Declaración

La deuda externa ha sido a lo largo de la historia de nuestro país uno de los principales dispositivos de sometimiento al capital financiero interno e internacional. Esa dependencia financiera derivó en gobiernos condicionados que abrieron la economía de modo indiscriminado a la competencia externa, sustituyendo la producción nacional por importaciones, provocando el cierre de nuestras empresas y el desempleo de nuestros trabajadores. Por efecto de las políticas de privatización adoptadas por esos gobiernos se destruyeron extensas redes de ferrocarril, se vació nuestra aerolínea de bandera y se nos despojó de nuestras reservas de hidrocarburos. Se entregaron a la banca comercial los fondos de la seguridad social sin control alguno sobre su uso puramente especulativo, mientras se privaba a millones de argentinos del acceso a jubilaciones y pensiones dignas. Se redujo la inversión social y la obra pública, se bajaron los salarios y se precarizaron los contratos laborales.

Así se instrumentó el sometimiento de nuestra economía a un orden neoliberal injusto, pero peor aun fue el efecto cultural de esas políticas sobre la conciencia del pueblo argentino y sus dirigentes, ya que se fomentó una mentalidad individualista y facilista que socava la posibilidad de construir un proyecto autónomo de Nación.

Desde una perspectiva con hondas raíces en la historia de nuestras luchas por la autodeterminación, el kirchnerismo representa un esfuerzo emergido de nuestra sociedad por romper con esa dependencia cultural, económica y financiera. La estrategia de desendeudamiento permitió recuperar el control de la política económica para el gobierno nacional legitimado democráticamente por el pueblo argentino. Comenzó así una etapa en la que las políticas públicas se apartaron de la agenda del Consenso de Washington, para dedicarse a satisfacer las demandas sociales de nuestro pueblo.

Dejamos atrás la apertura en nombre de la falsa eficiencia, para poner como eje el sostenimiento de la producción nacional y del empleo. Se comenzaron a recuperar áreas estratégicas de la economía nacional, como algunas empresas de servicios públicos que habían sido llevadas a la quiebra, se recuperó el control accionario de YPF como herramienta para reconstruir nuestra soberanía energética y se están reparando y renovando los ferrocarriles de cargas y de pasajeros. Se recuperó el manejo de los fondos de la seguridad social, permitiendo que millones de argentinos puedan acceder a jubilaciones y asignaciones que, aunque distantes todavía del nivel de dignidad que ambicionamos, brindan una protección a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Se devolvió centralidad al Estado como agente indispensable para la organización de la economía nacional, se incrementó la obra pública, la inversión en educación y la protección social, institucionalizando las paritarias en defensa del salario y garantizando el avance de una redistribución progresiva del ingreso nacional, entre otras medidas que permitieron incluir socialmente a millones de argentinos que no tenían cabida en la Argentina neoliberal.

La amenaza de los buitres se dirige contra esas conquistas de nuestro pueblo. Con la complicidad del sistema judicial norteamericano buscan reconstruir las cadenas de la dependencia. Un fallo que multiplica por 15 el valor de los bonos en manos de esos fondos especulativos eleva el pequeño porcentaje de deuda que permanece en cesación de pagos desde la crisis de la convertibilidad a cifras que superan la mitad de nuestras reservas internacionales. Semejante fallo, absurdo, reñido con la ley y los contratos preexistentes, contiene el germen de demandas potenciales por parte del 92,4 por ciento de los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 y pone en riesgo la reestructuración de nuestra deuda externa, para multiplicarla hasta niveles sin precedentes, lo que cercenaría la posibilidad de consolidar el proceso de desarrollo económico y social que con el esfuerzo de la mayoría de los argentinos hemos puesto en marcha desde hace once años.

Ante semejante amenaza sobre nuestra independencia económica no faltan los caranchos locales que, con el pretexto de retornar a los mercados financieros para aliviar las actuales presiones cambiarias, exigen nuestra rendición incondicional a los buitres. Desde sus multimedios siembran el derrotismo entre la población, buscando crear el “sentido común” de que no hay más remedio que aceptar las condiciones impuestas por los dueños del poder mundial.

Quienes militamos por un proyecto nacional de desarrollo económico y social afirmamos que lo peor que le puede pasar a la Argentina no es el fantasma del default técnico que se busca instalar.

Tenemos el potencial necesario para generar la riqueza que nos permita vivir sin necesidad del crédito privado internacional. Si podemos tenerlo a tasas de interés ventajosas, mejor, porque nos permitiría encarar algunos procesos de inversión productiva urgentemente necesarios. Pero si los buitres quieren empujarnos a un curioso default técnico, aun cuando Argentina sigue cumpliendo los compromisos contractuales asumidos con el casi 92,4 por ciento de bonistas que ingresaron en los canjes, el país seguirá viviendo y trabajando con lo propio, y fortaleciendo sus vínculos con la región y con el mundo emergente, como lo viene realizando desde el año 2003, mostrando que la falta de acceso a los mercados internacionales privados de crédito no fue impedimento para generar las condiciones económicas que permitieron a millones de argentinos mejorar su calidad de vida.

Una amplia agenda de demandas populares en las que aun es necesario seguir trabajando, como el acceso a la vivienda, a la salud y educación públicas de calidad, a una alimentación sana y económica y a la seguridad democrática e inclusiva conforman algunos ejemplos de que se puede seguir avanzando hacia una Argentina más justa con nuestros propios recursos.

Como dijo nuestra presidenta Cristina Fernández, “estamos dispuestos a negociar para pagar al 100 por ciento de los bonistas en condiciones legales, justas y equitativas, pero no aceptamos extorsiones”. Por todo esto, apoyamos los esfuerzos del gobierno nacional, avalados por el abrumador apoyo de la comunidad internacional en la búsqueda de una respuesta al litigio judicial que no comprometa nuestra independencia económica ni nuestra soberanía política, que son las bases para seguir avanzando hacia una Argentina más justa.

Ante la amenaza de los buitres contra esas bases y las conquistas sociales alcanzadas en la última década, los militantes del pensamiento económico nacional y popular convocamos a un foro para pensar las estrategias económicas para profundizar nuestro desarrollo y consolidar una Argentina justa, libre y soberana.

* Salvador Treber, Mario Rapoport, Guillermo Wierzba y 70 firmas más.

9 de julio de 2014