eliminando la alternativa de impulsar la reestructuración de nuestra matriz industrial con valor agregado argentino. Al contrario, propicia una regresión en nuestra estructura productiva al discriminar negativamente a la pequeña y mediana empresa en materia de beneficios tributarios, y a los trabajadores argentinos en las posibilidades de empleo que así “fugan” al exterior.

Las divisas provenientes de la exportación generada por los proyectos de inversión promovidos por este proyecto, al cuarto año no ingresarán a nuestra economía, no servirán para superar la denominada restricción externa. En cambio, habrá consecuencias negativas sobre la balanza comercial y cambiaria.

Cerrando el círculo vicioso, en ese régimen “no importa de dónde venga la plata”, no se establecen controles sobre el origen de los fondos a invertir; se facilita el blanqueo de capitales fugados ilegalmente del país o provenientes del lavado de dinero producto de actividades delictivas (evasión tributaria, contrabando) o criminales (comercio de narcóticos, personas o armas).

El Régimen atenta contra los recursos naturales, la industria y el trabajo nacionales; y debilita la soberanía cuando somete cualquier conflicto a litigios en tribunales internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI.

El Congreso debe asumir su responsabilidad constitucional en cuanto a la superación del obstáculo que el círculo endeudamiento-fuga supone para la integridad de la Nación. El RIGI es uno de los motivos centrales por los que la denominada ley Bases debe ser rechazada en todos sus términos en el Senado. La Patria no se vende.

^{Fuente: El Cohete a la Luna - Junio 2024}