Así, si es necesario plantar la idea de la baja de la edad de imputabilidad, se pone frente a la cámara a un niño de 11 años y se monta una operación de degradación, con participación de funcionarios de un gobierno local, fuerzas de seguridad y, claro, el gran medio. Esto se replicará durante varios días en radios, diarios, señales televisivas y redes sociales. Otro ejemplo: el caso Maldonado. Tras la desaparición del joven artesano se disparó una operación mediática contra el pueblo mapuche y el propio Maldonado. Y podría hacerse una larga lista de conflictos vinculados con el mundo de trabajo, en el actual contexto de creciente desocupación, en los que la prédica mediática dominante enfoca su mirada únicamente en las molestias causadas a los transeúntes por una marcha o un reclamo. O casos judiciales en los que el fallo del juez parece perder importancia ya que son los medios los que condenan o absuelven ante la sociedad según sus intereses.

En los últimos meses asistimos a una creciente degradación de la comunicación, en el marco de un fenómeno global –el de la llamada posverdad– que tiene su expresión local con una potencia inusitada. Dejaron de importar los hechos, solo valen las interpretaciones y, de este modo, la formidable máquina mediática crea realidades multiplicadas hasta el infinito por micrófonos, pantallas y posteos. Todo esto es posible mientras, aunque está vigente aún la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el gobierno de Cambiemos despliega un proceso de demolición de las cláusulas que ponían límites a la concentración empresaria, siempre mediante decretos.

Frente a ello, la Coalición por una Comunicación Democrática, que reúne a comunicadores populares y comunitarios, cooperativas, trabajadores, universidades y organismos defensores de los derechos humanos, entre otros, sale nuevamente a dar batalla. Luego de la actualización de los 21 puntos, que fueron base fundamental de la ley atacada por al actual gobierno, lanzó frente al Congreso Nacional una campaña por el derecho a la comunicación, el trabajo y la producción nacional. Bajo la consigna «Dale pelota», decenas de actores de la comunicación protagonizaron partidos de fútbol callejero, intentando que en la campaña electoral para las legislativas de octubre se ponga en discusión la necesidad de una legislación que garantice la comunicación democrática, la diversidad y el pluralismo, el acceso a contenidos deportivos de interés relevante y el cumplimiento de las cuotas de producción audiovisual nacional. La Coalición irá al encuentro de los legisladores para pedirles que ratifiquen un compromiso con la comunicación como derecho humano de bien social de acceso universal.

Una democracia verdadera requiere, como condición indispensable, que exista una efectiva democracia comunicacional. Con espacios que se cierran y se concentran en cada vez menos manos y emporios poderosos que controlan contenidos, redes y telecomunicaciones, estamos lejos de esa situación. Si en los medios se libra el debate público, ese escenario no puede ser dominado por los negocios de un puñado de empresas. Por el contrario, hacen falta más voces, nuevos actores, múltiples identidades, para que la comunicación refleje la diversidad de nuestra sociedad. Nadie pudo definir mejor el momento crucial que atravesamos que Oscar Nocetti, presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa: «Se ha dislocado el marco jurídico de las comunicaciones y se desarticuló la relación entre la clase política y el Estado. No es ningún exceso afirmar que hoy los intereses del pueblo están fuera de las prioridades del gobierno. Es necesario recuperar el Estado y eso no es otra cosa que recuperar el poder mediante las urnas».

Revista Acción Nº 1226 - Segunda quincena de septiembre de 2017