Las acciones del propietario de S&P, la editorial y grupo de medios McGraw Hill, cayeron un 14% en Wall Street el lunes tras el anuncio, mientras que las de la agencia Moody cayeron un 10 por ciento.

La medida del gobierno estadounidense sería la primera gran acción concreta contra una compañía financiera por las prácticas que terminaron produciendo la peor crisis financiera desde 1930 en Estados Unidos y el mundo.

BBC Mundo explica las claves de la demanda.

¿Qué está pasando?
El departamento de Justicia de EE.UU. alega que la firma "ignoró sus propios estándares" para clasificar los títulos respaldados por hipotecas, poniéndole cifras muy altas a bonos que no las valían.

"Al inflar deliberadamente calificaciones de crédito para las obligaciones de deuda colateralizada, S&P confundió a los inversores, incluyendo a muchas instituciones financieras aseguradas por el gobierno, provocando que perdieran millones de dólares", dijo Holder.

Los cargos civiles contra la compañía de Nueva York, una de las tres agencias de rating más de grandes del mundo, son los primeros en contra de una compañía financiera por lo que pasó antes de 2008.

El lunes, S&P anunció la demanda y aseguró que los cargos son "injustos" y "completamente fuera de mérito legal o factual".

¿Por qué es importante?
El gobierno presenta cargos contra compañías financieras con frecuencia, pero esta es la primera medida que busca sancionar a los posibles culpables de la crisis financiera que despegó en 2008 y cuyas consecuencias, cinco años después, todavía son evidentes.

La crisis de 2008 empezó cuando estalló una burbuja en los precios de la vivienda de E.U.A. Esto le impidió a la gente refinanciar sus hipotecas y se desencadenó una ola de incumplimientos y ejecuciones hipotecarias.

Los bancos colocaron miles de millones de dólares en inversiones cuyo valor se basa en el precio de las hipotecas.

Según el gobierno estadounidense, S&P se equivocó al predecir el riego de dichas inversiones.

¿Qué fue lo que S&P supuestamente hizo mal?
La estimación de riesgo de la firma les dio confianza a los compradores para invertir en las hipotecas. Algunos inversionistas, como los fondos de pensiones, solo pueden comprar valores que tienen una calificación de riesgo alta o, en otras palabras, de poco riesgo.

Las calificaciones crediticias estimadas por S&P crearon el montaje que les permitió a los bancos darle a la gente bonos hipotecarios de alto riesgo.

Cuando -en 2007- se dieron cuenta de que los bonos costaban mucho menos de lo que habían estimado, las agencias de riesgo bajaron las clasificaciones de alrededor de US$2.000 millones en valores hipotecarios, lo que aumentó el pánico de los tenedores y compradores de bonos.

El gobierno y analistas creen que las agencias de riesgo sufren un conflicto de intereses al ser financiadas por las mismas compañías cuyos bonos deben calificar.

Asímismo, aseguran que los analistas de agencias como S&P fueron presionados para clasificar de acuerdo a los intereses de los bancos.

¿En qué consiste la demanda?
Según reporta el diario The Wall Street Journal, la demanda alega que -desde septiembre de 2004 hasta octubre de 2007- S&P, "a sabiendas y con la intención de defraudar, ideó, participó y ejecutó un plan para defraudar a los inversionistas" sobre las obligaciones garantizadas con hipotecas y los valores respaldados por hipotecas residenciales.

La demanda dice que S&P "falsamente estimó que sus calificaciones de crédito (…) eran objetivas, independientes y sin la influencia de los eventuales conflictos de interés que puedan comprometer el juicio analítico de S&P".

"El deseo de la firma para aumentar sus ingresos y cuota de mercado" lo llevó a "minimizar e ignorar el verdadero alcance de los riesgos de crédito", alega la demanda.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias?
El departamento de Justicia ha dicho que no tiene evidencia suficiente para acusar penalmente a los presuntos culpables de la crisis. En general, ha sido difícil llamar a juicio penal a quienes estuvieron involucrados en las burbujas hipotecarias.

Como los nuevos cargos del gobierno son civiles, las penalidades se tendrían que materializar en multas y límites en su proceder financiero.

El gobierno y S&P llevaban al menos cuatro meses en negociaciones que, según analistas citados por The Wall Street Journal, se vieron frustradas por el miedo de la agencia a terminar fuertemente afectada. En esas instancias el gobierno buscaba imponer una multa de US$1.000 millones, lo que habría sido la sanción más grande impuesta a una firma por cargos relacionados a la crisis de 2008.

Todavía no es claro por qué el gobierno no procedió de la misma manera con las otras agencias de riesgo, Moody's y Fitch Ratings, que probablemente incurrieron en las mismas prácticas.